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IMPULSA FEPADE PROPUESTA DE REFORMA PENAL EN MATERIA ELECTORAL

DURANTE LA CLAUSURA DEL FORO “HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL ELECTORAL” ESPECIALISTAS EN MATERIA ELECTORAL COINCIDIERON EN PLANTEAR UNA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL MARCO JURÍDICO

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), clausuró los trabajos del foro nacional “Hacia un Nuevo Modelo de Justicia Penal Electoral”, que incluyó tres encuentros de análisis que se llevaron a cabo en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Durante su participación en el foro, el Titular de FEPADE, Héctor Díaz-Santana adelantó que las conclusiones de este foro en el que participaron especialistas, académicos y autoridades electorales serán la base para la propuesta de reforma penal que será presentada al Senado.

Al inaugurar en la Ciudad de México el último de los encuentros afirmó que la ausencia de normas ante conductas que afectan la institucionalidad democrática, propicia ambientes de impunidad y desconfianza, por ello, agregó, se debe incorporar los delitos electorales como graves y precisar cuáles de ellos y bajo qué hipótesis, ameritan que las investigaciones se desarrollen bajo prisión preventiva.

Ejemplificó que no existe aún un tipo penal para sancionar a los que presenten firmas falsas para candidaturas independientes, así como es importante prestar atención a la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Díaz-Santana, dijo que gracias a esta riqueza colectiva se pudo estructurar una propuesta de Reforma Penal en materia electoral, que se presentará ante el senado, con la cual se busca una justicia de carácter transversal ordenada, darle mayor responsabilidad a los ámbitos de la administración electoral, un mecanismo más certero para buscar la eficiencia e incorporar a la Ley general en materia de delitos electorales que tipo de fiscalía Electoral se quiere para el futuro.

Asimismo, continuó, es fundamental integrar tribunales especializados en materia de delitos electorales, así como de dotar a las fiscalías de presupuesto suficiente y trabajar en temas de política criminal para cerrar el círculo de la procuración de justicia de carácter transversal.

“Nuestro futuro está en la cultura política democrática y en la ética política, está en lo que cada uno de nosotros podemos hacer por una sociedad de derechos y por una sociedad donde cada uno pueda realizar en libertad si proyecto de vida”, dijo.

Por su parte, el Director del INACIPE, Gerardo Laveaga Rendón, dijo que la idea es hablar de grandes desafíos, dónde el derecho penal y el derecho electoral se juntan.

“EL DERECHO ELECTORAL TIENE UN CONTENIDO POLÍTICO Y SE AFECTA A UNA FUERZA POLÍTICA IMPORTANTE, POR ESO ES IMPORTANTE ANALIZAR LOS DELITOS ELECTORALES CON MAYOR OBJETIVIDAD POSIBLE”, DIJO.

Margarita Vázquez Sánchez, Fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la CDMX, añadió que con la coordinación de todas las instituciones que conforman el área electoral del país se logrará mejorar la ley general en materia de delitos electorales, así como perfeccionar los tipos penales, la inclusión de nuevos delitos, la gravedad de las penas y una justicia expedita y efectiva.

Recalcó, que es importante y necesario conjuntar esfuerzos de todas las fiscalías electorales en el país, para que esté tipo de foros de sigan llevando a cabo para tener un modelo de justicia penal electoral sólido.

La propuesta es respaldada por los fiscales electorales de distintas entidades del país. Al foro nacional asistieron Ricardo Suro Gutiérrez, Fiscal Especial en Material de Delitos Electorales del Estado de Jalisco; Sergio Zúñiga Hernández, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del estado de Hidalgo; Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Claudia Zavala Pérez, Consejera del Instituto Nacional Electoral; Gilberto Higuera Bernal, Encargado de la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla; y Raúl Arroyo González, Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, quienes plantearon propuestas y discutieron sobre cómo mejorar el marco legal electoral.

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