En reunión privada con la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez acompañada del dirigente nacional del PAN Marko Cortés para exigirle se elabore, diseñe y difunda una campaña institucional que informe a la sociedad que los Programas Sociales, son derechos humanos constitucionales, por lo que no deben ser utilizados con fines electorales.
Ernesto Madrid
La realidad del caso es que el presidente Andrés Manuel López Orador que ha enarbolado la ‘bandera’ de la austeridad, aumentó el gasto público para 2024 lo cual constata el mayor déficit presupuestario desde la década de los ochenta, cuando gobernaba el PRI para ganar elecciones, pero con lo cual dejará a su sucesora, con un potencial aprieto financiero.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la agenda económica del presidente parece destinada a ayudar a Morena, a retener la Presidencia con una victoria aplastante en las elecciones de junio con la candidata elegida por su partido, Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México especialmente en los estados más pobres del sur como Oaxaca, donde el dinero público está impulsando un auge económico.
Entre los votantes que reciben programas sociales o cuyos familiares los reciben, que estaríamos hablando de un universo de más de 24 millones de personas, el 64% dice que tiene la intención de votar por Sheinbaum, mientras que solo 21% dice que votará por Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, una división mucho mayor que en la población general.
La propia candidata Sheinbaum ha señalado que sus planes incluyen inversiones en atención médica, la preocupación es que será más difícil conseguir fondos ya que se espera que este año los costos del servicio de la deuda alcancen el 3.7% de la producción económica, la mayor cantidad en al menos tres décadas.
Es decir, que agregar más compromisos de gasto podría poner en riesgo la calificación crediticia de grado de inversión de México y aumentar los impuestos para compensarlo sería políticamente impopular, pero también lo serían profundos recortes del gasto público.
Pero al PAN le interesa más la parte de los Programas Sociales que tanto han sido acusados de opacidad, usos de recursos para apuntalar a la candidata oficial Claudia Sheinbaum con un padrón inflado y una partida secreta a donde va a parar el dinero de los beneficiarios que no existen.
Por eso el dirigente nacional del PAN Marko Cortés señaló que “los programas sociales son derechos humanos constitucionales, no instrumentos de propaganda política de Morena y el gobierno. Inducir y coaccionar el voto mediante el uso de recursos públicos está prohibido por Ley y debe sancionarse sin excusa alguna”, advirtió.
Señala incluso que los pronunciamientos realizados por el presidente de la República en forma de amenaza, en el sentido de que, de no votar por Morena y su candidata a la presidencia se eliminarían los programas sociales, implica una difusión masiva de los programas sociales en la mañanera del presidente, lo cierto es que se trata de una forma de coacción al voto de la ciudadanía por lo que se debe iniciar de manera inmediata la estrategia de difusión institucional para subrayar que nadie puede obligar a una persona a votar a cambio de un apoyo social.