Con la consigan de nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad, así como de los pagos de adeudos que tengan los estados y municipios con el ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Ernesto Madrid
En el contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que falta especificar el mecanismo de devolución de recursos y el monto de apoyo gubernamental, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que trasladar los recursos de las subcuentas de vivienda a un fondo común para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, es contrario a la Constitución.
El detalle es que para el presidente Andrés Manuel López Obrador el único riesgo que ve es que se declare inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que la oposición en el Congreso considera que se trata de una medida con la que se robará el dinero de afores, además de que se dejará a millones sin su dinero ahorrado por lo que recurrirán al poder judicial de la federación para que no llegue al Poder Ejecutivo.
A lo anterior se suma la postura de Movimiento Ciudadano (MC) ya que la legisladora María Fernanda Félix Fregoso, criticó la iniciativa al señalar que “antes le querían devolver al pueblo lo robado, y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado, así son los legisladores de la cuarta transformación”.
Para los expertos, la reforma, que tuvo sólo el aval de Morena, tal como lo indico López Obrador, es opaco e injusto, ya que toma el dinero de las personas más vulnerables y falta determinar las reglas de operación para que los trabajadores soliciten sus ahorros, una vez que hayan sido transferidos, señalaron expertos.
Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que esta reforma tiene lagunas que no permiten precisar, por el momento, cómo se determinará el pago a los trabajadores que reclamen sus ahorros, además junto con Carlos Ramírez, expresidente de la Consar, consideraron que el proyecto tiene un fin electoral que pondrá presión fiscal al país a mediano y largo plazos, ya que sólo representa una medida paliativa que no resuelve la deficiencia en el pago de pensiones.
“Si bien el fondo no representa una expropiación de cuentas en activo ni se vulneran los fundamentos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), no deja de sorprender que a siete semanas de la elección presidencial se le genere a la población una falsa expectativa de que se jubilará con una pensión cercana a 100% de su salario”.
El fondo contempla que se le transferirán recursos de otras fuentes como el 25% de las utilidades netas de la entidades paraestatales y sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional, como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Y aunque “se mantiene el derecho imprescriptible de los trabajadores y sus beneficiarios a recibir el saldo acumulado en las subcuentas” de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de vivienda que administran las Afores y el Infonavit, respectivamente” “no está definido” el mecanismo de devolución de esos recursos y pudiera “implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo” de acuerdo al IMCO.
“La iniciativa deja diversos elementos inconclusos que ponen en riesgo la transparencia sobre el uso y destino de los recursos del Fondo advirtió la COPARMEX quién exigía que se considere la formación de un Comité Técnico tripartita lo cual no sucedió y las dudas prevalecen pero el presidente piensa lo contrario y dice que al menos beneficiara a 28 millones de mexicanos y que además, no hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, “sólo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos, pero si se actúa legalmente no hay fundamento”.
