- Tras años de negarlo, el gobierno reconoce que el gas de lutitas será clave para reducir la dependencia energética de Estados Unidos.
Durante años, la palabra fracking fue políticamente impronunciable en la política energética mexicana. Bajo el argumento de la soberanía energética, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó públicamente el uso de la fracturación hidráulica para explotar gas de lutitas. Sin embargo, la realidad del sistema energético terminó por imponerse.
Ahora, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a reconocer, aunque sin nombrarlo abiertamente, que México necesitará desarrollar yacimientos no convencionales para reducir su creciente dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos.
Ernesto Madrid
El giro quedó expuesto en la presentación de la política energética realizada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien delineó un plan para duplicar la producción nacional de gas y fortalecer el sistema eléctrico. Hoy el país consume alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios, pero Petróleos Mexicanos apenas produce 2.3 mil millones, mientras cerca del 75 % del suministro proviene de Estados Unidos, principalmente de Texas.
La dependencia no es menor. Más del 60 % de la generación eléctrica en México depende de plantas de ciclo combinado que operan con gas natural. Cualquier interrupción en el suministro puede afectar directamente la estabilidad del sistema eléctrico. Ya ocurrió en 2021, cuando una tormenta invernal en Texas provocó cortes de gas y apagones en el país.
Aunque el gobierno no ha colocado el término fracking en el centro del discurso, la estrategia implica precisamente el desarrollo de gas de lutitas, que requiere fracturación hidráulica. Esta técnica consiste en perforar a grandes profundidades e inyectar agua, arena y químicos a presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos atrapados.
El reconocimiento implícito representa un cambio relevante respecto al sexenio anterior, donde el fracking se convirtió en un tabú político, pese a que México importaba gas producido con esa misma técnica desde Estados Unidos. El nuevo diagnóstico parte de una realidad difícil de ocultar: México tiene reservas potenciales de shale gas entre las mayores del mundo, pero no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para explotarlas a gran escala.
El plan energético contempla que Petróleos Mexicanos lidere el desarrollo de estos recursos mediante contratos de servicios y esquemas de operación compartida con inversionistas privados, una fórmula híbrida que intenta atraer capital sin repetir el modelo de apertura total de la reforma energética de 2013.
Especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad advierten que el desafío no es menor. Desarrollar shale gas requiere perforar cientos de pozos y grandes inversiones, algo difícil para una empresa con presiones financieras y una producción petrolera que en dos décadas cayó de más de tres millones de barriles diarios a cerca de la mitad.
Además, la rentabilidad es incierta. Con precios internacionales de gas cercanos a los tres dólares por millón de BTU, el costo de producir en México podría superar los precios de mercado.
El gobierno plantea elevar la producción de gas hasta 5.8 mil millones de pies cúbicos diarios hacia 2030 y aumentar la participación de energías renovables del 24 al 38 %. Sin embargo, incluso si las metas se cumplen, México seguiría importando volúmenes importantes. El verdadero objetivo no sería alcanzar una soberanía energética total, sino reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico frente a decisiones externas.
En el fondo, el debate ya no gira en torno a si México debe o no explotar el shale gas, sino cómo hacerlo sin repetir errores regulatorios, ambientales y financieros del pasado. Porque el recurso existe bajo tierra. La incógnita, más que geológica, sigue siendo institucional.
Nueva ley de inversión abre dudas fiscales
La nueva Ley de Inversión en Infraestructura Estratégica pretende acelerar proyectos mixtos entre el Estado y el sector privado en un momento en que México busca aprovechar el nearshoring. Sin embargo, el análisis de Citibanamex advierte que el verdadero cambio no está en la inversión, sino en la flexibilización del manejo fiscal. Al modificar reglas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para permitir esquemas extrapresupuestarios, el gobierno abre la puerta a proyectos más ágiles, pero también a mayor opacidad y acumulación de pasivos contingentes.
En un entorno donde el margen fiscal ya es limitado por presiones estructurales del gasto, el riesgo es que la inversión pública se impulse fuera del presupuesto formal, debilitando la disciplina fiscal y la credibilidad de las finanzas públicas. Más aún, la reforma no toca el problema de fondo que ha frenado la inversión en los últimos años: la pérdida de confianza del sector privado asociada al deterioro institucional y al debilitamiento de los contrapesos.
En síntesis, la ley busca destrabar proyectos estratégicos, pero podría hacerlo a costa de mayor riesgo fiscal y menor transparencia.
@JErnestoMadrid
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