Alejandro Matty Ortega/AM Diario
La denuncia presentada por el diputado Óscar Ortiz Arvayo sobre las condiciones laborales inhumanas y la explotación de los 28 mil guardias de seguridad privada en Sonora, es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchos sectores del país y a Sonora.
Desde el 2003, un servidor conoció esta denuncia a través de Claudio Huidobro Cárdenas a quien tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez en la Redacción del extinto periódico Cambio Sonora.
Los guardias de seguridad privada desempeñan un papel crucial en la protección de empresas, establecimientos comerciales y propiedades residenciales; sin embargo, a menudo enfrentan condiciones laborales precarias, con jornadas extensas, salarios bajos, ausencia de prestaciones adecuadas, falta de seguridad social y la carencia de capacitación especializada.
La denuncia de Ortiz Arvayo pone en evidencia no sólo la explotación de esta fuerza laboral, sino también una falta de regulación efectiva que garantice los derechos laborales de los trabajadores de este sector.
La ausencia de leyes que supervisen y sancionen las malas prácticas en el ámbito de la seguridad privada deja a los guardias vulnerables, sin herramientas para defenderse y sin un respaldo legal claro ante posibles abusos.
Lo más alarmante es la mención de "condiciones inhumanas", un término que resalta la gravedad de la denuncia.
Este tipo de adjetivos no son usados a la ligera y reflejan la desesperación de los trabajadores que, muchas veces, se ven obligados a trabajar en situaciones que comprometen su salud física y mental.
La jornada laboral excesiva, el maltrato verbal y físico, y la falta de equipamiento adecuado son solo algunas de las denuncias que se han filtrado en diversos medios y que ahora se colocan en el centro del debate público gracias a la intervención del legislador.
El diputado Ortiz Arvayo, al alzar la voz, también está tocando un tema que tiene implicaciones directas en la seguridad y el bienestar de la población en general.
Si los guardias de seguridad están siendo explotados y desprotegidos, su capacidad para realizar su trabajo de manera efectiva y ética se ve comprometida.
Esto afecta no solo a las empresas que los emplean, sino a toda la comunidad, que depende de estos profesionales para garantizar la seguridad en su entorno.
Es importante señalar que este problema no es exclusivo de Sonora, aunque la situación denunciada en la entidad refleja un patrón más amplio que se extiende por todo el país.
La proliferación de empresas de seguridad privada en México ha sido notoria, pero ha carecido de una regulación estricta que garantice que los trabajadores reciban un trato justo y que se respeten sus derechos laborales fundamentales.
En este contexto, es esencial que tanto las autoridades locales como federales se comprometan a regular este sector de manera eficaz. Las políticas públicas deben ser diseñadas para proteger a los trabajadores de la seguridad privada, asegurando condiciones laborales dignas y la implementación de medidas que eviten abusos y explotación.
Esto también debe incluir la creación de mecanismos de denuncia seguros, accesibles y eficaces, donde los trabajadores puedan expresar sus quejas sin temor a represalias.
El legislador también denunció la falta de acceso a servicios de salud, seguridad social y prestaciones básicas como el aguinaldo o las vacaciones, lo que refleja una clara violación a los derechos laborales establecidos por la ley.
Este vacío legal y la ausencia de una regulación efectiva facilitan la perpetuación de abusos, ya que las autoridades no ejercen un control adecuado sobre las empresas de seguridad privada.
Otro aspecto alarmante que se mencionó en la denuncia fue la precariedad de los equipos y herramientas con las que trabajan estos empleados.
Muchos guardias son asignados a tareas de alto riesgo sin los recursos adecuados para llevarlas a cabo de manera segura.
La falta de uniformes adecuados y otras herramientas necesarias para su trabajo pone en peligro no solo a los guardias, sino a toda la comunidad que depende de su labor para mantener el orden y la seguridad.
Uno de los elementos centrales de la denuncia es la falta de regulación en el sector de la seguridad privada.
A pesar de que en México existen leyes y normativas que regulan el trabajo en general, el sector de la seguridad privada ha quedado en gran medida desprotegido. Las empresas de seguridad privada, al operar bajo una estructura de subcontratación o de prestación de servicios, no están sujetas a los mismos controles y estándares que otras industrias, lo que deja a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad.
A menudo, estos trabajadores son contratados bajo contratos temporales o como prestadores de servicios, lo que les impide acceder a derechos fundamentales como la estabilidad laboral, el acceso a la seguridad social o las prestaciones.
Por otro lado, la falta de un sistema adecuado de inspección y supervisión por parte de las autoridades laborales en Sonora, y en el país en general, facilita que las empresas de seguridad privada no se vean obligadas a cumplir con sus responsabilidades laborales.
La denuncia de Ortiz Arvayo es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de garantizar derechos laborales para todos los sectores laborales, especialmente aquellos que, como el de la seguridad privada, juegan un rol crucial pero muchas veces invisibilizado en la sociedad.
Los 28 mil guardias de seguridad privada en Sonora son hermanos de lucha y siempre tendrán la atención y la mano firme de nuestra admiración, respeto y gratitud.
+ El autor es periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación escritos y digitales en Ciudad de México, Sonora y Arizona, además Premio Nacional de Periodismo 2010 por Mejor Reportaje Web en México.
Es Director General de AM Diario, Subdirector General del medio binacional Irreverente Noticias, colaborador en Pajarito News y Esfera Noticias.
