- EU emite alerta de seguridad a sus ciudadanos para que no viajen a Matamoros por otro campo de exterminio
Mientras la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia de viaje Nivel 4, y pidió a sus ciudadanos y empleados de gobierno no viajar a Matamoros debido a las situaciones de inseguridad relacionados con el crimen organizado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, era utilizado como centro de adiestramiento para nuevos reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ernesto Madrid
Lo cierto es que, en el actual sexenio como en el pasado, la búsqueda de las personas desaparecidas ha sido desestimada por las autoridades del gobierno, en un México donde hay más de 123 mil personas y tan solo en el último sexenio se han detectado 54 mil desaparecidos lo que deja la sombra de que nuestro país se ha convertido en un verdadero cementerio y tomando como referencia que en la dictadura argentina, desaparecieron 30 mil personas.
El argumento de fondo del gobierno federal es la captura de Jorge Gregorio “El Lastra” que ocurrió el sábado en Cuajimalpa, CDMX y que está vinculado con el caso del Rancho Izaguirre, y quién se identificó como líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para el CJNG, quién, según Harfuch, declaró que se privaba de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura.
“El Lastra” era uno de los principales colaboradore de Gonzalo "N", alias "El Sapo" o ‘El 90’ principal operador del predio y detenido el pasado 18 de marzo identificado como líder del Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata (GEDDRI) y uno de los colaboradores más cercanos de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’ líder del CJNG
Gonzalo Mendoza Gaytán originario de Michoacán y hermano de Abundio Mendoza Gaytán, alias ‘El Güero Abundio’, detenido en enero de 2012 en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Policía Federal no fue una alerta para que a Gonzalo “N” lo detuvieran, incluso porque, en mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones económicas debido a su papel como jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta.
En este contexto, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, viajará esta semana a México, donde tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, de cuya reunión dijo que “estaré en la prisión a donde enviamos miembros del Tren de Aragua -en El Salvador-. Me reuniré con el Presidente. Y también en Colombia y México para construir estas relaciones para que podamos seguir sacando gente que no cabe en este País".
Mientras tanto y luego de que colectivos de búsqueda localizaran presuntamente un campo de exterminio en Tamaulipas, el Departamento de Estados Unidos emitió este lunes 24 de marzo una alerta de seguridad a sus ciudadanos para que no viajen a Matamoros.
Lo anterior en un contexto en que en los últimos días se han registrado al menos 14 puntos de restos humanos calcinados, objetos personales y rastros de extrema violencia en Tamaulipas, así como en el rancho Teuchitlán en Jalisco, lo que ha generado indignación por la omisión de las autoridades mexicanas, una nueva evidencia de la crisis de desapariciones en México.
Lo cierto es que, a diez años, tanto Ayotzinapa como ahora Teuchitlán reflejan la impunidad del crimen organizado, la falta de respuestas del Estado y la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia, sin importar el color de partido que este en el gobierno.
En este último caso el grito de las madres buscadoras no tiene eco en el gobierno ya que la destrucción de evidencias, el relleno de fosas donde se habían encontrado restos humanos y la “limpieza” que los buscadores encontraron en el lugar, formaron parte de esa verdad oficial en la que, ante la falta de evidencias, elementos, y la alteración de las escenas de delitos, se podría cerrar el expediente y detener y encarcelar a narcos menores y a exfuncionarios de la FGJ, para argumentar que se actuó responsablemente y se atendió la demanda de justicia de los familiares de los desaparecidos.
¿No era más fácil que el gobierno de Sheinbaum condenará la existencia de campos de exterminio y actuar en consecuencia?
@JErnestoMadrid
