De manera legal, la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a las autoridades vinculadas, a restaurar a nivel nacional el programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), incluso determino que tiene que ser tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN).
Por: Ernesto Madrid
Lo interesante del caso es que en esta misma orden la jueza obliga al Ejecutivo Federal, Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas Escuela de Tiempo Completo y La Escuela es Nuestra.
Incluso a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que adopten todas las medidas que se estimen pertinentes para que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban en los programas Escuela de Tiempo Completo.
Lo cierto es que el Paquete Económico 2023 ya fue entregado al congreso de la Unión y este, en su apartado de educación, para la SEP solo se le autoriza un incremento del 7%, al pasar de 376,267.2 a 402,277, en términos nominales.
Si ha esto consideramos la inflación, la proyección económica que platea el gobierno, los recursos que tendrá que asumir para las obras ‘emblemáticas, en términos reales, el presupuesto para educación es igual o menor al de 2022.
Y esto, se puede observar en las dependencias a las que se le otorgaron mayores recursos, hablamos de Turismo (por lo del Tren Maya), Bienestar (por las pensiones y los diversos apoyos sociales, que tiene, en todo caso, un postura electoral como lo han dicho diversos especialistas) y Semarnat (donde también están considerados los recursos para obras ‘emblemáticas) que se les contemplaron incrementos de 115%; 32% y 80% respectivamente, lo que implica que la mayor parte del gasto se va a las obras prioritarias que contemplan un monto de 236 mil 131 millones de pesos.
Pero entre los argumentos de la demanda de la jueza, señala con toda puntualidad que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes. Habrá que ver la reacción de las diferentes instancias a las que convocó la jueza y la discusión que se llevará a cabo en el congreso para ajustar la postura legal.
