El asedio del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado hacen de 2024 un año de riesgo político alto.
Ernesto Madrid
Lo anterior es la conclusión a la llega un modelo analítico propio que llevo a cabo la consultora Integralia que da seguimiento puntual a la evolución del riesgo político en México, por el que se entienden las acciones, decisiones u omisiones del gobierno que pueden impactar adversamente la expectativa de retorno de inversionistas, la rentabilidad de empresas y/o la estabilidad democrática del Estado.
Destaca que su modelo analítico se basa en seis factores de riesgo: ineficacia gubernamental, concentración de poder, incertidumbre jurídica, inseguridad pública, conflictividad social y deterioro económico que da como resultado que a cinco años del inicio de la administración de López Obrador, Integralia considera que han aumentado los niveles de riesgo en los 6 factores mencionados y que los de conflictividad social e inseguridad pública que se han mantenido constantes podrían incrementarse en 2024.
En el documento destaca que la corrupción se ha incrementado además de, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos locales ya que solo se ha quedado en el discurso gubernamental, porque el problema estructural de corrupción prevalece y en algunos rubros puede ser mayor que en años previos por varios factores que advierte.
En estos se encuentra el proceso electoral (a nivel federal y local); la falta de controles en el manejo de recursos públicos; la carencia de instrumentos de planeación; la opacidad en la asignación de contratos; la deficiente vigilancia tanto interna (desde la Secretaría de la Función Pública o las Contralorías) como externa, desde las Cámaras de Diputados federal y locales (mediante los órganos superiores de fiscalización), y la impunidad, principalmente a causa de la falta de persecución de delitos, pero también por la falta de imposición de sanciones administrativas.
En este contexto Integralia advierte que incluso, organismos internacionales indican las deficiencias del Estado para combatir la corrupción en dónde, sólo México (junto con Guatemala) ha disminuido su puntuación global cada año desde que se publicó el Índice de Capacidad de Combatir la Corrupción, AS/COA Control Risk, en 2019.
