- Entre la reparación del daño y la prisa por cerrar el caso, la justicia vuelve a correr más lento que el poder. Las víctimas esperan respuestas; el “clan”, alivio.
A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas, el Estado parece haber encontrado una explicación tan funcional como cómoda: el exceso de velocidad. La Fiscalía General de la República (FGR), ahora encabezada por Ernestina Godoy, concluyó —tras revisar la “caja negra”— que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva cuyo límite era de 50. Caso cerrado. O, al menos, encarrilado todo a los maquinistas y obtuvo contra ellos tres órdenes de aprehensión, acusándolos de responsables.
Ernesto Madrid
El anuncio de la reparación del daño, presentado como gesto de sensibilidad institucional, llega justo después de esa conclusión técnica. El mensaje implícito es claro: se indemniza, se detiene al maquinista, al conductor y al jefe de despachadores —un maquinista con secundaria y salario neto de poco más de 19 mil pesos mensuales, y su segundo tripulante y quien está en la periferia— y se baja el telón. Las víctimas, eso sí, sin rostro, sin voz y, hasta ahora, sin acceso pleno a la carpeta de investigación.
El problema no es sólo la velocidad. Es la prisa. Porque mientras la FGR apunta al eslabón más débil de la cadena, se diluyen —otra vez— las preguntas incómodas sobre la planeación, supervisión y asignación de contratos del megaproyecto insignia del sexenio anterior. Informes periodísticos y denuncias legislativas han señalado a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en la construcción del Tren Interoceánico, particularmente en la asignación de contratos de balasto a empresarios cercanos al llamado “clan”.
Hubo audios, documentos, señalamientos de supervisiones “honoríficas” que, casualmente, abrían la puerta a negocios millonarios. Hubo incluso denuncias penales presentadas por legisladores del PAN tras el accidente de diciembre de 2025. Y hubo, también, un anuncio inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum dando “luz verde” a una investigación. Todo eso quedó relegado cuando la narrativa oficial encontró en la cadena más débil la explicación suficiente.
La incongruencia no pasa desapercibida para las familias afectadas. Varias han denunciado omisiones, miedo a hablar por temor a afectar su indemnización y un trato institucional marcado por la opacidad. Han promovido querellas por lesiones, abuso de autoridad y omisiones, y hasta una audiencia de control por omisión, ante la negativa de la autoridad a informarles qué se investiga y a quiénes. En hospitales públicos, con carencias de insumos y personal, once víctimas siguen bajo vigilancia médica mientras la justicia avanza con piloto automático.
Ernestina Godoy, figura central del proyecto de la Cuarta Transformación, prometió al asumir la FGR una gestión sin impunidad ni persecución política. Sin embargo, su historial —señalamientos de “fiscal carnal”, altos índices de impunidad en la CDMX y casos emblemáticos como la Línea 12— pesa sobre cada decisión. En el Tren Interoceánico, esa promesa parece descarrilarse frente a una investigación que apunta hacia abajo, nunca hacia los despachos donde se firman contratos.
El segundo piso de la Cuarta Transformación se construye hoy con el discurso de continuidad y corrección. Pero en este caso, más que salvar un proyecto, el Estado parece empeñado en proteger su pasado. La velocidad fue el pretexto; el silencio, la estrategia. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando que la justicia, por una vez, no llegue tarde… ni frenada por conveniencia.
@JErnestoMadrid
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