El día de hoy se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, así como de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para explicar la estrategia diplomática llevada a cabo en Estados Unidos, en acatamiento a las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En un ejercicio inédito transparencia y rendición de cuentas, el canciller celebró el diálogo y las críticas que distintos miembros del Poder Legislativo manifestaron con respecto a las negociaciones en curso con el Gobierno de Estados Unidos.
Previo a la comparecencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió al Senado de la República un informe pormenorizado que detalla la agenda de la delegación de autoridades mexicanas que viajó a Washington D.C. la semana pasada, así como todos los documentos y acuerdos que se derivaron de las negociaciones bilaterales.
Durante sus intervenciones en el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores hizo extensiva una invitación para que el poder legislativo participe activamente en el proceso de negociación de nuestro país con Estados Unidos. Además de invitarles a designar a una comisión que pudiera unirse a la delegación mexicana en la próxima reunión en Washington D.C. , subrayó el importante papel que la diplomacia parlamentaria puede tener en el fortalecimiento de la posición mexicana.
El canciller hizo un llamado al secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la comunidad internacional a sumarse al esfuerzo mexicano para garantizar que los flujos migratorios regionales sean ordenados, seguros y regulares conforme al Pacto Mundial sobre Migración. Reiteró que, a pesar de las visiones contrarias, el Gobierno de Estados Unidos reafirmó su compromiso de apoyar el Plan de Desarrollo Integral con los países del norte de Centroamérica, que comenzará su implementación en los próximos días.
Asimismo, el secretario detalló la estrategia para ordenar la frontera sur, lo que se traducirá tanto en menores flujos migratorios como en una mejor protección de los derechos humanos de las personas migrantes que el Estado mexicano defenderá conforme a sus leyes y principios centrales.
