El presente gobierno de la 'transformación' no ha sido la excepción en la adjudicación de contratos ya que 8 de cada 10 se asignaron por adjudicación directa en 2022 pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que, en su combate a la corrupción, no se daría este tipo de prácticas, pero no hay indicios de que se pretenda cambiar el rumbo.
Por: Ernesto Madrid
Estamos hablando que, para obtener un contrato, no existe competencia real entre las empresas que otorguen el mejor precio, producto o servicio ya que el 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia.
Es más, el 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas). Las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia, el 89% del monto contratado se adjudicó directamente de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Es decir que, en 2022, el cuarto año de este gobierno, más de 1,700 contratos de la Administración Pública Federal (APF) violaron la ley al superar el monto que tuvieron permitido contratar mediante adjudicaciones e invitaciones restringidas.
En cerca de 300 licitaciones se identificó un mecanismo de simulación de competencia, pues la convocatoria para participar en la contratación se publicó después de que los contratos ya habían sido firmados, resalta por su parte, una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción. De 264 instituciones analizadas, el 45% incumplieron con las leyes de compras pues dedicaron más de la mitad del monto de sus contratos en procedimientos que solo podrían usar excepcionalmente.
En paralelo y pese a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de Cofepris, instituciones del sector salud contrataron por más de 40 millones de pesos a dos empresas que tuvieron irregularidades en medicamentos. En el Instituto Nacional de Pediatría fue evidente que se dieron dos contratos para la compra de medicamentos de quimioterapia a la empresa Medikament de México, que fue suspendida por falsificación de insumos médicos.
Dicho de otra manera, no existe transparencia alguna ya que una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. El 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.
En resumen, no hay cumplimiento con la ley ya que las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma, señala el IMCO.
Es decir que el gobierno federal, de acuerdo con lo registrado en CompraNet, usó más de 1,239 millones de pesos cada día. En un día promedio, el gobierno federal gastó lo equivalente a 4 veces el presupuesto de todo un año en comedores sociales de la Ciudad de México. En otros términos, 2022 implicó un ritmo de gasto de 51 millones cada hora, 860 mil pesos cada minuto y alrededor de 14 mil pesos cada segundo, destaca el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción.
Para ser más claros, en 2022, se realizaron en promedio 477 contratos al día y se gastaron 452,496 millones de pesos lo cual equivale a tres veces el presupuesto anual para la Pensión de Adultos para el Bienestar. Para ponerlo en su justa dimensión, lo que se gastó en un solo año en contratos equivaldría a beneficiario durante tres años a 9.5 millones de adultos mayores.
