- Las herencias del régimen de AMLO son una acumulación de vulnerabilidades que impactan en el gobierno de la presidenta
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación tendrá que lidiar con tres herencias que le dejo el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde destaca la concentración del poder, como el mayor obstáculo para el desarrollo del país que apunta a “un sistema político que estará configurado para servir al crimen organizado, independientemente de quién esté al mando”.
Ernesto Madrid
Se suma a lo anterior, de acuerdo con un análisis de México Evalúa, una administración financieramente limitada, con un aumento de la deuda pública y del gasto en pensiones que redujo el margen fiscal disponible.
Y en el contexto, la posible extinción del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que amenaza con convertir el derecho a la información, en una prerrogativa discrecional además de un sistema de justicia debilitado donde, su personal, ya de por sí enfrentando amenazas y violencia, ahora estará expuesto a la violencia político-criminal propia de los procesos electorales, gracias a la reforma judicial.
En primer caso, plantea el organismo que, “La izquierda política nunca ha entendido que, si le das suficiente poder al gobierno para crear ‘justicia social,’ le has dado suficiente poder para crear despotismo. Millones de personas alrededor del mundo han pagado con sus vidas por pasar por alto esta verdad evidente,” traza Thomas Sowell, uno de los estudiosos más agudos en asuntos político-económicos, sobre todo en materia de discriminación, por el hecho de ser negro.
Resalta que, todo el sistema político mexicano es disfuncional porque vivimos en un país en el que el gobierno es sumamente pesado, pero no ejerce su responsabilidad de preservar la paz y la seguridad de la población a la vez que se avanza el desarrollo económico.
“Estas responsabilidades esenciales de cualquier gobierno no se cumplen porque todo el sistema es disfuncional o, más bien, porque no fue diseñado para esos objetivos. El sistema fue diseñado para el control de la población, lo que ya tampoco se alcanza dado que, de facto, está dedicado al funcionamiento eficaz del crimen organizado en general y del narcotráfico en lo particular.”
En paralelo y de acuerdo con el análisis del organismo, el llamado margen fiscal de los ingresos públicos, que representa los recursos disponibles para realizar políticas públicas —es decir los que no están ya comprometidos—, descendió en agosto a 2,144 mil millones de pesos (mmdp). Esto es 10.7% (258 mmdp) menor a lo observado en el mismo mes de 2018 (recordemos que López Obrador asumió el poder en diciembre de aquel año).
¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene un menor capital de libre disposición para ofrecer servicios públicos a la población, para crear nuevos programas o para enfrentar posibles crisis económicas. ¿La razón? Ya hay muchas obligaciones financieras y de gasto, que consumen los limitados ingresos gubernamentales.
En este escenario, la propuesta de transferir las funciones del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recientemente anunciada, limitará nuestro derecho a saber ya que este organismo no cuenta ni podrá contar con las facultades que actualmente tiene el Instituto y que son indispensables para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT).
Este gobierno estaría trazando una ruta distinta a lo que se requiere para lograr la paz social, el progreso económico y la certidumbre para invertir, ya que el país no cuenta con un sistema idóneo en tanto que la presidencia es cada día más poderosa por lo que se requiere, una presidencia con los atributos necesarios, pero también con contrapesos efectivos, que le impidan a quien ocupe esa función abusar de su poder y destruir a diestra y siniestra sin acotación alguna.
¿Podrá la presidenta defender la democracia y la seguridad en el campo minado que recibió?
