Una nueva red de corrupción sale a la luz luego de que miles de dueños de gasolineras y de gaseras en todo el país fueron obligados por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a pagar una cuota de entre 13 mil y 35 mil pesos mensuales para evitar ser clausurados, aseguran testimonios de personas a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Ernesto Madrid
Las evidencias de los “moches” o sobornos, fueron compartidas por testigos en fotografías de fajos de billetes que supuestamente eran entregados a funcionarios o representantes de la Profeco en donde uno de los testigos aseguró que parte del dinero fue para pagar a consultores de Morena, a encuestadores electorales y a campañas de candidatos morenistas.
Lo anterior coincide con lo declarado por el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto el 27 de abril de 2023 en un programa del Sistema Públicos de Radiotelevisión (SPR) que encabeza el obradorista Jenaro Villamil en donde señaló que “un buen día un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo: ‘¿usted sabe que todas las gasolineras del País, de las 16 mil gasolineras que hay en el País, 11 mil creo me dijeron, pagan una cuota de 20, 25 mil pesos mensuales? Le llaman la vacuna’”.
Según Adán Augusto, se investigó la denuncia y se castigó a los responsables: “Cortamos de tajo con eso y se corrió y se le fincó responsabilidades al funcionario de la Profeco que estaba a cargo” pero aclaró que “a lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles a algunas gasolineras”.
Lo interesante es que cuando Adán Augusto evidenció esta red de corrupción, el director de la Profeco era Ricardo Sheffield Padilla, quien desde el inicio del sexenio solía presentarse cada lunes en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para evidenciar a las gasolineras que -según sus propias palabras- “se pasaban de rosca” al vender litros incompletos o a precios caros cuando en realidad se trataba de los que no había aceptado pagar la cuota de acuerdo testigos.
MODUS OPERANDI
“Las visitas de verificación consistían en amedrentar a los (negocios) visitados y exigirles una cantidad mensual para no ser molestados mediante visitas de verificación… Llegan los verificadores a las empresas y les exigen una cantidad para que todo salga bien”, relató quien fuera gerente de una compañía distribuidora de gas con presencia en distintos estados, de quien Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se reserva su identidad por motivos de seguridad.
Lo anterior, de acuerdo con la investigación coincide con la de Giovanna Fiorela Perales Salem, quien fue asistente personal del director de la Profeco: “Cada jueves había un oficio por parte de la oficina del Procurador en donde iban triangulando la información sobre las gasolineras, las cuales sí podían mencionar los lunes en la mañanera, y cuáles no”.
Perales Salem negó que la red de corrupción se haya erradicado, como aseguró Adán Augusto porque además Sheffield dejó la Profeco en septiembre de 2023, para buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Guanajuato, y en su lugar dejó a su incondicional David Aguilar Romero, con quien ha trabajado desde hace más de 15 años.
¿CUÁNTO RECBABAN AL MES?
De acuerdo con un ex gerente de una cadena de expendios de combustible precisó que las cuotas variaban, dependiendo del tipo y tamaño de negocios y esta red de corrupción inició en junio de 2019, a medio año de haber iniciado el actual gobierno federal encabezados por Sheffield y Aguilar Romero, así como a Ricardo de la Peña, coordinador general de Administración de Profeco, y a Armando Guzmán, director general de Verificación y Vigilancia (a quien incluso le llevaban el dinero hasta su domicilio de Polanco) operados Cuauhtémoc Villarreal, quien fue subprocurador de Verificación.
MCCI tomo como base lo dicho por Adán Augusto que los expedientes de combustible extorsionados eran 11 mil a quienes se les pedían de 20 mil a 25 mil pesos mensuales de cuota. Eso representaría el cobro irregular de al menos 220 millones de pesos al mes y 2 mil 600 millones al año que por supuesto Profeco Sheffield, y tanto la institución como el candidato a Senador respondieron en una carta con argumentos prácticamente idénticos, negando el cobro de cuotas a gaseros y a gasolineros.
