Fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades federales y municipales además del grupo delictivo Guerreros Unidos, pero la realidad es que no hay indicios de que estén con vida los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 del Caso Iguala o Ayotzinapa, reveló el subsecretario de derechos Humanos de Gobernación, Población y Migración Alejandro Encinas al dar a conocer el Tercer Informe sobre los hechos.
Por: Ernesto Madrid
En sus conclusiones preliminares, señaló que el caso será seguido por la Fiscalía General de la República para esclarecer ‘está falsa’ verdad que construyeron las autoridades involucradas y en donde al menos se configuran cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en la desaparición forzada de la fueron víctimas: privación de la libertad, homicidio, involucramiento de agentes estatales y grupo de personas con el consentimiento del estado y la negación dela información y manipulación de la investigación.
“Lo que más destaca es la entrega de la información que López Obrador solicitó a la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, de las conversaciones con el grupo Guerreros Unidos” señaló. «Se acredita plenamente la colusión de diferentes autoridades de gobierno con policías municipales y el grupo delictivo de guerreros unidos para desaparecer a los muchachos», indicó.
Este aparato organizado del poder en la llamada ‘guerra sucia’ relativo a la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos inicio cuando el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin para conocer las acciones que realizaban los normalistas de Ayotzinapa en el marco de la conmemoración del 2 de octubre de 2014 que apuntaba a que en que todo momento las autoridades municipales, estatales y federales estaban al tanto de lo que ocurría en la Normal.
En conferencia de prensa el funcionario aclaro que, en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, la ejecución de los estudiantes y otras seis personas involucradas en el caso.
Lo anterior en razón de que dichas autoridades estuvieron informadas “de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la Central de Autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual, las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, consideró.
Lo lamentable, apuntó es que en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves para obtener información, “de estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo Gente Nueva, siete testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios, policías y dentro de ellos, gente que venía proporcionando información significativa, como es el caso de Mario Casarrubias Salgado, quien encabezaba Guerreros Unidos y había iniciado un proceso de colaboración con esta Comisión”.
Las conclusiones del caso para judicializarlo son:
- Que, en ningún momento, la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF, como se llegó a manejar en algún momento.
- Que Guerreros Unidos actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’, a partir de un mando central y al menos tres células de ‘halcones’ y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
Estos detalles dijo Encinas, serán tomado en cuenta para continuar con las investigaciones del caso en donde dijo que por lo pronto, no hay indicios de que esté involucrado el presidente Enrique Peña Nieto, pero será la Fiscalía la que determine quienes o de donde vino la orden.
