Ernesto Madrid
Luego de que a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados integrada en su mayoría por legisladores de Morena aprobara el dictamen que extingue, 23 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que permitiría al Gobierno federal disponer de ese monto millonario, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández dejo en claro que “el silencio no implica inacción, sino prudencia”.
Lo anterior detallo, “para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal” porque además aseguró que en el fondo desconoce cómo se votará en el pleno de la Cámara de Diputados, con mayoría del partido Morena, el dictamen aprobado por la Comisión.
Lo morenistas en el Congreso siguiendo la línea de Palacio Nacional, pretenden la desaparición de 13 fideicomisos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, de los cuales 6 están destinados para el cumplimiento de derechos laborales, seguridad social y retiro, pero la realidad es que el artículo 100 de la Constitución establece que será el propio Poder Judicial, el que defina su Presupuesto.
Es decir, que el Poder Legislativo estaría incurriendo en una invasión de atribuciones de manera unilateral al pretender, hasta este momento, expropiar esos 15 mil 450 millones de pesos, del Poder Judicial, que no de la Suprema Corte ni de los ministros, bajo la narrativa presidencial de que gozan de privilegios y así, el poder Ejecutivo, pretender usarlos.
Pero la presidenta de la Suprema Corte ha guardado prudencia y ahora argumenta de manera congruente que “nuestra función siempre ha sido servir a nuestra sociedad. Como es de suponerse no tengo en estos momentos una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio de 2024”.
Y sabe bien que para los partidos opositores el tema no es la Corte sino la pretensión del Ejecutivo de centralizar el poder, por eso desde la 4T se construye la narrativa de que tenemos una Corte que goza de privilegios indebidos y se resiste a perderlos porque sabe López Obrador que algunas sentencias no le han gustado y no concibe que haya otro poder no supeditado a él, que norme la vida cívica del país, dicho de otra forma, la Corte le fallo en su estrategia de ‘transformación’.
Por eso este jueves la ministra Norma Piña pidió, a jueces y magistrados federales del país, trasmitir el mensaje a sus homólogos de que ministros, consejeros y funcionarios de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) están dedicados a velar por los derechos del personal y por la autonomía e independencia del PJF.
La oposición sin duda y ante el camino que se avizora, de que será aprobado en las dos Cámaras, actuará con su 33% requerido y emprenderá una acción de inconstitucionalidad, la cual llegaría directamente a la Corte la que ganará y luego entonces los legisladores morenistas se irán por la discusión en el Presupuesto, dónde sin duda propondrán un recorte de la misma magnitud: 15 mil 450 millones de pesos donde el Poder Judicial se quedaría solo con recursos para pagar los sueldos, no de los ministros sino de los miles de personas que trabajan en juzgados, tribunales y demás instancias que entraría en un conflicto más de inconstitucionalidad.
Pero la realidad es que todo será puro circo, ya que el diseño institucional del país es tan simple como entender que, así como la Cámara de Diputados, que se asigna su propio presupuesto, el otro poder el judicial también cuenta con el libre albedrío de pedir su propio presupuesto.
