Por
Ortiz y Carlos Guillermo León Rodríguez.
El 10 de diciembre de 2019, el Pleno del Senado de la República designó a Mara Gómez Pérez, como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un período de cinco años sin posibilidad de reelección, quien a pesar de contar con ciertas credenciales académicas y trayectoria profesional, no tenía ninguna experiencia con el trato a víctimas , deficiencia que ahora ha paralizado a toda la institución que encabeza.
A ello se le suma que durante 13 años trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación , por lo que existe la duda respecto a su cercanía , con la hoy Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero , lo que explicaría el por qué llegó ahí y esté “tan protegida”.
2. Las primeras acciones que realizó la Titular de la CEAV, fue paralizar todas las medidas de apoyo y asistencia que las víctimas requieren para cubrir sus necesidades básicas, y muchas de las cuáles se encuentran en situación de riesgo inminente, que tienen amenazas de muerte por ejemplo. Asimismo, se negó a recibir en persona a colectivos y personas en lo individual.
Lo que pareciera “normal” al principio de cualquier administración - después del desastre que dejó el ex-Comisionado Jaime Sergio Rochín del Rincón, y quien salió abruptamente, frente a los reclamos que hicieran familias víctimas del incendio en la Guardería ABC, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del décimo aniversario de la tragedia - se convirtió en la forma de actuar y expresarse de la Comisionada.
Ante la presión social y en medios de comunicación, a partir del 24 de diciembre por instrucción de Gobernación, comenzó a recibir a las primeras víctimas. En estas reuniones no hizo más que evidenciar su desconocimiento absoluto de Ley General de Víctimas, y su complacencia con las autoridades responsables. Enseñó sus cartas muy pronto, su función sería y es, ser una Comisionada por y para el gobierno.
En dichas reuniones, manifestó no conocer ni siquiera cuáles son las cinco medidas de reparación, a saber la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición ; bien dicen por ahí, que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Todo esto puede ser probado con los audios y demás manifestaciones que se tienen.
Como medida para legitimarse, se ha tomado un sin número de fotos en donde simula que hace y atiende a las víctimas, pero las estadísticas demuestran lo contrario.
3. La actuación de la CEAV, con esta Comisionada, así como con sus antecesores, no se ha caracterizado por respetar el principio de legalidad, ello se prueba con el hecho de que durante 2018, fueron revocadas mediante el juicio de amparo, 63 resoluciones de reparación del daño por no estar apegadas a derecho (solicitud 00633000170190); mientras que para el 2019 se promovieron 64 amparos, de los cuales 18 se encuentran en fase de cumplimiento, al 6 de febrero de 2020 (solicitud 006300000420).
Entre esas primeras declaraciones que hizo la Comisionada dejó muy en claro que continuaría litigando en contra de las víctimas a cómo diera lugar. En otras palabras, que utilizaría recursos públicos, para disminuir o impedir el acceso de las víctimas a sus derechos vía tribunales. Ahí comenzaron una serie de conductas que son probablemente constitutivas de delito; entre las que se destacan algunas de las mas relevantes:
I. Declaró con falsedad ante autoridad judicial, al asegurar a un juez que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), con que cuenta esta Comisión, tiene recursos por la cantidad de $234,900,000.00 M.N. (doscientos treinta y cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N), cuando ese era el sobrante del ejercicio 2019, y para el 2020, tiene un presupuesto asignado por $430,113,965.00 (cuatrocientos millones treinta mil ciento trece mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
II. Declaró con falsedad ante autoridad judicial, al asegurar a un juez que la CEAV había erogado un total de $368,498,857.34 M.N. (trescientos sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 34/100 M.N.), para “X” colectivo de víctimas, contabilizando instrumentos de los cuales no forma parte ni tiene ninguna participación presupuestaria.
III. Suspendió todos los pagos de medidas complementarias de compensación, lo que viola la Ley General de Víctimas, su Reglamento y las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
IV. Ha incumplido sistemáticamente con sentencias de amparo que ya están en fase de cumplimiento, y que no aceptan ningún otro recurso legal, por ello, diversos juzgadores de distrito en materia administrativa le han impuesto multas y medidas de apercibimiento, se han abierto incidentes de inejecución ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, y existe un proyecto de “sepárese y consígnese”.
Adicionalmente, para retrasar el acceso a la justicia, la Comisionada ha remitido constancias que no tienen relación con los cumplimientos, y ha acudido personalmente ante los juzgados y tribunales, haciendo gala de su “influencia” en el Poder Judicial de la Federación, para litigar contra sus contendientes, las víctimas.
Lo anterior además de violar el derecho a la reparación que tienen, es contrario a la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) y jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), toda vez que el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualiza cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes, es una forma de INCUMPLIMIENTO.
4. En este escenario, la Comisionada Ejecutiva además ha utilizado los recursos institucionales para hostigar y denunciar a las víctimas que se han atrevido a alzar la voz y hacer un reclamo social ante todos los atropellos vividos .
El descaro de la Comisionada no tiene límites, no solo procedió penalmente en contra de víctimas que ejercían su derecho a manifestarse, además ha utilizado esa denuncia para justificar la falta de cumplimiento a las sentencias de amparo, es decir, que ha incluido las constancias de la denuncia, en cada uno de los juicios, lo que que evidentemente genera una victimización secundaria.
5. Por estos y otros hechos, el pasado 26 de febrero de 2020, una familia víctimas de “x” presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la Comisionada Ejecutiva, Dra. Mara Gómez Pérez y quien resulte responsable, por el delito de abuso de autoridad y declaración con falsedad ante autoridad judicial. Sin embargo, la Fiscalía ha sido omisa hasta la fecha en informar cuál es el estado que guardan las investigaciones.
6. El 11 de marzo de 2020, el diario El Universal publicó la nota: “TODOS CREEN QUE SOMOS LA LOTERIA, CRÍTICA COMISIONADA A VÍCTIMAS; REVELAN AUDIOS”, en la que se filtraron audios en los que la Comisionada se expresa con desprecio hacia las víctimas y hace alarde de su influencia sobre el Poder Judicial.
En ese sentido, resulta evidente que la Comisionada tiene la dolosa intención de incumplir con las sentencias de amparo, y que para ello está utilizando su “influencia” en el Poder Judicial de la Federación.
7. El 12 de marzo de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con las familias de Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora; contrario a lo que esperaba el mandatario, la reunión terminó tensa y antes de tiempo, se salió apresuradamente y enojado. ¿El motivo?, el reclamo colectivo de las familias para que se destituya inmediatamente a la Comisionada Ejecutiva Mara Gómez Pérez y que el Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, deje de ser intermediario, porque contrario a todo lo que “prometió” el Presidente sobre la reconciliación nacional, ambos funcionarios, hoy son los principales culpables de que a las víctimas no se les otorgue verdad, justicia y reparación.
8. Ese mismo 12 de marzo, el diario El Universal, publicó una diversa nota titulada “ABOGADOS VEN CAJA DE DINERO SIN FIN EN LA CEAV” , en la que se advierten las siguientes declaraciones de la Comisionada Ejecutiva:
“¿Hay amparos confirmados?
Si, pero eso no quiere decir que no haya forma de cambiarlo. Es cierto que el hecho de que haya mucha resistencias te pone el lazo en el cuello y lo hace más complicado, pero eso no quiere decir que no haya defensa, pero no puedo contarte por cuestiones de estrategia”.
Lo anterior constituye un absurdo legal y pone de manifiesto su dolo, porque sabiendo que la mayoría de las sentencias que han favorecido a las víctimas, se encuentran confirmadas y que ya no aceptan algún otro recurso que las modifique, la Comisionada asegura que hay forma de cambiarlo, de lo cual se deduce que no le importa actuar ilegalmente para impedir su cumplimiento.
9. El 15 de marzo de 2020, el semanario PROCESO, publicó un anota que se titula “CEAV, RESISTENCIAS AL CAMBIO”, en la cual en la segunda página tercer párrafo la Comisionada manifiesta:
“que hasta el momento me han impuesto seis multas, cada una por 8 mil 400 pesos, las cuales les he impugnado. No obstante, si los jueces o magistrados determinan que debo pagar esas multas, lo voy a hacer con mucho gusto y desde luego ese dinero saldría de mi propio dinero, no del Estado”
Nuevamente, la Comisionada evidencia su abuso de autoridad ya que prefiere pagar multas que cumplir con las sentencias de amparo, así como falsedad toda vez que dichas multas no las puede pagar de su dinero privado, ya que son impuestas en su calidad de autoridad responsable.
Es del conocimiento público, y puede consultarse a través de redes sociales, que la Comisionada Ejecutiva ha tratado con especial desprecio a los colectivos de víctimas de Guardería ABC, del “granadazo” del 15 de septiembre en Morelia, a periodistas desplazados y agredidos, familiares de desaparecidos; ha retirado apoyos a víctimas del albergue de “Mamá Rosa”, así como a familiares y víctimas en lo individual como el caso de Hector Casique Fernández, quien fue torturado y asesinado y que su familia tuvo que huir del país por las amenazas de muerte; o del niño Ismael Mondragón Molina, a quien lo mató la negligencia médica, entre muchos otros. Sería imposible enumerar la lista de personas agraviadas por Mara Gómez Pérez.
Entonces, queda la interrogante en el aire, sobre sí el Presidente, aunque no es muy dado a escuchar, atenderá a los reclamos de decenas de víctimas, que piden que se destituya a la funcionaria, porque para ellas, el haber perdido a un familiar, a un hijo o un amigo, y/o sufrir en carne propia las consecuencias de violaciones a derechos humanos o del delito, no fue sacarse la lotería, nadie pidió estar en esa situación; quién si se la ganó, fue la Comisionada Ejecutiva, que gana casi doscientos mil pesos al mes por despreciar, denunciar y agredir a las víctimas. Es la tiranía de la Comisionada Ejecutiva.
