CON LA REFORMA ELECTRICA PROPUESTA POR AMLO, PIERDEN LOS CONSUMIDORES: COINCIDEN EXPERTOS
Por Ernesto Madrid
La reforma constitucional en materia eléctrica, que propone el gobierno federal, afectará a los consumidores, dañara la competitividad y tendrá como consecuencia, múltiples litigios por violaciones al Estado de Derecho, concluyeron diversos expertos en los foros organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco Salazar Diez de Sollano destacó que el cambio de lógica de distribución que se pretende implementar con la iniciativa presidencial, constaría al país tres millones de dólares por año.
Por su parte, Sofía Ramírez Aguilar, directora de ¿México, cómo vamos? dijo de manera tajante que todos los empleos necesitan algún tipo de energía eléctrica para poder llevarse a cabo, por lo que de registrarse apagones, habrá un impacto directo en el empleo de las personas, además de que si hay costos más altos de energía, habrá recortes de costos en horas trabajadas por lo que subrayó que “sin electricidad no hay empleos, sin electricidad suficiente lo más probable es haya menos empleos”.
En su momentos, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, puntualizó que la iniciativa no tiene ningún propósito económico no relacionado con el fortalecer el sistema eléctrico pues el gobierno no está comprometido con la transición energética y manifiesta terrible desprecio por todo lo que tiene que ver con la economía.
Expuso que para MC la prioridad es la soberanía del país sostenida en tres aspectos: la transición energética acelerada, el derecho universal al autoabastecimiento y costos y precios accesibles, además de estabilidad para todos los usuarios.
Mientras que, para Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicanos para la Competitividad (IMCO) el tema puntual es “la pérdida de competitividad” del país a partir de una eventual aprobación de la reforma, lo que inhibiría la capacidad del país de atraer inversión y retener el talento a largo plazo.
En su ponencia, analizó lo que significa el incremento de costos de generación para industrias como la automotriz, que perdería rentabilidad en por lo menos un 14 por ciento, sumando al tema de la afectación en el medio ambiente y a que los consumidores no pueden elegir suministradores que les garanticen energías limpias.
Ante esto, “advirtió que con la iniciativa pierden los consumidores, porque habrá bienes más costosos, menores empleos y se ancla la competitividad a un pasado de combustibles fósiles”.
Lorena Jiménez Salcedo, consejera nacional de Coparmex, dejo en claro que dos resultados peligrosos de aprobarse la iniciática son: el primero que se tendrían que incrementar los subsidios, rubro en el cual la CFE recibirá 73 mil millones de pesos para el 2022 y el segundo, el encarecimiento de los productos en general.
Puntualizó que en México se debe apostar por energías limpias, plantas modernas de generación y condiciones de mercado que generen competencia para evitar así el impacto que esta reforma traería a las finanzas públicas, así como a las familias.
En su turno, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo que con base en una reflexión profunda de la afectación en materia fiscal, la iniciativa no cuenta con un estudio de impacto presupuestario y fiscal, necesario para que los legisladores puedan tomar una decisión adecuada al respecto y sabes, ¿cómo le vamos hacer para invertir en CFE?
Añadió que ésta iniciativa, a la que calificó como un retroceso que generará menor crecimiento, impactará en la recaudación tributaria pues, cada punto de crecimiento que no se materialice tiene un valor de 46 mil millones de pesos al erario.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público dijo que la iniciativa genera incertidumbre jurídica y económica.
Respecto al impacto de esta en la hacienda pública, habló de la disminución de inversión extranjera directa, que ya en 2020 tuvo un descenso de 11.7 por ciento respecto de 2019; de la pérdida de atractivo del país frente a otras naciones y también mencionó como riesgo la eliminación de la competencia entre CFE y el sector privado; la revocación de permisos y contratos, el declarar a la electricidad como sector estratégico y la cancelación de órganos reguladores autónomos.
Agregó que la iniciativa es más una “ocurrencia” que pone en riesgo de quiebra a los privados, incentiva a la pérdida de empleos, condiciona el aumento de precios a los consumidores finales y por supuesto, representa un impacto a la hacienda pública y al bienestar, pues hay menor inversión, además de que va en contra de lo que el país necesita, que es certidumbre jurídica y estado de derecho.
Lo cierto es que, en este foro, organizado por la Coparmex, no hubo ninguna postura de representes de Morena, y se destacó por defender más los intereses de los grandes empresarios, que por escuchar posturas del gobierno, que den claridad a la iniciativa del gobierno federal.
