De todos los montos con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde que inicio el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no han sido recuperados ni aclarados, hay 242 mil 064 millones de pesos de los que no se tiene pista sobre su paradero o que terminaron en lugares prohibidos por la ley.
Ernesto Madrid
Lo anterior, de acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en donde señala que esto, es sin contar los hallazgos que haya en el gasto de 2023 —que se está revisando en estos momentos— y los que resulten de 2024, los cuales se revelarán hasta 2026.
Tan sólo en 2022 se realizaron 2,153 auditorías por parte de la ASF, de las cuales derivaron distintas acciones para las instituciones fiscalizadas como, por ejemplo, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias de hechos, entre otras y donde se encuentra que son una serie de observaciones, en el que la revisión de los documentos, cuentas bancarias, obras o servicios permite encontrar problemas que se definen como “probable daño a la Hacienda Pública Federal”, es decir, casos en que el dinero de las y los mexicanos se ha perdido o desperdiciado por culpa de un mal manejo de las autoridades.
“El 20 de febrero se publicaron los resultados de la revisión de cómo se gastó el presupuesto federal durante 2022, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con esta última de tres entregas de informes, sabemos que la ASF identificó 32 mil 894 millones de pesos (mdp) que fueron utilizados de manera irregular durante todo el año, de los cuales 29 mil 765 millones, el 90%, siguen sin ser aclarados ni recuperados”, precisa el documento.
Ahora bien, esta última cifra de dinero desviado, extraviado o usado fuera de la ley durante un solo año es tan grande que, como punto de referencia, equivale a 45 veces el tope de gastos máximo que puede utilizar una candidata a la presidencia de México durante su campaña electoral (que es de 660 millones de pesos). También equivale a 152 veces el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera o a 10 veces el presupuesto de toda la ASF. Sería un ritmo de 3.4 millones de pesos usados fuera de ley cada hora.
Y si lo comparamos, como lo hizo el organismo, esos poco más de 242 mil millones de pesos detectado en esta administración, se podrían multiplicar por 5 los montos de todas las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez o financiar el costo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por 220 años. Pero, en su lugar, ese dinero se usó de manera inadecuada e ilegal.
Lo delicado del caso es que cada peso y cada centavo de irregularidades detectadas por la ASF se desprende de alguna de las 2,153 auditorías individuales con que revisaron, sólo una parte del gasto (es importante destacar que no se revisa todo el presupuesto, sino solo una muestra representativa).
¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?
En mayor medida, Morena y sus aliados, ya que, de los cinco estados con mayor monto por aclarar y recuperar, tres de ellos —Baja California Sur, Michoacán e Hidalgo— estaban gobernados por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2022 y dos —Durango y Estado de México— por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al analizar los partidos que gobernaban en cada entidad federativa encontramos que los gobiernos morenistas, en conjunto, sumaron más de 10,700 millones de pesos en irregularidades, equivalente a 49% del total. Si se suman las irregularidades de los aliados de Morena, Encuentro Social en Morelos y Partido Verde en San Luis Potosí, en total estas entidades suman 11,832 millones de irregularidades, 54% del total.
Los estados con gobierno priista acumularon 7,192 millones de pesos por aclarar y los estados donde gobernaba el Partido de Acción Nacional tuvieron irregularidades por más de 1,600 millones de pesos.
Esto solo una parte, hay más datos que seguiremos revelando, bajo lo preocupante de que cuando se le pregunta al presidente López Obrador dice que “no son actos de corrupción”.
