- La creación del consejo pretende estabilizar la inversión y frenar el deterioro productivo frente a un 2026 marcado por tensiones comerciales y jurídicas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reorganizó su estrategia económica con la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones, integrado por 18 de los empresarios más influyentes del país. El objetivo es claro: reconstruir la confianza del sector privado y evitar que la desaceleración económica escale a una recesión más profunda.
Ernesto Madrid
El nuevo órgano sustituye en los hechos al debilitado CADERR y se convierte en la principal vía de interlocución entre el gobierno y la iniciativa privada. Entre sus miembros destacan Carlos Slim Helú, Alejandro Baillères, Carlos Hank González, Bernardo Gómez, Laura Díez Barroso y Francisco Cervantes. Este grupo compacto operará la agenda del Plan México, que busca elevar la inversión total al 25% del PIB en 2026.
La urgencia no es menor. México enfrenta un deterioro acelerado:
- Crecimiento estimado en 0.3%, según Banxico.
- 13 meses consecutivos de caída en la inversión fija bruta, con una contracción anual de 8.4%.
- Desplome de la construcción (-10%) y retrocesos en maquinaria y equipo (-6%).
Estos indicadores comprometen la capacidad productiva del país y presionan al gobierno para buscar soluciones inmediatas.
Durante las reuniones en Palacio Nacional, el Consejo Mexicano de Negocios presentó 38 proyectos de infraestructura, así como una lista de obstáculos: trámites lentos, permisos detenidos y regulaciones poco claras. El gobierno reconoció que atender estos cuellos de botella será decisivo para recuperar el dinamismo económico.
El relanzamiento del diálogo empresarial también es una respuesta a las alertas provenientes de Estados Unidos y Canadá, previo a la revisión del T-MEC en 2026. Tanto la Cámara de Comercio de EE. UU. (USCC) como la Business Roundtable —que agrupa a más de 200 CEOs, incluidos Tim Cook y Jamie Dimon— han advertido riesgos por la reforma judicial mexicana y los cambios a la Ley de Amparo.
Ambos organismos piden reforzar los mecanismos de protección a la inversión, mantener el arbitraje internacional (ISDS y SSDS) y garantizar que México no politice su sistema judicial. Más de 600 empresas energéticas estadounidenses incluso han señalado posibles violaciones al T-MEC por el favoritismo hacia Pemex y CFE.
Aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que “no hay señales” de una ruptura del tratado, reconoce que en Washington los hearings muestran una creciente inquietud sobre el rumbo institucional de México.
El nuevo consejo busca, en esencia, tres objetivos inmediatos:
- Blindar la inversión privada en un entorno de incertidumbre interna y presión externa.
- Enviar una señal de estabilidad jurídica y económica hacia Washington, Ottawa y los mercados internacionales.
- Evitar que la desaceleración se convierta en un estancamiento prolongado que comprometa el arranque del sexenio.
Riesgos y oportunidades
A favor:
- Diálogo directo con los inversionistas más relevantes.
- Capacidad para destrabar proyectos y agilizar decisiones.
- Mensaje positivo previo a la revisión del T-MEC.
En contra:
- Dependencia de un círculo reducido, que centraliza y concentra el poder económico.
- Inquietud jurídica persistente, que puede anular cualquier acuerdo político.
- Riesgo de exclusión para cámaras y organismos empresariales no incluidos, como el CCE que estará a cargo de José Medina Mora, el exdirigente de Coparmex, institucional pero crítico del gobierno.
La creación del Consejo es una apuesta por restablecer puentes con la élite empresarial y contener la pérdida de dinamismo económico. Pero su eficacia dependerá menos de las reuniones periódicas y más de la capacidad del gobierno para garantizar certeza jurídica, acelerar permisos, y presentar una posición sólida de cara a la revisión del T-MEC.
Sheinbaum envió una señal política importante. Ahora falta demostrar que el nuevo consejo no es solo un gesto, sino la herramienta capaz de revertir un ciclo económico en deterioro.
@JErnestoMadrid
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