Lo cierto es que en los dos casos hay tintes políticos y hasta electorales e intereses de por medio.
Por: Ernesto Madrid
La realidad es que los casos del “Narco de Narcos” Rafael Caro Quintero y el del expresidente Enrique Peña Nieto se trata de dos presuntos delincuentes, ambos relacionados con el crimen organizado, el primero por el presunto asesinato del ex agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y el segundo de un delincuente de cuello blanco que realizo, dicen las autoridades, delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Lo curioso de ambos es que están en manos de la ‘autónoma’ fiscalía general de la República (FGR), el primero se dio a conocer por la mañana de este martes y el segundo por la tarde, ambos con fines de extradición, el primero hacía los Estados Unidos y el segundo, desde España para México, este último podría ser la cortina de humo que suelen lanzar las autoridades.
Lo interesante es que en el primero habría que ver la voluntad de fiscalía para indagar si la suspensión definitiva del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es impugnada por la dependencia que correspondería a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo, por lo que su extradición está suspendida definitivamente.
En el segundo, las tres carpetas de investigación por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito se logran las pruebas contundentes para que se proceda en consecuencia, por lo pronto en el primero se incluyen, dice el ministerio público diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales y se podría judicializar pronto.
Lo cierto es que en los dos casos hay tintes políticos y hasta electorales e intereses de por medio. Por ejemplo, detrás de la extradición del fundador del cártel de Guadalajara saldría salpicada la 4T si Caro Quintero llega a los Estados Unidos e involucra al actual titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barttlet Díaz, que en 1985 cuando fue asesinado el ex agente de la DEA, era titular de Gobernación en el entredicho que el capo declaró que no fue culpable y que en todo caso ya pago con la sociedad sus crímenes contra la salud y en contra del “Kiki” Camarena.
Y detrás, esta la controversia de la Ley Eléctrica, que para el gobierno de la nación vecina del norte es fundamental, para proteger los intereses de sus empresas que no se conforman con el 56-45 por ciento de participación y pretende llevar el caso a las controversias que podrían llegar a la aplicación de aranceles a los productos mexicanos que un 81% se exportan a los EU.
En el segundo está la profundidad que se extrae desde la detención del ex director de Pemex Emilio Lozoya que está involucrada con la constructora española OHL que se desprende de las investigaciones al exfuncionario, que entre 2012 y 2016, hizo transferencias por 10,5 millones de dólares que antiguos ejecutivos de Odebrecht confirmaron, en donde estaría involucrado el expresidente Enrique Peña Nieto, y el caso muy recóndito.
A final de cuentas habrá que ver hasta donde llega el pacto que de acuerdo con analistas se realizó entre el ex presidente de México y el actual mandatario López Obrador, que, por lo pronto, cuando se enteró Peña de la primera investigación en su contra, a mediados de julio puso a la venta su departamento en España.
Del segundo, hasta donde está dispuesto el gobierno federal de proteger a su titular de CFE para no salpicar más de la corrupción que se ha gestado en la presente administración, que podría tener implicaciones en la relaciones bilaterales y manchar las negociaciones para defender el sector energético con argumentos patrimoniales.
