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ONU condena asesinato de líder social en el sur de Colombia

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestaron hoy su rechazo por el homicidio de Paula Andrea Rosero, personera de Samaniego, en el departamento de Nariño (sur).

"Con preocupación identificamos el incremento de riesgos y violación a los derechos humanos en Nariño para defensores y defensoras que ejercen su liderazgo en comunidades afectadas por desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, confinamientos, reclutamientos forzados y violencia de género, y que, como en el caso de los Personeros municipales, trabajan por visibilizar la situación humanitaria, defendiendo los derechos humanos de toda la población", advirtió.

En un comunicado, hicieron un llamado a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los personeros en el territorio nacional teniendo el riesgo al que se encuentran evidentemente sometidos.

"Ejercen un rol fundamental en el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Estas medidas deben permitir a los personeros ejercer su labor sin restricciones", añade el comunicado en el cual se subraya que el trabajo de los personeros incide en la construcción de una paz estable y duradera en el país.

Por último, estas organizaciones reiteraron su compromiso con la tarea de los líderes sociales que defienden los derechos humanos en el país andino.

"Así como su disponibilidad para seguir apoyando a las instituciones del Estado en el cumplimiento de su deber de garantía de los derechos humanos y de asegurar las condiciones de prevención y protección que impidan que este tipo de hechos se repitan", concluyó.

Paula Andrea Rosero, de 47 años, fue asesinada en la víspera por desconocidos que se acercaron a su vehículo en una motocicleta y le dispararon varias veces.

El coronel Álvaro López, comandante del departamento de Policía de Nariño, aseguró que la Fiscalía ya inició las investigaciones para aclarar el crímen de Rosero, quien en 2016 había reportado amenazas tras denunciar un caso de corrupción en el Hospital Lorencita Villegas. 

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