Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Río Sonora (IN).- Ni con el pétalo de una rosa, el presidente de México ha tocado a Germán Larrea y menos ha metido las manos para atender al Río Sonora.
En entrevista con para este medio binacional Irreverente Noticias, la doctora Reina Castro Longoria destaca que hoy más de mil habitantes de la región están enfermos y en sus cuerpos al menos 5 metales pesados los mantienen en constante agonía.
El derrame tóxico más salvaje de la historia en México, la causa.
La Dr. Castro Longoria lamenta la omisión e insensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador con la población del Río Sonora.
Expresa que esto demuestra la sumisión al dueño de Grupo México y la inhumanidad al Río Sonora.
Apunta que la gente afectada y contaminada con metales pesados, sufre una lenta agonía ante la falta de atención médica.
Dermatitis, gastroenteritis, entre otras afectaciones por los altos niveles en sus cuerpos de varios contaminantes como Cobre, Arsénico, Aluminio, Cadmio, Cromo, Fierro, Manganeso y Plomo.
Las promesas de solución, remediación y reparación del daño siguen en el aire como otra contaminación ambiental.
Señala que la gente ya está cansada y enferma, sin ser escuchada ni atendida por el Gobierno de México.
Expresa que en 5 años, López Obrador no ha mostrado sensibilidad ni humanismo en la peor tragedia ecológica de la historia provocada por Grupo México.
Sin embargo, aún queda un año para cumplir su promesa de justicia para el Ŕío Sonora.
La tragedia
A más de 9 años del derrame tóxico de "Buenavista del Cobre", ni la remediación ni la justicia llegan a las familias del Río Sonora.
Desastre ecológico, contaminación, enfermedades, pérdidas económicas, corrupción e impunidad, son el balance al día de hoy de la peor tragedia ambiental en México.
Derrame
Este medio registró que el 6 de agosto del 2014, el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre (CuSO4) en la mina de Cananea, Sonora, provocó daños en la salud de los pobladores de la región.
Dermatitis y gastroenteritis, son un ejemplo de ellas por los corrosivos que contiene el agua de uso regular en los 8 pueblos del Río Sonora.
El daño no sólo fue por derrame en sí por parte de la empresa “Buenavista del Cobre”, propiedad del Grupo México.
Existe evidencia de contaminación en el agua, misma que se concentra en la base estructural de la presa “El Molinito” con metales pesados.
Habitantes de Ures, con plomo en su sangre, reclaman la falta de atención médica luego de la promesa de la instalación de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas) que aún esperan.
A la fecha, el Gobierno federal y Grupo México solamente reconocen a 381 habitantes enfermos a causa de los materiales tóxicos de ese 6 de agosto del 2014.
El encauce del Río Sonora va hacia la presa “El Molinito” la cual desborda en la presa “Abelardo L. Rodríguez” causando principalmente contaminación en los municipios de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.
A su vez se ha encontrado contaminación en distintos pozos que surten del vital líquido a gran parte de la ciudad.
Las medidas de restricción del agua por parte de la Conagua fueron que la población se desistiera de utilizar el agua del río y de los 322 pozos y norias (125 de uso agrícola, 80 de pecuario, 72 de urbano-agua potable y 45 de diversos usos), ubicadas a 500 metros a cada margen del río.
Al analizar el agua contaminada, el primer estudio resaltó que había niveles fuera del margen establecido de distintos contaminantes como Cobre, Arsénico, Aluminio, Cadmio, Cromo, Fierro, Manganeso y Plomo.
Lo anterior, causó daño en las cosechas y en el ganado de la región, así como la fauna y el mismo ecosistema que rodea al Río Sonora.
Al día de hoy, se erigen construcciones a medias de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas).
Corrupción
Además, los más de 24 mil afectados reclaman el desfalco multimillonario en el Fideicomiso Río Sonora.
Aseguran que funcionarios estatales, federales y familiares del dueño de Grupo México, Germán Larrea, se beneficiaron con parte de los 2 mil millones de pesos que serían para reparar y remediar el severo daño en la región.
Se conoce que de los 2 mil millones de pesos, sólo fueron utilizados mil 250 y se ignora el destino de los últimos 750 millones de pesos.
Altos directivos del Grupo México aseguran que los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso fueron entregados a la Semarnat, Conagua y Profepa; sin embargo, se cree que aún faltan al menos 750 millones de pesos.
Además, con el derroche indiscriminado y desorientado de más de mil 250 millones de pesos del Fideicomiso Río Sonora, se corrompió a la gente que inventaron para cobrar cheques la existencia de hijos, empleos y tierras, haciendo fila para recibir dinero.
Incluso gente de Hermosillo se benefició sin ser afectado del derrame tóxico del Grupo México.
Además, sobran los discursos demagogos, existen más de 500 personas enfermas y se alza un peligro latente de otro derrame que repita la triste historia:
Río Sonora, derrame y corrupción.
Sin remediación
"No hubo remediación", aseguran integrantes de los Comités de Cuencas del Río Sonora.
Los habitantes de la región, señalan que así lo determinó la Semarnat en un estudio reciente.
Los afectados por el derrame tóxico de la mina "Buenavista del Cobre", exponen que "un nuevo resolutivo de la Dggimar revela que, posterior al derrame minero tóxico de 2014, no hubo remediación en el Río Sonora".
Precisan que "esto echa abajo la tan publicitada conclusión de los Programas de Remediación del año 2016, que dio paso al cierre del Fideicomiso y fue pieza clave para convalidar incumplimientos en las reparaciones que continúan pendientes".
Ante las irregularidades, se ordena a la minera modificar Planes de Remediación en el río, bajo estándares más protectores al ambiente y a las personas.
Establecen que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió un nuevo Resolutivo sobre la remediación en el Río Sonora.
Lo anterior, "derivado de los juicios de amparo que hemos presentado los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS)".
Expresan que "el documento corrobora lo que hemos denunciado durante años: la tan prometida remediación y las sanciones por la actuación corporativa irregular no ocurrieron; a pesar de lo anunciado y repetido en declaraciones oficiales en el marco de la maquinaria propagandística que fue echada a andar en su momento".
Esta nueva información, "echa abajo la conclusión de los Programas de Remediación de diciembre de 2016, además deja en evidencia que en repetidas ocasiones hubo cálculos que partieron de premisas equivocadas o falsas, lo cual condujo a conclusiones erróneas, que desprotegieron a las personas y al medio ambiente".
A pesar de que las faltas graves no fueron subsanadas, se aprobó la conclusión de los Programas de Remediación en 2016 y en 2017, cercano al cierre del Fideicomiso Río Sonora, se siguió advirtiendo la existencia de esas discrepancias y se hizo de conocimiento de la Profepa para la implementación de medidas.
Sin embargo, "hasta la fecha, no hay constancias de que la Profepa haya realizado alguna inspección o vigilancia, como le correspondía".
Consideran que "es totalmente irregular que esto ocurriera con posterioridad a la Conclusión de los Programas de Remediación, pues la ruta normal hubiera sido que se atendiera, se pagara la multa y hasta entonces se estaría en posibilidades de concluir".
Explican que las toneladas de suelo a remediar y lo reportado finalmente por las empresas, son inconsistentes.
Sostienen que "la empresa argumentó que se trataba de una variación entre las básculas; sin embargo, la diferencia en la cantidad es suficientemente grande (28.7 toneladas) como para explicarse de esta forma".
Además, cabe recordar que las empresas estaban obligadas a tener un control sobre los residuos peligrosos que permitiera un seguimiento cuidadoso de las cantidades, mismas que debían coincidir.
En las Zonas 2 a 5, que están habitadas, "las empresas deliberadamente hicieron cálculos para casos donde no hay población humana y no se dictaron medidas para remediar, siendo que a lo largo de la Cuenca del Río Sonora existen alrededor de 23 mil personas habitantes".
En el nuevo resolutivo, la Dggmar concluye que se debieron haber realizado acciones de remediación también en estas zonas, tal y como las personas afectadas han reclamado a lo largo de los años.
También se aborda el tema de sedimentos.
El derrame corrió en un río, contaminándolo, por lo que, según señala la Dggimar "era necesaria una postura oficial al respecto de la Conagua, institución que, hasta la fecha, solamente se ha pronunciado sobre la calidad del agua".
Además, el compromiso de la Conagua "era monitorear los sedimentos y calidad del agua por cinco años, concluyendo en 2019 y emitir un pronunciamiento final, en relación con los sedimentos hasta la fecha seguimos esperando".
Desde los Comités de Cuenca Río Sonora "denunciamos que el rumbo y las actitudes adoptadas por la Conagua, la Cofepris y la Profepa a lo largo de los años en este caso son inaceptables".
Dicha actitud "ha sido más profunda y con peores resultados para las personas afectadas".
También "encontramos que lo que ocurrió posterior al derrame minero, fue un entramado de simulaciones en donde únicamente ganó el beneficio privado empresarial".
A estas tres instituciones "les hacemos un llamado a enderezar el rumbo que han adoptado a la fecha".
Sus reiteradas maneras de trivializar los reclamos legítimos del pueblo afectado, "sus vacíos, silencios, obstáculos y su legalismo untuoso aniquilan toda posibilidad de acceder a la justicia".
"Rechazamos su opacidad, sus silencios despreciativos, sus reiteradas alegaciones de incompetencia, su inoperancia, servil a los actores que detentan fuerza económica; repudiamos sus intentos por banalizar a la población afectada, que usan como herramienta para apuntalar la mentira de las empresas, cuando la historia, la documentación del caso y las normas dicen lo contrario"..
Estos logros pueden quedar muy disminuidos "si no van acompañados de acciones concretas que protejan a la población y al ambiente, mismas que se deben implementar en paralelo a las acciones efectivas de remediación y acompañadas de una reconfiguración radical en las relaciones entre Estado, movimientos y empresas, en las que nunca más los derechos de las personas sean colocados en segundo plano al anteponer el beneficio privado, como ocurrió en nuestro caso".
Finalmente, "hacemos de conocimiento que las empresas responsables podrían interponer recursos legales para que la remediación se pierda en una vereda burocrática interminable, la opinión pública debe saber que ello sería ilegítimo y que no releva ni a Grupo México ni al Estado de su responsabilidad, solamente incrementará su deuda con el Río Sonora".
A pesar de saber que difícilmente hay justicia en territorio arrebatado para el beneficio privado, "no nos desanimamos, seguimos en pie en el camino emprendido por remediación, no repetición, verdad y justicia, saber que estamos en la brecha por la vida y por el futuro es nuestra fortaleza".
Los Comités de Cuencas del Río Sonora está conformados por habitantes de los municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
La impunidad
La Sección 65 enlistó la larga estela de delitos, devastación, contaminacion, muertes, corrupción e impunidad del dueño de Grupo México.
Desde los 63 mineros fallecidos en el derrumbe de la mina en Pasta de Conchos, hasta el derrame tóxico del Río Sonora.
Por esta razón, los mineros huelguistas de Cananea piden al presidente Andrés Manuel López Obrador "reabrir todos los casos impunes de Germán Larrea".
Lo anterior, porque "Larrea debe pagar por todos sus delitos en Sonora y México".
En este sentido se pronunció la Sección 65 que enlistó una larga "estela de corrupción e impunidad del dueño de Grupo México coludido con autoridades de los tres niveles de Gobierno y Poderes de la Unión".
Además piden al presidente que "no le tiemble la mano" y lleve a juicio al empresario.
Los mineros huelguistas de Cananea expresan que "una vez más el barón Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, se ve envuelto en serias acusaciones que lo señalan en actos delictivos como ya es su costumbre".
Por ello "es oportuno señalar que ahora no son las víctimas los que los acusan de innumerables atropellos, sino nada más y nada menos que el gobierno de la 4 Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador".
Lo anterior por desconocer los acuerdos firmados "por los directivos de Grupo México y el Gobierno federal de retirar las demandas por 5 mil millones de pesos, por el tramo 5 sur del tren Maya y la retención de recursos públicos propiedad del Estado mexicano, después de haber dado por terminado el contrato por incumplimiento.
Lo anterior, derivó que tomara posesión la Marina para continuar con este importante proyecto que beneficiaría a miles de mexicanos en el Sureste del país.
Precisan que "para nosotros, como víctimas de este barón Germán Larrea, no es nada nuevo, hay que recordar que aún tiene deudas pendientes no sólo en Sonora".
Describen que la huelga que mantienen los mineros de Cananea pertenecientes a la Sección 65, misma que "desde su inicio fue legal luego de recorrer todos los tribunales en materia de trabajo el 14 de abril de 2009, así nos la teconocen y al mismo tiempo una jugada perversa e ilegal de parte de la empresa y autoridades del Trabajo con el apoyo y respaldo de unos de sus abogados más corruptos, Fernando Gómez Mont".
El ex secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón "y su porro Javier Lozano Alarcón; los 3 en la nómina de Grupo México los mismos que golpearon al SME y a Mexicana de Aviación".
Ellos "nos robaron el estado de Derecho, al negarnos garantías judiciales, obstaculizando en todo momento el acceso a la justicia".
Este grupo formuló "la terminación de la huelga por causas de fuerza mayor no contemplada en la ley y con una inspección por parte de sus cómplices de la Secretaría de Economía que nunca se llevó a cabo y que el día 6 de junio de 2010, rompiera la huelga con más de 5 mil elementos de la Policía Federal comandada por el hoy delincuente preso en EU, acusado por delincuencia organizada y narcotráfico, Genaro García Luna".
Narran que "en ese entonces, el único que se pronunció por los mineros, aparte de sus dirigentes nacionales y locales, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador".
El presidente "calificó el acto como abuso de poder, por el tráfico de influencias y las malas decisiones de las autoridades".
Sin embargo, "esto no limitó nuestra lucha como mineros, sino todo lo contrario, de la mano de nuestros dirigentes del Sindicato Minero Nacional buscamos la justicia en el plano internacional".
De esta manera "fue como se llegó a la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humano), quien después de valorar nuestro caso en mayo del 2021, aceptó las graves violaciones a nuestros derechos humanos".
En la estela de impunidad está la peor tragedia ambiental en la historia de la minería moderna de México.
En esta tragedia "se derramaron más de 44 mil metros cúbicos de acidulados de cobre cargados de metales pesados, esta pudo ser evitada si las autoridades hubieran atendido las demandas de los mineros de la Sección 65".
Desgraciadamente, "el 6 de agosto de 2014 la vida les cambió y afectó severamente a más de 25 habitantes de los 8 municipios de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, quedando demostrado que los gobiernos de Enrique Peña Nieto fueron cómplices directos del barón Germán Larrea".
El propio gobierno levantó la contingencia dejando "abandonados a su suerte a los afectados, sin remediar los ríos más importantes del estado de Sonora".
De esta manera, "se les negó la reparación integral de los daños provocados al verter sustancias tóxicas cargadas de metales pesados y que hasta el día de hoy la empresa responsable Grupo México sigue gozando de total impunidad".
El 9 de julio 2019, la empresa Metalurgia de Cobre S. A. de C. V. subsidiaria de Grupo México, derramó más de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, sin que hasta el momento se le aplique un castigo.
Además de los innumerables volcamientos de las pipas de Ferromex que a diario transitan por las vías que conectan hacia el extranjero con Nogales y Agua Prieta.
En múltiples ocasiones han generado varios descarrilamientos y derrames en Esqueda, Sonora, Agua Prieta Naco y Santa Cruz, Nogales, sin que las autoridades se atrevan a tocar ni con el pétalo de una rosa.
Son innumerables los "actos delictivos los que se le atribuyen al barón, nunca olvidaremos el homicidio industrial causado en contra de los compañeros mineros de Pasta de Conchos en Coahuila, donde hasta la fecha siguen sepultados 63 de ellos bajo toneladas de odio y desprecio de este barón Germán Larrea, quien nunca hizo el intento de rescatarlos".
Lo anterior, al contar siempre con el apoyo de la autoridad, "dando por terminada la búsqueda y cancelando el rescate al quinto día de la tragedia, olvidándose de sus viudas y los huérfanos".
De igual manera, "las huelgas mineras de Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas que desde su inicio fueron legales y hasta la fecha no ha habido autoridad que logre sentar al barón de la minera y pueda solucionar las 3 huelgas de las Secciones 17, 201 y 65 perteneciente al Sindicato Nacional que encabeza nuestro presidente y Secretario General, senador Napoleón Gómez Urrutia".
Los mineros de Cananea señalan "que este barón es y ha sido uno de los principales opositores a la 4 Transformació de nuestro país y enemigo
público #1 de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que siempre ha manifestado su descontento hacia su persona, quien además públicamente y mediante una carta firmada por él, solicitó a los trabajadores del país no votar por nuestro presidente".
Su temor más grande "fue ya no tener el control en la Presidencia y las Secretarías de Estado que siempre estuvieron a su favor en contubernio con los poderes Legislativo y Judicial que siempre estuvieron a su servicio".
La corrupción permitió todos los privilegios "al barón que fueron desde no pagar impuestos hasta obtener concesiones mineras, carreteras, explotación de los recursos energéticos puertos marítimos, los que ha obtenido bajo la estela de la corrupción y siempre amparado por los gobiernos en turno quienes le permitieron todos estos abusos para saquear al país".
Como víctimas de todos los agravios cometidos contra el pueblo de México, "sólo exigimos justicia para todas las víctimas que por muchos años hemos buscado el acceso a la justicia, sólo pedimos señor presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiemble la mano para reabrir cada caso y que tengamos las garantías judiciales para poder obtener la justicia tan anhelada que nos fue negada por Germán Feliciano Larrea Mota Velazco y los gobiernos neoliberales".
Esta impunidad y corrupción le permitieron "generar riqueza que lo convirtió en el segundo hombre más rico de nuestro país y el 53 más rico del mundo, pasando para ello por encima de nuestros derechos humanos, que en todo momento debieron ser tutelados por las autoridades en turno y sólo demostraron su empatía y obediencia al barón señalado como el más corrupto de todos los tiempos".
El posicionamiento lo firman los integrantes de la Comisión Negociadora de los mineros de Cananea Sección 65, Heriberto Verdugo Martínez, Delegado en Sonora del Comité Ejecutivo Nacional; Nabor Duarte Herrera, Secretario General Sección 65; Jacinto Martínez Serna, Secretario del Trabajo y Antonio Navarrete Aguirre y Martín Manuel Montiel Borbón, comisionados.
