Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Ciudad Obregón, Sonora (IN).- El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple este lunes 70 años y viene al estado a revisar los avances del Plan de Justicia Yaqui pero deja fuera de su agenda a los mineros de Cananea y afectados por el derrame del Río Sonora.
Habitantes de la región reclaman al presidente que desde hace un mes prometió una mesa de trabajo a las víctimas del Grupo México, aunque a la fecha no ha cumplido.
Por su parte, los mineros de Cananea esperan que la reunión se celebre esta semana en Palacio Nacional, como se acordó hace 3 semanas tras suspender el bloqueo a la mina "Buenavista del Cobre".
El Gobierno de México ha invertido más de 14 mil millones de pesos en los Planes de Justicia para el desarrollo social de 4 etnias de Sonora.
Destaca la justicia con el desarrollo, la inversión, obras, restitución de tierras, infraestructura educativa y servicios de salud en los Planes de Justicia Seri, Yaqui, Guarijío y Mayo.
En este análisis, se perciben dos elementos esencialmente trascendentales que abre la expectativa y el interés del presente estudio periodístico:
Se detecta la existencia de un criterio selectivo, ya que los pueblos que son motivo de Planes de Justicia sólo son cuatro de los 8 pueblos originarios en Sonora.
Además, uno de forma especial, yoeme o yaqui, con más de 13 mil millones de pesos en inversión pública; tres más con mucha menor inversión como comcáac o seri, con 450 millones; yoreme o mayo y makurawe o guarijío, no se especifica cantidad.
Otros tres pueblos originarios que se aprecia fueron excluidos de la formulación de planes:
Kuapak o cucapá, tohono o’odham o pápago y o’ob o pima.
Más aún, una comunidad más con casi 120 años de asentamiento en el estado, kikapú.
Especial atención llaman tres sectores étnicos con alrededor de cuatro décadas en Sonora que tampoco se mencionan en el avance del informe oficial o fueron excluidos en la formulación de los planes y son los integrantes de los pueblos triqui, mixteco y zapoteco.
El maestro Tonatiuh Castro Silva responde las interrogantes y plantea importantes temas inherentes a este dilema de justicia con desarrollo de los Planes de Justicia indigenistas en Sonora.
Irreverente Noticias.- Con el compromiso asumido por el Gobierno de México de que las etnias son prioridad, ¿se cumple con el Plan de Justicia para las comunidades indígenas de Sonora?
Tonatiuh Castro Silva.- "Un silogismo contundente es la base de los Planes de Justicia del Gobierno Federal:
No puede haber desarrollo sin justicia.
Como suele plantearse en el discurso del Presidente, procurando consultar la historia en cuanto a las similitudes con el presente para obtener una moraleja, y plantear una enseñanza, la referencia histórica que invocó para indicar el punto de partida de las acciones contempladas para el pueblo yoeme o yaqui aludió al periodo del Porfiriato, cuando el pretendido progreso se basó en la injusticia.
Sin duda, tal planteamiento fundacional de los Planes de Justicia es el apropiado, y su consistencia lógica guarda un sentido de filosofía social, así como un genuino ánimo político.
A la vez, plantea un enorme compromiso con la realidad social y el aspecto ambiental, al apelar a dos categorías sumamente ambiciosas, relacionándolas, si se trata de la implementación de acciones gubernamentales sobre el territorio directo, y de forma masiva.
El reto de los técnicos para acatar el propósito esencial de los Planes radica en trasladar al ejercicio de la administración pública tal conjunción de manera equilibrada, haciéndolo, incluso, a partir de la ciencia y de la tecnología.
Sin embargo, cuando apelamos a la ciencia como fundamento de la burocracia, suele aparecer el desdén, aún con mayor ahínco, respecto a las ciencias sociales, y así, un paradigma socioantropológico resultaba indispensable para el diseño e implementación de los planes, así como un despliegue cabal de la técnica en las obras públicas y de infraestructura.
La concreción de la justicia requeriría de continuidad de las obras contempladas tras la actual administración, a partir de un replanteamiento del paradigma, así como de una labor de remediación en cuanto a las obras edificadas o desplegadas sobre los territorios de los pueblos originarios.
Los Planes de Justicia tuvieron distintos formatos y manejo, por lo que la única evaluación en común es tal carencia de coordinación fundamentada en la cultura.
En cuanto a su ejecución en sí, cada plan requiere un diagnóstico distinto.
Una primera precaución se refiere al hecho de que, al referir al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la conducción de los planes, estamos ante el árbitro simbólico, mas no ante un cabal coordinador.
El conjunto de obras contempladas como parte del Plan de Justicia Yaqui, en lo general, fue responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el aspecto técnico, por lo que su ejecución lleva un mismo designio ingenieril, arquitectónico y financiero, aun cuando fueron concretadas por distintas empresas.
En el caso del Plan de Justicia Seri, en una primera etapa la instancia que coordinó los trabajos fue la Delegación Sonora de la Secretaría del Bienestar, y posteriormente y hasta la fecha, ha ejercido el encargo la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora.
Las obras comprenden los siguientes rubros:
Electrificación, vivienda, infraestructura comunitaria, obras carreteras, proyectos productivos, pesca, salud y medicina tradicional, educación, y cultura, lengua e identidad.
En esta región, las obras y proyectos han sido responsabilidad de distintas dependencias de gobierno, según su campo de acción, pertenecientes más de veinte al Gobierno Federal, y más de veinte al Gobierno estatal, y otras más al Gobierno Municipal de Hermosillo.
Entre ambos casos, el del pueblo yaqui es el que debe visualizarse con mayor preocupación.
Al hacerlo, se puede aplicar una evaluación general, al existir de inicio un claro planteamiento de los rubros por atender y acciones por realizar: vivienda, acueducto, infraestructura hidráulica y drenaje para comunidades, Distrito de Riego, banco yaqui, reconocimiento fiscal, universidad, restitución territorial, y hospital regional y seis unidades médicas rurales.
Más allá de los contextos político y sociocultural o de los motivos técnicos, se advierte por un lado, que son pocas las obras en funcionamiento, aun cuando se concluyeron las instalaciones, y esto es debido a la mala calidad, o al deterioro, de las mismas, y cuyas causas podemos examinar; por otro, se detectan obras en curso.
No obstante, antes de la evaluación específica de lo efectuado, es importante advertir un acto primigenio de injusticia, que radica en la exclusión, pues Sonora es el estado con mayor diversidad étnica en el Norte de México y uno de los de mayor pluralidad en el país y, sin embargo, hubo un criterio selectivo; los pueblos que son motivo de Planes de Justicia son:
Uno de forma magnánima (yoeme o yaqui); tres más con menor envergadura en sus planes (comcáac o seri, yoreme o mayo y makurawe o guarijío).
Otros tres pueblos originarios excluidos de la formulación de planes (kuapak o cucapá –que se les incorporó al Plan de Pueblos Yumanos, pero en cuanto al sector bajacaliforniano–, tohono o’odham o pápago y o’ob o pima); uno más con casi 120 años de asentamiento (kikapú); y tres sectores étnicos con alrededor de cuatro décadas (triqui, mixteco y zapoteco).
La población de 3 años y más hablante de lengua indígena en Sonora, según registros del Censo de Población y Vivienda 2020 fue en tal año de 62,808 personas.
Los montos asignados por región, los presupuestos ejercidos, y lo contemplado o en curso, revelan una profunda diferencia entre la atención al pueblo yaqui, y los demás.
El INPI anunció el martes la aplicación, hasta el momento, de 14 mil, 452 millones de pesos en los cuatro Planes de Justicia.
Para la etnia yoeme se han aplicado 13 mil y más de millones de pesos, mientras que lo erogado en las regiones comcáac, yoeme y makurawe, juntas, suman mil millones y fracción".
IN.- Respecto a la autodeterminación de los pueblos, ¿se respetan la autonomía, tradiciones, los usos y costumbres de las etnias sonorenses?
TCS.- "El marco normativo indica, desde el nivel local hasta el internacional, un principio relativista de respeto a aquellas creencias y prácticas que se encapsulan en la categoría de “usos y costumbres”, así como a la organización sociopolítica de los pueblos originarios.
Tal disposición general condiciona a la realización de consulta previa, libre e informada, evaluaciones de impacto ambiental y otros protocolos, que son percibidos como meros trámites o requisitos de gestión, y no como base técnica de las obras.
Sin embargo, es necesario analizar también la contraparte.
La cultura no es estática, por lo que la conciencia étnica no es ajena al vértigo identitario de la tardomodernidad.
Así, en el presente se advierten resabios de pensamiento colonizado en ciertas facciones políticas de las comunidades, y un concepto autocomplaciente de la autonomía en determinadas estructuras, que asumen el ejercicio del poder, pero no de la responsabilidad social.
En la experiencia de la creación de las obras en la región yaqui se advierten ambas situaciones referidas, siendo varios casos los emblemáticos, y uno de ellos es la vivienda.
La casa tradicional de bajareque se ha visto arrasada, y en conjunto con las obras de infraestructura hidráulica, la vivienda promovida por Conavi constituye la impronta territorial más invasiva que haya ocurrido en los asentamientos indígenas de México.
La arquitectura tradicional es el resultado de la conjunción de materiales endémicos, técnicas constructivas y conceptos socioespaciales, aunque el pensamiento liberal, o el de las nuevas generaciones de la propia comunidad, la visualiza como un indicador de pobreza.
Ambas partes concertaron pues asestar tal golpe al patrimonio cultural.
Preservar la casa cahita de ninguna forma constituye un factor de involución.
Este rubro ha sido uno de mis temas de investigación, y sobre esta materia me desempeñé como docente en el programa de Arquitectura de la Universidad de Sonora.
En distintas partes del mundo se han formulado proyectos de habitación vernácula en conjunto con profesionales de la arquitectura, generando vivienda climáticamente apropiada y culturalmente empática.
Justo sobre la vivienda yaqui, hace algunos años asesoré a un equipo de docentes y estudiantes del Tec de Monterrey que presentó ante concurso una propuesta híbrida, obteniendo un premio nacional.
Por otro lado, aparece el aspecto referente al compromiso de las Autoridades Tradicionales y de la población respecto a las obras, y que ha incidido en el estado actual de las obras que debieran estar concluidas.
Un fenómeno generalizado fue el vandalismo y la rapiña, de tal manera que hubo instalaciones hidráulicas vandalizadas, con robos de bombas de agua en tinacos y de malla ciclónica, y usos incorrectos de módulos en campos deportivos, cuando debieron ser casilleros.
Recordemos que Foucault considera desde su visión que el poder no se tiene, se ejerce.
En este sentido, el poder tradicional se aprecia como detentador de la soberanía y de la autonomía, discursivamente, pero respecto a la prevención o control de los actos delictivos internos, está ausente.
Sin embargo, la vandalización de una obra o conjunto entorpece pero no impide su funcionamiento.
El factor que sí ejerce tal efecto es la corrupción; es decir, si se designa un sector de un asentamiento para instalación de tubería de agua potable, pero no se efectúa, o se aplica sin laboratorio de suelos, sin compactación, sin acostillado correcto –en todo el territorio han aparecido socavones que han alarmado a la población–; se afecta el cabal funcionamiento inicial si se aplica un piso inapropiado, por su condición no aséptica, en una Casa de Salud.
Una techumbre incorrecta, de lámina metálica, en una oficina del gobierno tradicional o en una Casa de Cultura, sin consideración del clima de la región.
La autodeterminación debe sustentar las dimensiones necesarias y alcances de las obras y proyectos, desde los básicos, hasta los de mayor amplitud.
Así, la disposición del Distrito de Riego debe concebirse por completo destinado a los usuarios que le dan sentido en el marco del plan, y no instrumentar sobre la marcha una compartición de hasta un 50%, o cualquiera que fuese el monto, que no atendería la misma necesidad y que, incluso, ocupa un sitio opuesto en la historia que se pretende resarcir.
Un replanteamiento del paradigma debería partir de una visión socioantropológica que, además, sea la que conduzca al conjunto de dependencias gubernamentales y empresas involucradas.
Esta fundamentación partiría del hecho de que no se trata sólo de población rural, marginada o vulnerable, sino que se trata de atender, en una modalidad radical y profunda de la atención pública, a un pueblo originario.
A partir de tal visión, sería necesario establecer una coordinación que conduzca tanto las obras y proyectos, como un diálogo intercultural en el que las propias etnias de la entidad analicen sus propios conceptos de justicia, desarrollo y autonomía.
Se advierte en ambas partes, pues, un limitado ejercicio de autocrítica".
IN.- El tema del abasto de agua, ¿sigue siendo una deuda para los pueblos originarios de Sonora?
TCS.- Los pueblos originarios de Sonora habitan ecosistemas y configuraciones territoriales disímiles; es decir, algunos habitan valles, otros los arenales agrestes, otros la serranía, y en relación con cuerpos de agua, igualmente hay diferencias.
En cuanto a su territorialidad, algunos residen concentrados en una o dos comunidades, mientras otros viven dispersos entre serranías, y uno más –la etnia tohono o’odham–, se encuentra dispersa entre localidades rurales y cabeceras municipales.
No obstante, la carencia de agua para el consumo humano es, por igual, una condicionante de la calidad de vida en todos los pueblos.
En el mejor de los casos, el abasto de agua para el consumo cotidiano que se practica en las comunidades indígenas que disponen de forma silvestre de algún río, arroyos u ojos de agua –pimas y guarijíos–, tiene gran similitud con las prácticas de autoabastecimiento de uno o cuatro siglos atrás.
Otros pueblos fueron definitivamente despojados de este recurso, y de sus territorios en su conjunto, por lo que dependen del abasto mediante infraestructura moderna.
En los casos de los pueblos que son objeto de una estrategia de profusa creación de infraestructura, como es el caso de los que son sujeto de los Planes de Justicia, cabe evaluar con rigor técnico, pero incluso, desde el sentido común.
Cada toma de agua debe corresponder con un tramo de tubería, cada válvula debe responder a una red de distribución, pero hay elementos de infraestructura que son elementos escenográficos para sostener un discurso, y que en realidad, no constituyen un acto de justicia, ni de cumplimiento del derecho humano referente a la disposición de agua para consumo humano.
Puede parecer una escena surrealista, pero recordemos que en la llamada “era neoliberal” ya se inauguraban hospitales vacíos, acá mismo en Sonora".
IN.- ¿Cómo garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos a los integrantes de las comunidades indígenas en Sonora?
TCS.- "En primer término, la evaluación del cumplimiento de los Derechos Humanos en cuanto a poblaciones originarias debe partir justo de la consideración de su condición étnica, pero además, con independencia de ello, existe un sistema de evaluación internacional que atiende al principio de “Progresividad” de los Derechos Humanos.
Es decir, debemos cerciorarnos de que haya cada vez un mayor acatamiento de tales disposiciones normativas por parte de las autoridades, a partir de indicadores puntuales.
Por ello –refiriendo un elemento concreto– la cantidad de clínicas, por sí misma, no necesariamente indica que se han cumplido o ampliado los Derechos Humanos, si se omite el contexto poblacional, el estado del equipamiento o la calidad de los servicios médicos.
Mucho menos, la grandilocuencia estética o arquitectónica de las obras sería un factor a considerar.
El pleno respeto debe asumir el compromiso de una labor de gobernanza que, por una parte, vincule a las instancias estatales impelidas en primera instancia, para garantizar el cumplimiento de tales derechos; para ello, debemos priorizar las categorías fundamentales de la vida digna, tanto en una escala comunitaria, como en lo individual.
Así, categorías que aparecen como fundamentales son: educación, salud y justicia (en su sentido jurídico, no en el político-discursivo).
Respecto al rubro de la gobernanza, se identifica el hecho de que cada sector de la administración pública, en cualquiera de sus niveles, se constriñe a los paradigmas que la han sustentado, en la práctica diaria, desde el inicio de la era neoliberal en el país, caracterizándose por una carencia de ánimo transversal en la práctica y transdisciplinario en su sustento científico-aplicado.
El rubro de la cultura es pleno ejemplo.
En primera instancia, es necesario asentar que un rubro de los Planes de Justicia referente a cultura, y en ello participan diversas instancias de la Secretaría de Cultura.
Más allá de la reseña de acciones como talleres de cultura comunitaria, debe advertirse que las labores emprendidas soslayan las normas locales e internacionales que disponen acciones culturales fuera del ámbito estrictamente “cultural”, desatendiendo así marco legislativo, y a organismos o programas referentes a salud intercultural, o administración y procuración de justicia, por ejemplo.
Se asume de antemano, que a las Secretarías o Institutos de Cultura no corresponden tales labores.
Cabe plantearse: ¿han participado o participan las mencionadas dependencias en la creación o funcionamiento de los Comités de Interculturalidad en Salud que, de hecho, existen en determinados centros médicos?; ¿contribuyen tales instituciones culturales al constante requerimiento de intérpretes o traductores por parte de las instancias judiciales?".
IN.- Prevalece la pobreza, marginación y desigualdad social en las etnias, ¿cuál es el camino que los conducirá hacia la justicia, atención oficial y respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios en Sonora y México?
TCS.- "La autodeterminación implica grandes retos para las diversas partes involucradas, refiriendo con “partes” a sectores poblacionales, todos en su diversidad cultural; pero, también: instancias de gobierno, gremios profesionales, grupos civiles, Organismos No Gubernamentales, organizaciones multilaterales.
El mayor desafío reside en la primera de las partes, la población, pues el camino que resulta el conducente a la autodeterminación es el que conduciría a diálogo interno, reconstructivo de la comunalidad, y de reformulación propia de la autonomía.
Los demás sectores que refiero, que son propios del mundo del yori, del cöcsar o del “hombre blanco”, saben, o sabemos en mayor o menor medida, cuáles son nuestras obligaciones normativas, y aquella contraparte político-cultural se encuentra al lado para señalarlo y denunciarlo al ser necesario.
No obstante, el autoexamen de conciencia étnica, y de eventual formulación de una estrategia de persistencia, corresponde a los propios pueblos.
Ahora bien, la pobreza, marginación y desigualdad social no lograrán abatirse con el reconocimiento y fomento de la autodeterminación, únicamente.
Antecede a este reto un factor estructural:
La economía capitalista, que se materializa en la amenaza de la agricultura titánica, el acecho de un gasoducto transnacional, el destino infranqueable como mano de obra en una zona maquiladora aledaña al territorio propio.
Las cosmogonías de los pueblos originarios, la historia de cada uno, las aspiraciones que les mantienen mirando al horizonte con esperanza o con una ilusión derrotada en su decir, deben ser, como decía don Guillermo Bonfil Batalla, 'los recursos que resulta necesario poner en juego' para lograr su reivindicación".
