- Por primera vez en 35 años, los votos no serán contados por los ciudadanos, sino por el personal del INE
El proceso de elecciones en el Poder Judicial comienza sin un marco legal sólido, reglas claras ni condiciones de equidad que garanticen la integridad del sistema judicial y pone en riesgo que algunos postulantes compitan pese a presuntos vínculos con el crimen organizado que pone en entredicho si se está erosionando los cimientos de nuestra democracia al permitir que cambios constitucionales se realicen sin el suficiente escrutinio ni debate, coinciden empresarios y especialistas.
Ernesto Madrid
“Las deficiencias del proceso actual no solo son fallas operativas sino consecuencia directa de una reforma que antepuso lo político a lo técnico. Lo que hoy inicia como una elección con vacíos legales, mañana puede derivar en un sistema judicial que responda más a promesas electorales que al mandato legal y constitucional y que se aleje de su esencia basada en el principio de justicia”, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Para especialistas en derecho de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la elección judicial del próximo 1 de junio ha sido muy controversial debido a varios factores, como por ejemplo, que por primera vez en 35 años, los votos no serán contados por los ciudadanos, sino por el personal del INE en las juntas distritales o que algunos jueces podrán ganar las elecciones con un solo voto como en el caso de Durango y Aguascalientes, o que algunos postulantes estén compitiendo, pese a presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el caso de Durango, aunque la entidad cumplió con el proceso de designación, sólo fueron aprobadas 49 candidaturas para los 49 cargos en disputa. Es decir, cada cargo tendrá un solo candidato, sin ninguna competencia lo que lleva a pensar que la reforma judicial erosiona principios del Estado de Derecho, compromete la independencia judicial y debilita la seguridad jurídica en México.
Para Coparmex, la elección judicial por voto popular genera una incertidumbre sin precedentes y su implementación implica amenazas concretas como comprometer la independencia de los jueces al exponerlos a intereses partidistas; reducir la calidad técnica y jurídica de las resoluciones al anteponer la popularidad a la preparación; vulnerar el acceso equitativo a la justicia al desdibujar la imparcialidad que debe regir en el sistema y poner en riesgo la estabilidad institucional al politizar un poder que debe ser contrapeso, no reflejo del poder político.
A lo anterior como lo han expresado distintos especialistas se suman efectos económicos graves ya que, sin un Poder Judicial autónomo y eficaz, se desvanece la confianza de los inversionistas, cae la competitividad y se frenan los empleos formales.
Tan solo hay que poner énfasis que, la semana pasada, el Tribunal Electoral ratificó una decisión del INE que cambiará el proceso de conteo de votos en las elecciones judiciales y por primera vez en 35 años, los funcionarios de casilla no contarán los votos; en su lugar, autoridades del INE se encargarán del escrutinio y los votos se depositarán en una urna única en la que, los funcionarios de casilla solo separarán y enviarán las boletas lo cual, retrasará los resultados, que podrían tardar hasta 12 días, generando incertidumbre y poniendo en riesgo la transparencia del proceso electoral.
¿Estamos erosionando los cimientos de nuestra democracia al permitir que cambios tan trascendentes se realicen sin el suficiente escrutinio ni debate? Se pregunta el doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid Alan Mauricio Jiménez Díaz y responde: “En mi opinión sí, pues considero que la Constitución, más que un simple conjunto de normas es el reflejo de los valores fundamentales de una nación y, por tanto, en un sistema democrático, que debe funcionar como un límite claro frente a los excesos del poder, así como garantizar que las reglas del juego se mantengan estables a lo largo del tiempo”.
Añade que cuando una Constitución es fácilmente modificable, pierde esta capacidad de contención y se convierte en un instrumento forjado a conveniencia de quienes detentan el poder en un momento determinado y puede ser utilizada como herramienta para consolidar y perpetuar agendas que no cuenten con un amplio respaldo social.
Por lo anterior, sugiere que sería adecuada la introducción de cláusulas de intangibilidad. Esto es, que ciertos elementos de la Constitución, como el respeto a la independencia judicial, a las garantías básicas de libertad, o a la dignidad humana, se encontrarán explícitamente protegidos contra cualquier modificación, garantizando y perpetuando que los valores esenciales de la democracia permanecerán intactos, como sucede en Alemania.
@JErnestoMadrid
