- Desaparece la Secretaría de la Función Pública y nace la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno con las funciones del INAI
Disfrazados de un discurso de austeridad y transformación, en los últimos seis años, han sido abundantes las evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas del gobierno, con todo el poder para reinventarse y operar bajo nuevas formas, nuevos rostros y una nueva élite de funcionarios y empresarios, para crear un nuevo sistema de descomposición y una nueva super secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno que acogerá las funciones del INAI.
Ernesto Madrid
La promesa había y sigue siendo la misma, “no permitiremos la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el nepotismo ni el amiguismo, ninguna de esas lacras de la política” e incluso, no involucrar en el manejo del poder a su familia, fue la consigan, la realidad, fue diferente, permitió que sus hijos, por mencionar los casos más emblemáticos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, coordinaran y se beneficiaran de sus millonarias obras prioritarias y crearan nuevas empresas y empresarios como Amílcar Olán.
Lo cierto es que quedó despejado el testamento político, del expresidente, antes de concluir su mandato, colocó a uno de ellos estratégicamente en Morena, esperando que en algunos años se materialice lo que él definió como una herencia política.
La corrupción permeo, la impunidad, prevaleció, el influyentismo, fue la constante y el nepotismo y el amiguismo, fueron las lacras que permanecieron, como, por ejemplo, el que ocurrió el 31 de agosto de 2019, un día antes de su primer informe de gobierno, en dónde el expresidente, confiado, declaró que se había ganado la batalla contra la corrupción y sacó por primera vez el “pañuelito blanco” para afirmar que “ya no hay corrupción arriba”.
Menos de un año después, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más grande de su sexenio: los desvíos de más de 15 000 millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables, ejecutados a través de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Un caso, que cerró con impunidad su gobierno, pues quien fuera su titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, no fue investigado; por el contrario, fue premiado con otro puesto en la Secretaría de Gobernación, su amigo, su primer padrino de trabajo, el que dio la primera oportunidad de entrar en la política en su natal Tabasco.
Los otros casos
A lo anterior, como lo reveló la revista Nexos, el pasado 12 de octubre se suman los casos de justicia discrecional, como la injerencia directa del presidente en las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el uso político de las instituciones judiciales para perseguir a opositores y críticos, incluyendo a miembros de organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la corrupción del régimen, incluyendo a Ernestina Godoy hoy flamante Consejera Jurídica de la Presidencia de México, en su paso con Fiscal de Justicia de la Ciudad de México.
Los sobornos, moches y enriquecimiento ilícito, es “la vieja práctica de intercambiar dinero por favores políticos entre personas cercanas al poder -que-sigue siendo una constante en diversas secretarías y niveles de gobierno. Aunque el discurso oficial insiste en que la corrupción se ha erradicado, las investigaciones demuestran que, bajo la superficie, continúan existiendo redes de complicidad entre empresarios y funcionarios” destaca la publicación.
Por supuesto, el desvío de recursos públicos es uno de los mecanismos de corrupción más documentados durante el sexenio, seguido de la corrupción electoral, presente en los comicios de 2018, 2021 y 2024, como el uso de recursos públicos y programas sociales con fines proselitistas, lo cual viola la equidad electoral y que no han sido suficientemente sancionados, erosionando la confianza en las instituciones democráticas.
Igual está el abuso de la ley y el conflicto de intereses manifestado en múltiples áreas del gobierno, desde la emisión de decretos para favorecer a empresas vinculadas a amigos y familiares del presidente, hasta la manipulación de licitaciones públicas en favor de consorcios cercanos al poder, el 80% de los contratos fueron por adjudicación directa.
El daño colateral
Enumerarlos, sería muy extenso y casi todos han sido mencionados, pero lo que llama la atención es el nepotismo que prevalece, en la mayoría de los funcionarios, que quieren seguir viviendo del presupuesto, como Ricardo Monreal que ha colocados a seis familiares en posiciones políticas a nivel federal y estatal; el exjefe de Gobierno interino, Martí Batres, que se aferró al segundo piso de la transformación en el ISSSTE y de paso sus dos hermanas, un el SCJN y la otra diputada en el Congreso de la CDMX.
El morenista Pedro Álvarez Icaza Longoria que impulsó a su hija, Julia Álvarez Icaza Ramírez, como secretaria de Medio Ambiente en el gabinete capitalino de Clara Brugada, y después él mismo fue designado como titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como lo reveló Mario Maldonado en El Universal, este jueves.
Por supuesto, todos los funcionarios ratificados en el segundo piso de la Cuarta Transformación como Octavio Romero al frente del Infonavit con la encomienda de construir un millón de viviendas, pero con la creación de una constructora del gobierno, para según dicen, abaratar los créditos.
Y lo curioso del caso, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que encabezará otra exobradorista Raquel Buenrostro, con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que tomará las tareas del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que fue el instrumento para revelar la corrupción en el gobierno de López Obrador.
