- Doble golpe a la economía mexicana mientras el gobierno aplaude las elecciones judiciales, pero descuida polos prioritarios
En medio de un contexto electoral marcado por la baja participación ciudadana y reformas institucionales controvertidas, la economía mexicana sufre un fuerte retroceso en dos de sus pilares fundamentales: la inversión pública en infraestructura y las remesas familiares. Ambos indicadores, con impactos económicos y sociales profundos, ponen en entredicho la viabilidad del llamado Plan México, eje del desarrollo regional y productivo propuesto por el Gobierno federal.
Ernesto Madrid
En medio de un contexto electoral marcado por la baja participación ciudadana y reformas institucionales controvertidas, la economía mexicana sufre un fuerte retroceso en dos de sus pilares fundamentales: la inversión pública en infraestructura y las remesas familiares. Ambos indicadores, con impactos económicos y sociales profundos, ponen en entredicho la viabilidad del llamado Plan México, eje del desarrollo regional y productivo propuesto por el Gobierno federal.
El mayor recorte en inversión pública desde 1995
Entre enero y abril de 2025, la inversión en infraestructura del Gobierno federal, sin considerar a Pemex, cayó 33.9% en comparación con el mismo periodo de 2024. De acuerdo con el análisis del centro México Evalúa, se trata del mayor recorte interanual desde 1995 y el nivel más bajo desde 2021. El ajuste responde a la necesidad oficial de contener el déficit fiscal, pero los efectos son regresivos: se frena la obra pública, se paralizan proyectos regionales y se debilita la respuesta ante emergencias como la sequía.
El impacto en sectores clave —como transporte, desarrollo agrícola y conectividad energética— representa un golpe directo al llamado Plan México, estrategia gubernamental que busca integrar polos de desarrollo en el sur y fomentar la autosuficiencia alimentaria e industrial. Sin inversión sostenida, el plan pierde capacidad de ejecución y queda como una promesa debilitada ante las realidades presupuestarias.
Aumento a Pemex, pero sin beneficios netos al Estado
Mientras tanto, la inversión en Pemex aumentó debido a la reducción de la carga tributaria a la empresa. Sin embargo, los beneficios para las finanzas públicas son mínimos: en abril, Pemex aportó 90.6 mil millones de pesos a la Federación, pero recibió de vuelta 88.4 mil millones. El Estado obtuvo solo 2.2 mil millones de pesos netos, en un entorno donde el costo financiero de la deuda creció 9% y las necesidades sociales aumentan.
Remesas en caída: una alerta social
El otro golpe lo dieron las remesas, una de las principales fuentes de divisas y sustento de millones de familias mexicanas. En abril se registró una disminución del 12.14% respecto al año anterior, con un total de 4,761 millones de dólares, según el Banco de México. Se trata de la mayor caída mensual desde septiembre de 2012. Las causas apuntan al deterioro del empleo entre migrantes en Estados Unidos y el temor a deportaciones, que ha mermado tanto el número de envíos como el monto promedio.
En términos acumulados, de enero a abril las remesas descendieron 2.5%, afectando la economía cotidiana de comunidades rurales y familias marginadas. Estos ingresos no solo alivian la pobreza: también mejoran indicadores de salud, educación y nutrición, sustituyendo con eficacia programas sociales que no siempre llegan a las zonas más necesitadas. La caída implica, por tanto, una contracción en el gasto en bienes esenciales y un incremento en la vulnerabilidad social.
Politización del presupuesto en tiempos de reforma
La combinación de recorte en infraestructura, subsidios fiscales a Pemex y caída en remesas ocurre en un momento de alto contenido político: tras las elecciones al poder judicial con baja participación, el Gobierno ha concentrado esfuerzos en impulsar reformas constitucionales, como la reestructuración del Poder Judicial, priorizando el control institucional por encima del gasto productivo.
El bajo retorno de inversión pública y el desgaste del capital político podrían tener consecuencias a mediano plazo: menor crecimiento, más desigualdad territorial y pérdida de legitimidad social. El llamado Plan México, concebido como una visión de Estado para el desarrollo económico, enfrenta ahora una de sus pruebas más difíciles: sobrevivir a la restricción presupuestaria y a la incertidumbre institucional.
@JErnestoMadrid
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