Por ser contraria a los principios fundamentales establecidos en la Constitución y poner en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general empr4sarios del país expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila.
Ernesto Madrid
“El juicio de amparo es un recurso legal que permite que los gobernados puedan impugnar la constitucionalidad de leyes, actos administrativos y sentencias judiciales que consideren que vulneran sus derechos fundamentales” señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al tiempo de aclarar que la iniciativa de reforma “de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, vulnera los derechos colectivos.
“Nuestro país es referente internacional por la figura del amparo, esta reforma sería una regresión en la materia” advierte al tiempo de precisar que limita la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo que se interpongan en contra de leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los Estados, es decir, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales.
Reitera que la suspensión ha sido una herramienta vital para garantizar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos en México, pues asegura que las decisiones judiciales se ajusten a los principios constitucionales y respetan los derechos humanos individuales, sociales y difusos de todos los mexicanos. “La efectividad de la suspensión ha sido crucial para proteger derechos fundamentales en casos de violaciones graves, como violaciones a la libertad de expresión, discriminación o restricciones injustas a la libertad de asociación”.
Por lo anterior reiteraron la importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos ya que la Constitución es la norma de mayor jerarquía en el orden jurídico y todas las leyes y acciones del Estado deben estar en conformidad con sus principios; ya que es la base para proteger nuestros derechos fundamentales y garantizar el Estado de Derecho.
“Es fundamental que cualquier modificación a la Ley de Amparo se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones. La protección de estos derechos es una responsabilidad compartida que debe prevalecer sobre cualquier consideración política”, enfatizaron.
