- La militarización sigue sin ser la respuesta contra el crimen organizado: The Economist
Uno de los mayores logros de la Cuarta Transformación es haber creado las condiciones que apuntan a revertir la descentralización del poder que se inicio a finales del siglo veinte.
Ernesto Madrid
Fue cuando México aprobó reformas que garantizaban elecciones limpias, fortalecían el poder judicial y creaban reguladores independientes, pero se está a punto de retornar a la centralización del poder en manos del ejecutivo, del caudillo, que termina su presidencia, para iniciar, lo que muchos columnistas han advertido, su séptimo año de gobierno.
‘El caudillo de la transformación’ señala The Economist en su trabajo titulado ‘President Andrés Manuel López Obrador is militarising public secutiry’ (‘El presidente Andrés Manuel López Obrador está militarizando la seguridad pública’) y apunta que AMLO le dejará a Claudia Sheinbaum un país ensangrentado durante todo el sexenio y quizás uno de los más violentos en los últimos años, además de una crisis en el estado de Sinaloa.
Recuerda que el tema de sacar a los militares de los cuarteles para hacer labores de seguridad no es nuevo, pues viene desde la época del expresidente Felipe Calderón solo que, a 18 años de distancia,” el panorama no ha cambiado, no se cuenta con una corporación preparada y los expertos insisten en que la militarización sigue sin ser la respuesta contra el crimen organizado”.
La militarización de la seguridad pública, con la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, “ha generado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la transparencia en las acciones de seguridad. La falta de una estrategia integral que atienda las causas profundas de la violencia ha limitado los avances en este ámbito. Para el próximo gobierno, será crucial replantear la política de seguridad, escuchar las demandas de la sociedad civil y fortalecer el Estado de Derecho advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Uno de los aspectos más preocupantes de estos últimos años ha sido el proceso acelerado de reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo federal, Morena y sus aliados. “En su mayoría, no contaron con el consenso de la oposición, rompiendo con la tradición democrática de las últimas décadas. Un ejemplo claro es la reciente reforma al Poder Judicial, que, por primera vez en 40 años, se llevó a cabo sin el respaldo de la oposición”, añade Coparmex.
Este avance de la "aplanadora" legislativa ha permitido una concentración del poder en la Presidencia de la República, eliminando contrapesos y debilitando la independencia de los órganos autónomos. Esta situación plantea riesgos para la democracia en México, ya que los cambios en las reglas del juego han favorecido a un partido con mayoría calificada, mientras que las decisiones clave del país han dejado de ser dialogadas y consensuadas, agrega el organismo.
Y lo más delicado, que la receta de Sheinbaum para la “transformación”, como la de su mentor, incluye democracia directa (todos los jueces serán elegidos por los votantes), un fuerte gasto en bienestar social, una economía impulsada por el Estado y un papel importante para los militares, que seguirán controlando sectores de la economía. Cuando se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si cree en los controles y contrapesos institucionales, dijo al Financial Times que “El pueblo debe decidir”.
“Sheinbaum ha dejado claro que quiere continuar con la política de su mentor de tener todo a su favor: disfrutar de los beneficios económicos de la integración comercial de América del Norte sin adherirse a las normas institucionales y democráticas de sus vecinos”, resalta el diario británico.
La realidad es que el cierre del sexenio termina, con un crecimiento promedio anual de apenas 1%, niveles de PIB per cápita similares a los de 2017, una baja creación de empleo formal y brechas persistentes en el mercado laboral, particularmente para las mujeres, destaca México ¿cómo vamos?
“Un aumento en el gasto público por los programas sociales y obras prioritarias generó que en 2024 alcanzáramos un déficit de 5.9% del PIB, el más alto en dos décadas” lo que se traduce en el debilitamiento de las finanzas públicas y el 54.3% de población ocupada que se encuentra en la informalidad que tuvo una reducción marginal con respecto al valor que teníamos al inicio del sexenio (56.5%).
Además, el avance en la reducción de la pobreza va acompañado de un preocupante incremento en las carencias sociales. Uno de los retrocesos más graves ha sido en el acceso a servicios de salud: entre 2018 y 2022, el número de mexicanos sin acceso a la salud se duplicó, pasando de 20.1 millones a 50.4 millones. Este es un reflejo de la crisis del sistema de salud, agravada por decisiones como la desaparición del Seguro Popular y el mal manejo de la pandemia. Más aún, la población con carencia por rezago educativo aumentó de 19.0% en 2018 a 19.4% en 2022.
