El Senado de México inició este miércoles el análisis y discusión para realizar nuevas reformas que refuercen al sistema financiero contra operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
Los legisladores buscan que la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente al ministerio mexicano de Hacienda, tenga mayores atribuciones en la lucha contra esos ilícitos, se explicó al iniciar el análisis y discusión por el grupo senatorial que conforman las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta.
Para establecer medidas de regulación al sistema financiero contra esos delitos, de acuerdo con la iniciativa presentada por el partido gobernante Morena, se requieren reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
La senadora Cecilia Sánchez argumentó que las investigaciones de organismos internacionales han demostrado que los países con bajo nivel de control sobre la corrupción tienden a tener niveles más bajos de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Explicó que la mayoría de las convenciones e instrumentos globales contra la corrupción, cuentan con capítulos o artículos que subrayan la estrecha relación entre la corrupción y el lavado de dinero como una respuesta a la preocupación respecto de las relaciones que guarda la corrupción con otras formas de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada que en el terreno económico realiza el blanqueo de dinero.
Comentó que se busca que la Unidad de Inteligencia Financiera,además de que se participación está reglamentada en la legislación nacional, su actuación también está regulada desde el ámbito internacional.
Dijo que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, establece las medidas para que las autoridades judiciales encargadas de combatir el blanqueo de dinero, sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno.
Bajo esas condiciones, dijo, se considera la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.
Expuso que pese a que México reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas para mitigar ese riesgo no han sido suficientes.
Los senadores acordaron que para garantizar el reforzamiento del sistema financiero, buscarán dialogar con los titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República, de la Asociación Mexicana de Bancos, del Colegio Nacional de Notarios y de organizaciones privadas, para que hagan sus aportaciones al tema.
