Por Rafael Lulet
En la administración de Claudia Sheimbaum, donde presume junto al presidente conducirse con “cero corrupción”, en entidades de su gobierno, se manejan cobros de trámites por resolución de problemas de particulares, pero, no conforme con el respectivo pago, no realizan la gestión ni devuelven el dinero, y tal como explicaría un experto jurídico, esta acción se tipifica como un delito, el cual sería por fraude, siendo la pena lo doble de lo establecido en el código penal por ser servidores públicos.
Tal así lo han denunciado un grupo de personas quienes están siendo defraudados por una persona quien se dice llamarse José Luis “R” y su cómplice de nombre Guillermo Medina Mendía, quien este último es el que opera por afuera para llevar los asuntos, uno de ellos labora en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México, y quienes se les solicitó la regularización de un predio ubicado en el Ajusco, al sur de la capital, sin embargo, a meses de no obtener resultados, ni la entrega de ningún avance, ni documentos que avalaran su trabajo de la gestión, le solicitaron la devolución de su dinero, esto, desde marzo del año corriente y es la fecha que no han tenido ningún centavo devuelto.
Teresa Mancera, Juan Ochoa, Bernardo Pérez y otros, han manifestado a esta redacción el problema y solicitan a la titular de esa dependencia una investigación de sus funcionarios para aclararlo, y se llegue a las últimas consecuencias contra el funcionario antes mencionado y sobre todo, la devolución de su dinero, el monto asciende a 275 mil pesos, los cuales iría a cobrar la mitad al inicio y el resto al culminar el trámite o sea un total de 610 mil pesos, pero como antes se mencionó llevan cuatro meses pidiéndoles la devolución de la cantidad entregada sin tener respuesta alguna.
Tal como lo comentan las víctimas, procederán también en contra del funcionario en comento ante las autoridades judiciales correspondiente, donde levantaran la denuncia respectiva y procedan con la investigación del posible delito por fraude, y sobre todo por ser funcionario público y los demás preceptos penales los cuales se puedan agregarse, todo con el fin de que afronte las consecuencias de sus actos a quien resulte responsable y sí existen otros funcionarios implicados, sean de igual manera procesados.
Un llamado directo al gobierno capitalino para tomar acciones contra funcionarios corruptos, y sobre todo en la dependencia antes mencionada para evitar cualquier daño en la propiedad privada de los soberanos, quienes se dejan engañar por personas quienes les ofrecen solucionar sus problemas en menor tiempo a cambio de una cantidad considerable y que al final pierden ese recurso porque no les solucionaron nada el que con tanto sacrificio reunieron.
