Al concluir que la propuesta de pensionar a los trabajadores al 100% tal como lo propone el presidente Andrés Manuel Obrador, no tiene sentido si no se focaliza y justifica a qué trabajadores se quiere ayudar, Citibanamex estimó que los costos fiscales podrían representar 430 mil millones de pesos en 2025 (1.3% del PIB), y que aumentarían rápidamente hacia 2% del PIB en menos de diez años.
Ernesto Madrid
Destacó que reconociendo los sesgos actuales de la política social (apoyos a personas de la tercera edad, abandono de la niñez, pagos en efectivo en lugar de dotación de servicios de calidad), debe de precisar a qué personas se va a apoyar ya que pretender una tasa de reemplazo de 100% es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes.
En este sentido destaco que, debe reconocerse que el gran problema de los sistemas de pensiones en México es la magnitud del sector informal, que da al traste con los años de cotización que una persona realiza durante su vida laboral: el trabajador típico sólo cotiza la mitad de los años que trabaja.
¿POR QUÉ FOCALIZAR Y A QUIENES?
En primer lugar, por la demografía, ya que las estimaciones de tasas de reemplazo en el marco actual de los regímenes de pensiones, para estimar el costo total adicional de los posibles cambios, se debe referir al total de personas involucradas ya que por ejemplo en 2025 habrá alrededor de 11.5 millones de personas de más de 65 años en el país (de todos los niveles de ingreso, con o sin derecho a pensión formal).
Asegurados activos del IMSS, alrededor de 23 millones. Pensionados por el régimen del IMSS, 5.4 millones, 90% de los cuales pensionados por ley 1973, y 10% por ley 1997 y en 2035 esas cifras podrían ser de 18, 28, 8 y 1.9 millones, respectivamente, por lo que el costo fiscal con nuevas medidas, adicional al ya previsible por medida pasadas, será explosivo por la demografía.
Ante esto advierte que la tasa de reemplazo es especialmente sensible a la tasa de rendimiento y a los años de cotización y si la idea es subir la tasa de reemplazo con relación a los últimos salarios de fin de carrera, también son importantes los aumentos del salario.
Lo lamentable señal es que, aunque los partidos de oposición no conocen los detalles de la propuesta, ya han señalado que la apoyarán, lo cual hace factible que se apruebe, incluso como reforma constitucional, es decir, buscar que las personas se pensionen con 100% de sus últimos salarios, no se alcanzaría con el sistema actual, ni en 2063, aún bajo los supuestos de 40 años de cotización”.
LA OTRA ALERNATIVA
En paralelo, México ¿cómo vamos? advierte que la eliminación de los órganos autónomos para financiar la pensión al 100% no representaría un recorte significativo en el gasto público ya que, por ejemplo, los recursos públicos destinados a organismos autónomos como el INAI y el IFT no alcanzarían para financiar mejoras en el bienestar de las y los pensionados, justificación que ha mencionado el presidente López Obrador.
La mejor opción señala es incrementar la cobertura de servicios de salud, siendo que hasta 2022 se registraban 50 millones de personas en México sin acceso a esos servicios que, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, este año, el INAI y el IFT tendrán recursos por 2 mil 777 millones de pesos cuya cifra representa apenas 2% de los recursos asignados este año al Tren Maya y tan solo 0.14% del presupuesto contemplado para pensiones, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024.
Asimismo, estos organismos han sido debilitados presupuestalmente durante esta administración, por ejemplo, en 2023 el INAI ejerció mil 042 mdp, un recorte de 28% frente al cierre del sexenio pasado, mientras que el IFT gastó 2 mil 070 mdp, 21% menos y, de hecho, todos los órganos autónomos han sufrido recortes presupuestales frente a 2018, mientras que los Ramos Administrativos acumulan un incremento del 31%.
De esta forma, la desaparición de los órganos autónomos mermaría el bienestar y el correcto funcionamiento de nuestra democracia de manera cotidiana, cancelando el esfuerzo de más de dos décadas de la sociedad civil organizada por contar con instituciones que garanticen la rendición de cuentas y sean un contrapeso al poder público, es decir, es una falacia presidencial, que solo servirá para su narrativa y culpar a la oposición de no querer apoyar a las y los mexicanos.
