NECESARIA UNA SOLUCIÓN PARA QUE INQUILINOS NO SEAN DESALOJADOS, SIN FOMENTAR LA MOROSIDAD O NO PAGO, COINCIDEN EN EL FORO DE VIVIENDA
“Es necesario diseñar un marco jurídico, que deberá ser constitucional, que respete la propiedad privada”: Diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.
Al exponer las conclusiones del Foro Legislativo Vivienda y Arrendamiento en Tiempos del COVID-19, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, diputado Eduardo Santillán Pérez, señaló que las y los participantes coincidieron en reconocer que actualmente “estamos ante un fenómeno social que no teníamos propuesto y que además era imposible prever: La existencia de una pandemia que tuviera un efecto tan fuerte e importante en todos los ámbitos de la vida pública y en la disminución de los ingresos”.
En su participación en el foro virtual Santillán dijo que es necesario que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial encuentren una solución que permita que las personas en situación de abandono no sean desalojadas, sin fomentar una política de morosidad o no pago, además de que se quiere garantizar y salvaguardar la protección de la propiedad privada, agregó.
Recordó que la iniciativa es un documento que tiene su origen en la sociedad civil, y abre la oportunidad de replantear la política pública en materia de arrendamiento en sus diversos ámbitos.
“Es necesario diseñar un marco jurídico que deberá ser constitucional, que respete la propiedad privada, donde haya mayor intervención del Gobierno de la Ciudad, pero no en una visión intervencionista, sino en función del acompañamiento y fortalecimiento a sectores estratégicos de la economía y en el ámbito social”, aseguró.
Al respecto, Sergio González, representante de la Asociación Vecinal 06600, aseguró que el abuso inmobiliario y la especulación del suelo urbano los condujo a presentar la propuesta de iniciativa que fue elaborada en conjunto con académicos, organizaciones civiles y la ciudadanía, y que fue acogida por las diputadas de MORENA, Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama. Esta propuesta tiene por objetivo de garantizar el derecho a la vivienda sin atentar a la propiedad privada, así como atender la problemática que están padeciendo todas aquellas personas que a causa de la pandemia perdieron sus empleos o han visto mermados sus ingresos, por lo que sugirió se pueda crear un fondo de rentas que permita a los inquilinos saldar el pago de sus obligaciones con los arrendatarios.
