A un año de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la víspera de los avances que presentará este sábado, el compromiso de un cambio de gobierno que frenara la corrupción en la esfera pública y, sobre todo, que pusiera al pueblo de México en el centro de las políticas de desarrollo social, no alcanzado los resultados necesarios en al menos nueve rubros y tiene aún tres pendientes prioritarios por resolver.
Por: Ernesto Madrid
Por ejemplo, en Progreso Social, entre 2018 y 2021, 30 estados del país perdieron el bienestar de acuerdo precisamente al índice (IPS) que mide este avance y que está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades, cuya medida es independiente de los indicadores económicos, pero complementa al avance social en la población.
Así mismo, el Producto Interno Per Cápita está en niveles de 2015, lo que implica, de acuerdo con un análisis de México ¿cómo vamos?, 8 años de retroceso. Si tomamos como base el primer trimestre de 2023 PIB general de México creció 1.0% trimestral y 3.7% anual. Con este crecimiento observado, se alcanzó un nuevo máximo histórico en la serie. Sin embargo, para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes se requiere un crecimiento económico que compense el crecimiento demográfico y las afectaciones por grupos de personas.
Hablar de que la estrategia del presidente está funcionada, sería muy pronto o sería en todo caso una falacia ya que en realidad, si observamos los datos, no están logrando el bienestar que requiere la población, ya que, si observamos, el crecimiento promedio de la economía este es de 0.6% en el actual gobierno e incluso se advierte que al final de la presente administración estará muy por debajo del que tuvo el ex presidente Miguel de la Madrid, que venía atajando una política populista, como la que se lleva en esta administración.
Si continuamos analizando los datos reales y duros en este gobierno, podemos reconocer que en los últimos cinco años se han implementado políticas favorables para los trabajadores formales como lo es el aumento del salario mínimo (2019 – 2023); la reforma a la subcontratación (abril 2021) y la reforma de vacaciones dignas (diciembre 2022), pero la realidad es que estas medidas solo benefician a menos de la mitad de la población ocupada en México (48.7% de la población ocupada no agropecuaria en el 1T2023), pues el resto se encuentra en informalidad laboral.
Ahora de acuerdo con el informe de México ¿cómo vamos? también resalta que el acceso a servicios de salud se ha deteriorado sustancialmente, en donde destaca el detrimento en el componente de Nutrición y cuidados médicos del Índice de Progreso Social que es de 31 puntos (2018 – 2021). Los estados con mayor afectación en este indicador son: Oaxaca, Campeche y Chiapas, todos gobernados por Morena.
En lo que respecta a educación, retrocedimos 4.8 puntos en el Índice de Progreso Social en el componente de Acceso a conocimientos básicos. En 2021, 27 entidades federativas se encuentran con un puntaje menor al que registraron en 2018. Únicamente Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Yucatán han mejorado en este rubro durante la Cuarta Transformación.
En producción petrolera y apoyos a Pemex, a pesar de los apoyos fiscales a la paraestatal, no se ha invertido para alcanzar la meta de producción de 2 millones de barriles diarios y la producción se encuentra por debajo del inicio de la Cuarta Transformación además de que se requiere la generación de más energía eléctrica para impulsar el crecimiento y satisfacer la demanda de una sociedad cada vez más dinámica, en donde además está la oportunidad del nearshoring.
Desatinadamente a lo largo de esta administración, la energía convencional ha representado más de 69% del total de energía generada mensual y se sigue dependiendo de fuentes de energía convencionales, tan solo en diciembre de 2022, la energía convencional representó 74.3% del total de energía mensual generada; inferior en 4.2pp respecto a diciembre de 2018. Aun con este avance, en 2022 solo 26.1% de la energía generada fue limpia (renovable y no renovable); porcentaje inferior al registrado en 2021 (27.5%).
¿CUALES SON LAS PRIORIDADES?
Al menos tres: Una Reforma Fiscal progresiva y sostenible para afrontar los pendientes sociales en materia de salud y educación con menos recursos públicos disponibles. El gasto en pensiones supera el 5% del PIB en 2022 y la proyección crece año con año, lo que desplaza el gasto público dirigido a: salud, educación e infraestructura; atender los problemas estructurales del mercado laboral: predominantemente informal y con baja participación de las mujeres y evaluar el rezago educativo causado por el cierre de escuelas durante la pandemia de COVID-19 en donde, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región sur de México presenta una tasa de abandono mayor (personas entre 3 y 22 años de edad) que el resto de las regiones del país.
La realidad es que el gasto público (PEF) no cambió sus prioridades en medio de la emergencia sanitaria, México fue el país emergente que menos recursos adicionales destinó para enfrentar los retos del COVID-19 y los proyectos de infraestructura prioritarios (capricho) continuaron su ejecución y erogación adicional de recursos a lo presupuestado. Además de que los análisis de rentabilidad y Evaluación de Impacto Social no son públicos en su totalidad y esto a demeritado a la economía de México y su Progreso Social ya que mientras de 2009 a 2018 el PIB per cápita creció 19.2% en este gobierno no sólo no ha crecido, sino que cayó -4.9%.
