Mientras la abanderada de la oposición Xóchitl Gálvez negó que se haya aliado con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, para investigar a Arturo Zaldívar y afectar la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum, éste se justificó y junto con el partido Morena, que ahora lo respalda anunció que denunciará a la ministray que además solicitará un juicio político en su contra.
Ernesto Madrid
La justificación de fondo que hace del exministro Zaldívar Lelo de Larrea en torno a su denuncia es “por la probable comisión del delito en contra de la administración de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo”, cuya acusación también incluye señalamientos por haber difundido información bajo su custodia por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio sobre él.
También dijo que presentará diversas denuncias contra la ministra ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel), entre otras instituciones porque según él, la ministra Norma Piña está atacando las instituciones democráticas, como la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No obstante, las propias declaraciones del presidente López Obrador el pasado 21 de febrero en que señaló que Zaldívar presionaba a los jueces ‘con algunos temas sensible para el Ejecutivo’, que después el exministro negó, pero que además su reelección de facto en 2021 lo contradice, deja en evidencia su entreguismo al primer mandatario que suma al curioso salto de la Presidencia de la Suprema Corte a la campaña de Claudia Sheinbaum, lo cual, sin duda, se constituye una ‘desfachatez’ sin antecedentes previos.
Son, quizás, algunas razones por las que Xóchitl Gálvez dejo en claro que “no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas”. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto, así es que deje de mentir igual que su candidata”.
EL PASADO DE ZALDÍVAR
En los entredichos, el columnista Héctor De Mauleon recordó un hecho conocido en 1997, cuando se fraguo lo que el ahora presidente López Obrador lo calificó como “el mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial” el caso Fobaproa, cuando se convirtió en el primer denunciante de un saqueo que de acuerdo a aquel lejano luchador social los funcionarios del Fobaproa les compraron las carteras quebradas con dinero público, y le heredaron al pueblo mexicano una deuda que no terminaría de pagarse sino 50 años más tarde.
El detalle del caso es que en 1999 el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ordenó que las operaciones realizadas por el Fobaproa fueran auditadas a fin de determinar si existían irregularidades en la compra de cartera a los bancos en dónde una investigación realizada en aquellos años por quien esto escribe cuatro bancos había recibido apoyos adicionales: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte de acuerdo con los ‘Paper White’ del auditor canadiense Michael Mackey.
El caso fue que el despacho del hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar fue el encargado de amparar a las instituciones bancarias involucradas, a fin de que no se revisaran sus créditos –algunos de los cuales la Auditoría Superior de la Federación había considerado ilegales y la Cámara de Diputados había ordenado investiga, cuyo negocio para Zaldívar fue muy lucrativo.
Al respecto De Mauleon señala que “las malas lenguas dicen que el despacho cobró sus servicios en millones de dólares. AMLO considera que el Fobaproa ha costado al pueblo de México 3 billones de pesos. No hay otra conclusión: Zaldívar fue parte del “mayor robo cometido desde la Colonia”.
Así es que el hoy defensor de aquel fraude hoy abandonó la Corte para, según dice, defender a ‘los más pobres, y olvidados de este país’ defendido por el propio presidente López Obrador y respaldado por la candidata de Morena Claudia Sheinbaum quién se asegura, más allá de ser el diseñador de la ley para reforma al Poder Judicial, podría ser su próximo secretario de Gobernación o el Fiscal General de la República.
