Luego de que el exministro Arturo Zaldívar anunciará, con su nueva faceta de militante morenista, que denunciará a la ministra Norma Piña y que además solicitará un juicio político en su contra, el PAN en el senado respondió de manera similar, juicio político contra Záldivar bajo el argumento de que “es investigado por, presuntamente operar una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces para actuar a favor de casos en beneficio del gobierno del presidente López Obrador”.
Ernesto Madrid
“Arturo Zaldívar abandonó su cargo como ministro de la Corte para irse de “matraquero” de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum sostuvo junto con una decena de senadores, la panista Kenia López Rabadán porque aseguro que la realidad es que está buscando impunidad ante los señalamientos en su contra por supuestos actos de presión a jueces para que resolvieran asuntos a favor del gobierno federal.
En el entuerto, la realidad es que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y rechazó cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”.
Aclararon que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constan por eso argumentaron que “resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.
Y las candidatas presidenciales difieren en sus posturas, mientras la opositora Xóchitl Gálvez advierte que es tiempo de que se abra la ‘la caja de Pandora’ de todas las irregularidades cometidas por el expresidente del máximo tribunal del país, la morenista Claudia Sheinbaum señala que la investigación contra Zaldívar, ministro en retiro y miembro de su equipo, es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral pero que ya su equipo prepara la denuncia contra la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña.
En los entredichos, la realidad, como lo menciona Raymundo Riva Palacios es que, “Zaldívar ha buscado afanosamente establecer que la Corte está violando la ley con la investigación, y sostiene que carece de un marco jurídico para sancionarlo. El exministro se apoyó en la Ley Orgánica que no prevé esa posibilidad de manera expresa, pero ha omitido mencionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo artículo 4 se refiere a las infracciones cometidas por personas que hayan sido servidores públicos, como es su caso, mientras no hayan prescrito las conductas ilegales, que tienen una vigencia de siete años, que prevé el artículo 74 de la misma ley.
