Sequía extrema, abandono federal y una lucha por la supervivencia
La sequía que azota a Chihuahua ha alcanzado niveles críticos, descrita por la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) como la peor en los últimos 50 años. A pesar de esta realidad, el estado ha sido excluido del Plan Nacional Hídrico, lo que agrava aún más la situación y pone en riesgo la seguridad alimentaria y económica de miles de familias.
Una crisis que va más allá del campo
La falta de agua no solo afecta a los productores agrícolas y ganaderos, sino que tiene un impacto directo en toda la cadena alimentaria. La escasez de cosechas y la disminución del ganado provocan un aumento en los precios de los alimentos, afectando el bolsillo de todos los ciudadanos. Además, miles de empleos dependen del sector primario, por lo que la sequía amenaza también la estabilidad laboral de muchas comunidades.
Presión internacional y compromisos hídricos
La situación se complica aún más por la presión de senadores estadounidenses para que México cumpla con el Tratado de Aguas, que obliga a Chihuahua a entregar agua de sus presas. Esta exigencia, sumada a la falta de apoyo federal, coloca al estado en una situación de vulnerabilidad extrema.
Acciones locales y exigencia de respuesta federal
Ante la urgencia, el gobierno estatal ha destinado mil millones de pesos para mitigar los efectos de la sequía durante el 2025. Sin embargo, los productores y la sociedad civil exigen una respuesta contundente por parte del gobierno federal.
Punto de acuerdo en el Senado
En un esfuerzo por obtener apoyo federal, se ha presentado un Punto de Acuerdo en el Senado, solicitando recursos extraordinarios para atender la emergencia. Este documento busca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine fondos específicos para Chihuahua, y que la Sader, Semarnat y Conagua fortalezcan sus programas y estrategias en el estado.
La crisis hídrica en Chihuahua es un asunto de seguridad nacional que requiere atención inmediata. La falta de agua amenaza la producción de alimentos, la economía local y el bienestar de miles de familias. Es fundamental que el gobierno federal escuche el llamado de auxilio y tome medidas urgentes para garantizar el acceso al agua y apoyar a los sectores más afectados.
