El involucramiento directo y sistemático del presidente de la República en el proceso electoral, a pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales, ha persistido en vulnerar el principio de neutralidad y ha utilizado recursos públicos para favorecer al partido y la candidata de su preferencia advierte el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), promovido por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ernesto Madrid
Al presentar el 3er Informe de integridad del proceso electoral 2023 – 2024 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el ANIE advierten 5 focos rojos frente a los cuales resulta imperativo tomar acciones urgentes y contundentes para salvaguardar la integridad del proceso electorales a lo que suma un segundo riesgo que es la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
Con la presencia de organizaciones de la sociedad civil de todo el país —algunas parte de la Asamblea del ANIE, otras más que, en el marco del evento, sumaron su firma al Acuerdo— representantes del TEPJF, la directora de la Facultad, expertos electorales, estudiantes, entre otros importantes participantes también advierten que el desempeño de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje.
Como cuarto y no menos importante peligro, señalan que la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía que, pese a los esfuerzos de las autoridades para implementar medidas de protección, como la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, el proceso electoral se ha visto marcado por un preocupante aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidaturas, funcionarios públicos y personas involucradas en la contienda en donde la violencia ha afectado a actores de todos los partidos y ha resultado en al menos 24 asesinatos a aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular.
Además, está el uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación que durante el periodo de intercampañas, se observó un aumento en el número de denuncias presentadas por candidaturas y partidos contra periodistas, líderes de opinión y ciudadanos que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales.
Ante esto, demandaron que las autoridades competentes investiguen y sancionen con celeridad y firmeza cualquier violación a la normativa electoral, especialmente aquellas que involucren el uso indebido de recursos públicos (como en el caso del presidente López Obrador), la comisión de violencia política o la intervención del crimen organizado en las elecciones y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno para garantizar una respuesta efectiva y oportuna ante los riesgos y amenazas identificados.
Así mismo, hicieron un llamado a la colaboración y corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso electoral y exhortaron a los partidos y candidaturas a suscribir el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, en el que se comprometan a conducirse con apego a los principios democráticos y a denunciar cualquier irregularidad que atente contra la equidad de la contienda, convocando a la sociedad civil organizada a redoblar sus esfuerzos de observación electoral, documentando y visibilizando cualquier falta o violación a la ley.
