Damaris Espinosa Hernández.
Abogada del área de Asuntos Públicos en Early Institute, especialista en Gobierno y Políticas Públicas.
Hoy, desde la perspectiva del Derecho y de un análisis integral de las políticas públicas en el país, nos sumergimos en un escenario polémico: el reciente proceso de despenalización del aborto en Aguascalientes a partir de una injerencia activista desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una medida que, lejos de reflejar una genuina atención a las necesidades primordiales de las mujeres – específicamente la necesidad de crear espacios de protección y seguridad para ejercer la maternidad –, se enmarca en una serie de decisiones políticas, que han dejado a la mayoría de la ciudadanía preguntándose sobre la eficacia de sus representantes, la transparencia en el proceso legislativo y más importante, la invisibilización de los verdaderos derechos de las mujeres.
El pasado 14 de diciembre, Aguascalientes se convirtió en protagonista de un debate que dividió opiniones y reveló la fragilidad del sistema federal y del debate democrático. La despenalización del aborto, aprobada en una sesión privada, sin debate parlamentario y con votación por cédula, no solo marcó un cambio significativo en la legislación local, sino que dejó dejó clara la intrusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al excederse de su competencia constitucional respecto a la soberanía de los estados en cuanto a sus regímenes interiores, principio consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La SCJN, a través de una resolución de la Primera Sala, dictaminó la "inconstitucionalidad" de las penas del delito de aborto, por lo que “ordenó” al Congreso local legislar su derogación. Esta decisión, lejos de ser discutida abiertamente dentro del Estado, se sesionó en las sombras, provocando cuestionamientos sobre la independencia de los poderes y el papel de la SCJN en la toma de decisiones locales.
Los legisladores del Congreso del Estado cedieron ante la invasión de facultades y en un acto de sumisión, ignoraron la voz mayoritaria de la voluntad ciudadana claramente expresada no solo en las urnas – al escoger a los miembros del Congreso – sino en numerosas ocasiones a través de escritos, posicionamientos en medios expresando una clara oposición a legislar en contra de la maternidad.
El Ejecutivo estatal, a pesar de su declaración pública en favor de la vida y el apoyo a la maternidad, demostró un desinterés palpable en la despenalización del aborto. La oportunidad de vetar la reforma y salvaguardar con políticas públicas de fondo el derecho a la vida fue ignorada, dejando a la sociedad en una posición de vulnerabilidad legal.
La posterior presentación a destiempo de una iniciativa “provida” por parte de la titular del Ejecutivo resulta contradictoria; se trata de un malogrado intento por defender la maternidad, insultó y generó actos de discriminación hacia las mujeres reduciéndolas a "personas con capacidad de gestar", lo que invisibiliza las necesidades de todas las mujeres y las sobaja a meras "incubadoras andantes".
Es imperativo que, en futuros debates sobre asuntos tan cruciales, se promueva un diálogo abierto y transparente que refleje verdaderamente la diversidad de opiniones y necesidades reales de la población. La opacidad y el desinterés solo sirven para socavar la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas, comprometiendo la legitimidad de las decisiones tomadas en nombre de todos.
