Elimina el derecho de impugnar reformas constitucionales mediante el Juicio de Amparo y rompe la protección contra el abuso de poder
Mientras el poder ejecutivo y legislativo dominado por la sobrerrepresentación festejan la supremacía constitucional bajo el alegato de que es lo que el pueblo quiere, pese a que sólo hablamos de 36 millones de votos a su favor, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte un retroceso histórico y sin precedentes para los derechos ciudadanos ante la aprobación del dictamen en materia de impugnabilidad.
Ernesto Madrid
“Por primera vez en 167 años, una reforma de amparo restringe los derechos ciudadanos, rompiendo la protección histórica contra abusos del poder público…la iniciativa de Morena elimina el derecho de impugnar reformas constitucionales mediante el Juicio de Amparo, debilitando el Estado de Derecho -y- (representa) la retroactividad incluida en la reforma -que- genera incertidumbre jurídica, viola el principio de no retroactividad y desalinea la inversión”, precisa la advertencia empresarial.
Señaló que es una amenaza directa al equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos que surge con la reforma que recientemente aprobó el Senado de la República ya que, esta iniciativa otorga al Poder Legislativo la facultad de modificar la Constitución sin que ninguna instancia judicial pueda revisar la constitucionalidad de sus propuestas.
“Nos preocupa este cambio que pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas” advirtió, ya que el Juicio de Amparo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de la justicia en México, está siendo debilitado.
“La iniciativa promovida por el grupo parlamentario mayoritario en el Senado elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo, lo que abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”, explicó.
“Dicha reforma no solo es angustiante por la restricción de los derechos de los ciudadanos a defenderse ante posibles abusos de poder, sino también por su carácter retroactivo. Asimismo, plantea que decisiones previas de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de reformas queden sin efecto, lo cual viola el principio de no retroactividad consagrado en nuestra Constitución y genera una grave incertidumbre jurídica que afecta la confianza en el país, tanto de los ciudadanos como de los inversionistas”.
En medio de todo esto, la seguridad jurídica, que es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, no está garantizado, ya que a la par, la violencia en el país, no se ha detenido, sino que se advierte con mayor fuerza, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo de reconocer que hay delincuencia organizada en México, se deslindo cuestionando al país vecino del norte con diversas interrogantes como ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas? y en particular el fentanilo. Es aquí, pero también allá, porque dijo que las armas asesinas, proviene de aquel país como las que se usaron en los recientes asesinatos en Técpan de Galeana, Guerrero.
Lo cierto es que, la mandataria, no ha generado confianza, ni entre los inversionistas ni entre la sociedad ni se ha dedicado a tender puentes a los sectores que no votaron por ella, en lugar de hacer giras por el país para seguir “encantando” a su clientela de Morena ni ha dejado de usar un lenguaje beligerante contra los opositores.
Total, ya ganó la presidencia, tiene el control del Congreso y seguramente tendrá también el control de la Corte muy pronto, por eso a los empresarios les inquieta la rapidez y las omisiones con la que estas iniciativas han sido promovidas y aprobada en el Senado, sin el necesario consenso de los diversos sectores de la sociedad.
Lo anterior porque aseguran que, al eliminar la posibilidad de que el Poder Judicial revise las decisiones del Congreso, se incrementa el riesgo de arbitrariedades y se deteriora la confianza en las instituciones, con efectos negativos para la protección de los derechos ciudadanos, el crecimiento del país y las inversiones, por decir solo algunas.
