En el marco del proceso de diálogo y consulta que implementa el Gobierno de México, este domingo 23 de junio se realizaron los Foros Regionales de Consulta Libre, Previa e Informada para la Iniciativa de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano en Colotlán, Jalisco; El Nayar, Nayarit y en la capital de San Luis Potosí, donde los pueblos wixárika, náhuatl, cora, tepehuano del sur/o'dam, mexicanero, otomí, pame, huasteco/teneek y población indígena migrante, intercambiaron propuestas y construyeron los acuerdos sobre sus problemáticas y acerca de la necesidad de una reforma constitucional que reconozca sus derechos y aspiraciones de vida.
En el foro celebrado en El Nayar, Nayarit, se registró una participación de 382 representantes de los pueblos indígenas wixárika, cora, o'dam, mexicanero y población indígena migrante, quienes pidieron que haya respeto y reconocimiento constitucional a los lugares sagrados para conservar y fortalecer sus costumbres, pues manifestaron que estas son fundamentales en la cultura, identidad y cosmovisión. Asimismo, destacó la solicitud del pueblo wixárika de que se reconozca la figura del Marakame como portador principal del conocimiento y de la medicina tradicional.
En Colotlán, Jalisco, se contó con la participación de 140 representantes de comunidades de los pueblos indígenas wixárika, náhuatl, o'dam y población indígena migrante, así como de 46 representantes de dependencias federales e instancias no gubernamentales. Las y los participantes acordaron que se deben homologar los instrumentos internacionales con la legislación nacional para generar leyes que protejan la conservación, el uso y estudio de las plantas medicinales tradicionales, como patrimonio de los pueblos y como parte de los conocimientos ancestrales de México.
Del mismo modo, se consensó que los lugares sagrados no se pueden dividir de la tierra porque pertenecen a ella, y se destacaron los casos de Hauxa Manaká, ubicado en San Bernardino, municipio de Pueblo Nuevo, Durango; Xapawiyemeta, de Chapala, Jalisco; Teekata, en el corazón del pueblo Wixárika en Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco; Haramara, en San Blas, Nayarit, y Wirikuta, en los municipios de Real de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí.
Al respecto, afirmaron que la legislación nacional debe considerar dichos lugares como parte de los pueblos, más allá de las fronteras territoriales, para garantizar su conservación.
Paralelamente, en el foro realizado en San Luis Potosí, se registró una participación de 258 representantes de los pueblos indígenas náhuatl, otomí, pame, huasteco/teneek y población indígena migrante, así como la presencia de 26 representantes de instancias gubernamentales y organismos de derechos humanos.
Durante este foro se afirmó que aunque México ha adquirido una serie de compromisos mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la firma de otros instrumentos internacionales en la materia, los pueblos indígenas continúan olvidados y excluidos del ordenamiento jurídico nacional; por ello, se estipuló que existe urgencia por parte de los pueblos y comunidades en generar una iniciativa de reforma al artículo 2º constitucional, así como a los artículos resultantes y leyes secundarias para atender los acuerdos surgidos en el proceso de consulta.
Por otro lado, se destacó la importancia de promover y realizar los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas como un medio para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos como colectividad.
Además, las y los participantes solicitaron que se lleven a cabo las medidas administrativas y legales correspondientes para proteger las tierras y territorios de la explotación por parte de empresas privadas y terceros externos a la comunidad, haciendo especial énfasis en evitar la fracturación hidráulica, la siembra de semillas transgénicas y el uso de pesticidas dañinos para la población y el medio ambiente.
En este sentido plantearon que se tomen acciones para que únicamente la figura de la Asamblea Comunitaria sea quien decida sobre el uso de la tierra.
En todos los foros se nombró una Comisión de Seguimiento que tendrá el objetivo de dar continuidad a los acuerdos y consensos alcanzados en el proceso de consulta y establecer los diálogos con las instancias de debate y decisión nacional. Asimismo, será́ la encargada de impulsar la deliberación y análisis de las propuestas de reforma constitucional y, en su caso, las reformas a las leyes secundarias que correspondan.
El proceso de diálogo continuará los días 28, 29 y 30 de junio en las entidades de Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro y en la capital del país.
