Más tardo el senado de la República en aprobar la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el presidente envío la terna de tres mujeres para sustituirlo, que ya entregó a la Cámara Alta.
Ernesto Madrid
Lo curioso del caso es que se trata de Bertha María Alcalde Luján hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y ex aspirante a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y actual asesora jurídica de a Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Está también Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal así es que, todo quedará en la familia de la cuarta transformación y Morena.
Por lo pronto, la separación de Zaldívar de la Corte fue aprobada con los 63 votos de Morena y aliados. La oposición rechazó el dictamen con 43 votos en la que Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata presidencial, afirmó que el ahora exministro se va de la Corte con “el sello de la traición”.
“Se va como un traidor al Poder Judicial, al juramento de hacer cumplir la Constitución y como un traidor al país, porque ocupando un puesto de tal relevancia, traiciona no solamente sus principios, sino a México”, apuntó.
Mientras que, el senador Gustavo Madero aseguró que la dimisión de Zaldívar es parte del “plan macabro del presidente López Obrador” para imponer a una “lacaya” en la Suprema Corte por los próximos 15 años y advirtió que “votaremos en contra de la terna que mande el presidente, pero se regresa la terna y manda otra terna y se rechaza. ¿Y qué sucede? Que el presidente impondrá a la ministra que él decida” adelantó.
Entre los dichos, lo cierto es que los senadores de la oposición dejarpn en claro que no existía una “causa grave” para la renuncia de Zaldívar, tal como lo establece el artículo 98 de la Constitución y al ministro le quedaba más de un año en el cargo.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Justicia, presidida por la exministra Olga Sánchez Cordero lo justificó al señalar que no se puede obligar a nadie a que permanezca en un cargo público en contra de su voluntad ya que, al hacerlo, se generaría un ambiente en el que se afectarían seriamente los principios que rigen al servicio público, especialmente en su ámbito jurisdiccional.
