Ernesto Madrid
Todo apunta a que las investigaciones del llamado ‘Cártel Inmobiliario’ se desprenden de un sesgo político-electoral por parte del partido en el poder en la capital del país, con la finalidad de recuperar la alcaldía Benito Juárez donde el Partido Acción Nacional (PAN) ha gobernado durante 22 años.
En este contexto, se encuentra el golpe que dio el gobierno federal a la clase media en México, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) perdió, en 2021, gran parte del territorio de la capital del país y en donde se asientan las primeras investigaciones del entonces llamado “boom inmobiliario”.
Todo comenzó en el año 2003 cuando empezó a operar la empresa Central de Arquitectura de José Sánchez Ruiz y Moisés Ison Zaga que se fundó en 1998 y amplió sus actividades entre el 2012 y el 2018, años en que gobernó Miguel Ángel Mancera que, involucra en este proceso de conflictos de interés, al PRD de acuerdo con investigaciones de la fiscalía capitalina.
Estamos hablando de beneficios de militantes de partidos y empresarios que aterrizan en favores personales y electorales cuyo monto habría generado hasta más de tres mil millones de pesos en la trama de corrupción inmobiliaria de acuerdo con legisladora morenista Leticia Varela.
Desde el 2000, la delegación y luego alcaldía Benito Juárez ha estado gobernada por el PAN. Durante los años en los que laboraron los exfuncionarios señalados, fue dirigida por Mario Palacios (2009-2012) quien nombró a Luis “N”; Jorge Romero (2012-2015) actual coordinador del PAN en el Congreso de la Unión, Ricardo Amezcua (2015-2015), Christian Von Roehrich (2015-2018), actual coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, y Ángel Luna (2018-2018) todos de extracción panista señalados por las autoridades de la Ciudad de México.
Por ejemplo, hay que señalar que en el 2009 Central de Arquitectura trabajó en un modelo de negocio basado en proyectos urbanos con antecedentes en el 2008, cuando crearon los Urban Center (UC/ centros de barrio), un concepto de plaza comercial que responde a las necesidades propias de las concentraciones urbanísticas y que fue la plataforma de ambición que no encaja con la definición de un líder, de los entonces jóvenes Sánchez y Ison.
INICIAN INVESTIGACIONES
Pero fue desde octubre de 2017 cuando iniciaron las investigaciones y las sospechas recurrentes en el 2020 cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiara de Hacienda Santiago Nieto, sembró la duda al acusar a personajes cercanos al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que señaló a su excoordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico Fausto Ernesto Galván Escobar como sospechoso y su pareja sentimental María Vanessa Arroniz Sehedi, quien fuera representante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH, ambas empresas ligadas al exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann.
Fue hasta el 2021 que el mismo funcionario Nieto involucró a los socios José Sánchez Ruiz y Moisés Ison Zaga en el que le denominado ‘Cártel Inmobiliario’, ligados a Ricardo Añorve en 16 sucursales de la cadena Tacoarte quién es propietario de Sonora Grill acusado de presuntos actos de discriminación además del incumplimiento en las reglas de uso de suelo.
Pero los antecedentes son más profundos ya que estarían iniciando desde tiempos en que llego a la alcaldía de Benito Juárez en el 2000 José Espina von Roehrich de tendencia libanes ligado a negocios ‘sucios’, cuando tuvo el acercamiento con los socios de Central de Arquitectura y de 2012 a la fecha la demarcación vivió un boom de construcciones: desde pequeños condominios residenciales hasta rascacielos como Mitikah o Manacar.
Al brote de edificaciones siguió una ola de efectos colaterales: menor disponibilidad de agua, saturación del drenaje (y consecuentes inundaciones), más tráfico, más ruido, más población flotante, precios más altos de vivienda.
Así inicio el ‘clan familiar’ en dicha demarcación que se consolido en el 2015 con su sobrino Christian Von Roehrich que entre el 2015 y el 2018 fue también titular de esa alcaldía, en donde René Aridjis, exdirector de obras y desarrollo urbano de Benito Juárez entre 2006 y 2018 se mantuvo en el cargo durante las administraciones de Germán de la Garza de 2006 a 2009, Jorge Romero de 2009 a 2012, y el propio Christian implicados en el ‘intercambio de favores’ con los socios Sánchez Ruiz e Ison Zaga.
Estos extendieron sus tentáculos a otras demarcaciones como la alcaldía Miguel Hidalgo donde han construido 17 edificios habitacionales situados sobre calles con más plusvalía entre ellas Shakespeare, Newton, Dublín y Tokio en la Ciudad de México de acuerdo con las indagatorias.
En este esquema de enriquecimiento basado en el intercambio de favores, por medio de colusiones fuera de la Ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios, en esa demarcación, crecieron.
En los últimos 20 años de manera ininterrumpida, se formó una red de complicidades entre la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México en la administración 2012-2018 y desarrolladores inmobiliarios que vieron en la demarcación suelo fértil para un ‘boom inmobiliario’.
Pero no soló en está demarcación la ‘corrupción mata’ también habrá que señalar otras alcaldías en donde han gobernado funcionarios perredistas, ahora morenistas, como Coyoacán la propia Miguel Hidalgo, Tlalpan y priistas como el caso de Cuajimalpa en Santa Fe, con Adrián Rubalcava, ligado a grupos criminales y en donde la jurisdicción ha sido un ‘clan de amigos’ que dio este ‘boom’ de acuerdo a investigaciones periodísticas y que se han valido de ‘instrumentos jurídicos’ para otorgar permisos de construcción más allá de lo establecido por la ley.
Los expedientes señalan que aplicaron el Sistema de Transferencia de Potencialidades para erigir pisos excedentes en al menos uno de sus proyectos. Central de Arquitectura habría pagado una contraprestación de poco más de 3 millones de pesos por los niveles adicionales, aunque los departamentos llegan a comercializarse en 8 millones de pesos.
Y en el expediente figura Luis Vizcaíno, como el líder del ‘Cártel Inmobiliario’, quien entre 2009 y 2016 ocupaba la dirección de jurídico y gobierno de la demarcación en las administraciones de Mario Palacios y Jorge Romero, este último actual líder de la bancada del PAN en San Lázaro.
Pero suenan muchos nombres y el caso parece extenso está por ejemplo Emilio Javier Martínez, ex funcionario de Benito Juárez, quien negoció con un empresario el pago de presuntos apoyos a la campaña de Jorge Romero de acuerdo a revelaciones del portal Aristegui Noticias.
Está también Gustavo González, quien fuera cuñado y operador financiero de Romero Herrera; Fernando Flores, subdirector de Recursos Materiales, quien también fuera denunciado por otro empresario; Víctor Mendoza, exsubdirector de Servicios Generales y hermano de Luis Mendoza, exdiputado local; y, Fernando Von Roehrich, hermano de Christian Von Roehrich, sucesor de Jorge Romero al frente de la alcaldía Benito Juárez” y ahora coordinador parlamentario en la Asamblea Legislativa, que por cierto no quieren hablar al respecto y justifican intereses electorales, ante la posibilidad de que Morena intenta crear una comisión para investigar.
Así, entre ‘clanes familiares’ ‘amigables’ de contubernio’, ‘compadrazgos’ y ‘tribus’ perredistas y ahora morenistas se diputan el pastel inmobiliario en la capital del país, que ahora defienden con sesgos político-electorales y que antes fue para todos, una fuente de ingresos, vía corrupción.
