Tras el gran escándalo de corrupción que envuelve a la multinacional brasileña Odebrecht y diversas figuras políticas latinoamericanas, México tomó la decisión de prohibir la participación de la empresa y de una subsidiaria en contrataciones públicas durante 3 años.
Así, la constructora no podrá hacer tratos con la administración pública mexicana, empresas del estado, gobiernos estatales ni con la fiscalía general, según una nota de la Secretaría de la Función Pública publicada el viernes.
El caso ha remecido la política en América Latina y ha puesto tras las rejas a expresidentes y altos funcionarios en países como Perú, Colombia y Brasil.
En México, por el momento solo una persona ha sido acusada de recibir fraudulentamente más de 10 millones de dólares, el exdirector de la compañía estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, cuando era uno de los jefes de campaña del que fuera gobernante del país Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, el reinicio de la investigación está cerca, tras un año de estar paralizado, así lo manifestó el fiscal Alejandro Gertz en febrero.
El gobierno mexicano ya había inhabilitado a la multinacional el año pasado por un plazo de dos años y medio, tras aplicar multas de más de 50 millones de dólares por supuestos actos de corrupción.
En octubre, Odebrecht ofreció pagar 18 millones de dólares a cambio de revertir la decisión, pero la propuesta fue rechazada.
