PRESENTAN INCIATIVA 992 CONTRA VIOLENCIA VICARIA, ABANDONO DE HIJOS Y AUSENCIA DE PENSIONES
Por: Ernesto Madrid
Luego de manifestarse en el Tribunal Superior de Justicia el movimiento feminista de madres solas e hijas e hijos abandonados, presentó ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Senado de la República, la iniciativa del Caso 992 con el fin de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles con el objetivo de que la Unidad de Medidas Cautelares intervenga en la ubicación de deudores alimentarios y su peligrosidad procesal.
En el Senado, donde fueron recibido por los legisladores Miguel Ángel Osorio Chong, y Claudia Ruíz Massieu del PRI y Miguel Ángel Mancera del PRD buscan que se dote de mayores recursos a los tribunales familiares para proceder en los litigios contra ex esposos que se niegan a pagar pensiones y gestionar la iniciativa, misma que fue entregada con el fin de que sea incorporada en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles una vez que sea remitido por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión.
La demanda general es la adopción de medidas que aseguren la autonomía judicial, así como el cese, inmediato, del tráfico de influencias a favor de deudores y violentadores y la insistencia en la aprobación tanto de las reformas en materia de Violencia Vicaria (aquella que daña a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos), como de la Ley 3 de 3 (que establece reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados) contra la violencia de género dirigida a que los agresores sexuales y los deudores alimentarios no accedan a cargos públicos.
En este marco y al grito de ‘se llama Leonel y vamos por él’, en referencia al funcionario ‘experto’ burócrata de la Secretaría de Hacienda al que el titular de esta dependencia Rogelio Ramírez de la O le ha encargado la liquidación de algunos fideicomisos del gobierno federal, el Sistema de Ahorro para el Retiro o los seguros y fianzas que siguen las instrucciones personales de este funcionario, sea ubicado y enfrente la ley.
Se trata del economista Leonel Ramírez Farías jefe de facto de entidades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ex esposa de Ingrid Tapia que encabeza el movimiento feminista del caso 992.
Ramírez Farías tiene una amplia experiencia burocrática y ha sido involucrado en casos de fraudes en lo que se sigue una investigación como en Crédito Real y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
El funcionario, que aseguran, despacha en una oficina contigua a Palacio Nacional tiene una trayectoria interesante, ya que ha trabajado largo tiempo en el sector hacendario, con altos exfuncionarios como José Antonio Meade, Luis Videgaray, Luis Téllez, Virgilio Andrade y hasta con el fallecido ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
Su expareja Ingrid Tapia lo busca por qué después de 31 años de casada con dicho funcionario y 20 de abandono y el ocultamiento procesal de su cónyuge, llegó al divorcio en 2019 luego de haber sido despojada de la totalidad de su patrimonio y después de resentir actos graves de violencia.
Su caso se encuentra atorado en dos juzgados (37 y 42) y su juicio fue acogido como litigio estratégico por las colectivas feministas y por la asociación defensora de los derechos de los niños porque, si bien abundan en México los fenómenos de violencia doméstica, de género infantil, de hecho, en niveles de escándalos, es donde se enmarca el caso 992.
De acuerdo con datos del Senado de la República, 1 de cada 10 mujeres que demandan alimentos logra una pensión para sus hijos; 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión; los padres abandonados, obligan a que la madre salga a trabajar todo el día y condena a sus hijos a una doble orfandad.
A esto hay que sumar, que un juicio de alimentos dura en promedio más de un año, en primera instancia y toda la secuela procesal, más de tres años. En violencia vicaria entre 2009 y 2019, más de 88 mil menores que han muerto a manos de sus padrastros o incluso sus propios padres.
De acuerdo con el colectivo Mujeres en Acción en los 43 juzgados de la Ciudad de México, se puede llegar a tener hasta 4 mil demandas anuales de alimentos, porque se ha incrementado el número de mujeres que son abandonadas.
