Entre 2009 y 2019, el gobierno comercializó más de 450 mil armas de fuego, aunque se estima que hay más de 1.7 millones de armas ilegales en circulación.
La existencia de armas de fuego sin control en la sociedad mexicana genera un riesgo en cuanto a posibles homicidios o accidentes, el uso en la realización de diferentes delitos, además del flujo financiero ilegal en la compra – venta de este tipo de artefactos, señala un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
De acuerdo con la investigación titulada “Armas de fuego en la sociedad mexicana. Riesgos para la paz y la seguridad pública”, elaborada por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, destaca que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 18.9 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún arma en 45.6% de los casos.
La investigación refiere que, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Gobierno de México tiene registros de 2 millones 12 mil 573 armas que ingresaron al país de manera ilegal en la última década, y de ellas todavía un gran porcentaje no se ha recuperado.
De esta cifra, alrededor de 1.7 millones aún están en posesión de particulares, lo que supone un grave peligro para la sociedad, apunta el estudio.
Por otra parte, de 2009 a 2019, se comercializaron 450 mil 625 armas por el gobierno. Es decir, hubo un número mayor de armas legales vendidas que las que han sido recuperadas de procedencia ilegal, de acuerdo con dichas cifras.
De acuerdo con el documento del IBD; en la LXIV Legislatura se han presentado 69 iniciativas relacionadas al tema de armas de fuego, entre las que se encuentran propuestas tales como mayores controles en las licencias para su uso; revisiones rigurosas en la exportación e importación legal; fomento de programas de canje voluntario de estos objetos; aumento de penas ante el tráfico de instrumentos químicos de ataque; más regulaciones a material de pirotecnia; o amnistía ante delitos donde no se hayan usado.
El estudio del IBD concluye señalando que la experiencia internacional arroja que no sólo con mayores controles y retiro de armas se consiguen avances en la prevención del delito, sino que además es necesario la operación conjunta de otras políticas públicas que puedan mermar la capacidad de la delincuencia organizada, al tiempo de continuar con incentivos para la entrega de estos artefactos, municiones y juguetes bélicos por parte de la población.
El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5034
