El Gobierno de México reafirma su compromiso de gobernar obedeciendo, escuchando las voces de los diversos pueblos indígenas que conforman nuestro país, para que a partir de sus legítimas demandas y aspiraciones de vida se puedan transformar las actuales estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado mexicano, reconociendo plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en la Carta Magna.
En tres foros de consulta realizados este domingo 14 de julio en Santa María Alotepec, Santiago Laollaga y San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, autoridades de los pueblos zapoteco, huave (ikoots), chontal, zoque, mixe (ayuuk) y chinanteco se sumaron al Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano convocado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).
Reunidas bajo el majestuoso cerro de La Mujer Dormida, 746 autoridades mixes, zapotecas, chinantecas y mazatecas se dieron cita en la comunidad de Santa María Alotepec, donde el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, hizo un llamado para trabajar en unidad y buscar la reconciliación, porque es mediante el diálogo y la reflexión de ideas y propuestas como se logrará la transformación nacional para alcanzar un país más justo e incluyente.
Recordó la histórica resistencia del pueblo ayuuk y el proceso organizativo regional iniciado en la década los setenta para lograr su autonomía. Expresó la voluntad del Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar y apoyar los sistemas de gobierno y las instituciones autonómicas de los pueblos indígenas de México.
En este foro, las autoridades y representantes mixes plantearon la importancia de reconocer en Constitución la autonomía en el ámbito regional, donde estén representadas los municipios y las comunidades que son parte del pueblo ayuuk, a fin de consolidar sus procesos de desarrollo para decidir sobre sus territorios y el aprovechamiento de sus recursos naturales. Solicitaron también la creación de una instancia regional que les permita resolver los conflictos que rebasen la jurisdicción comunal.
Pueblos zapotecos y chinantecos exigen atender violencia contra niñez indígena
En San Bartolomé Zoogocho, las autoridades zapotecas y chinantecas que participaron en el foro de consulta de la región Sierra Juárez, plantearon una iniciativa de reforma constitucional que reconozca la verdadera naturaleza multicultural de México, escuchando las voces y realidades de los pueblos indígenas y afromexicano, que tome en cuenta sus legítimas demandas y aspiraciones de vida.
A este foro acudieron 509 autoridades municipales, representantes indígenas, agencias municipales, comisionados de bienes comunales; autoridades de instituciones públicas y representantes de organismos de derechos humanos.
La creación de una ley de protección a migrantes indígenas fue una de las demandas que se planteó en las mesas de trabajo, como un medio para garantizar los derechos fundamentales de quienes se han visto obligados a dejar sus comunidades originarias. Además, se propuso establecer acuerdos migratorios con países extranjeros para asegurar condiciones de trabajo y calidad de vida digna.
La prevención de la normalización, socialización y reproducción de la violencia estructural hacia niñas, niños y jóvenes indígenas, fue una de las necesidades expuestas durante el diálogo, así como la urgencia de implementar programas alimentarios para erradicar la desnutrición que se agudiza particularmente en el contexto de los pueblos indígenas.
Teniendo como sede la región que vio nacer al Benemérito de las Américas, la consulta se llevó a cabo con pertinencia cultural y pleno respeto a los sistemas normativos indígenas, contando además con música de la Banda del Bachillerato Musical Comunitario de San Bartolomé Zoogocho para amenizar el diálogo; y con la realización de una ceremonia de agradecimiento a cargo de médicas tradicionales de la localidad de Capulálpam de Méndez, con la que se pidió por los trabajos realizados durante el día.
Proponen creación de instituto de registro del patrimonio cultural de los pueblos indígenas
En Santiago Laollaga se consultó a las regiones del Istmo y los Chimalapas, a través del intercambio de propuestas con autoridades de los pueblos zapoteco, ikoots, chontal y zoque. Al lugar se dieron cita 691 autoridades de pueblos indígenas, autoridades municipales; representantes de instancias de gobierno y de organismos de derechos humanos.
Durante su participación, la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, quien acompañó los trabajos de este foro, subrayó que este es un momento histórico, pues nunca antes se había escuchado a los pueblos indígenas para construir las leyes:
“Este nuevo régimen sale del pueblo y se mantiene en permanente diálogo con él. Anteriormente, los gobiernos neoliberales nos veían como los hijos menores, como los que no sabían decidir sobre su propio desarrollo. Hoy, en este proceso de transformación nacional, las iniciativas y cambios vendrán de la decisión de los pueblos indígenas y afromexicano, y no desde la burocracia de una oficina de gobierno.”
Entre los planteamientos que se trataron destacó la necesidad de regular las situaciones legales de las tierras, ya que cada ejido y pueblo cuenta con leyes internas, basadas en sistemas normativos propios, desde las cuales deben atenderse los problemas territoriales. Se buscó también generar soluciones a la explotación de los recursos no renovables, para lo que se planteó la propuesta de invertir en energías alternativas.
Debido a que la historia y la grandeza de los pueblos se manifiesta en sus expresiones artísticas y culturales, se determinó que es necesaria la creación de un instituto de registro del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, así como de leyes que protejan los derechos intelectuales colectivos sobre sus conocimientos y prácticas ancestrales; esto, para salvaguardar sus saberes y evitar que las empresas lucren con ellos.
Las autoridades retomaron su demanda por la defensa de las tierras y territorios de la Selva de los Chimalapas, ya que, por la gran biodiversidad contenida en sus casi 600 mil hectáreas, ha sido aprovechada por terceros, explotando sus bienes y recursos naturales y generando conflictos agrarios. Por lo anterior, se manifestó que el Estado debe intervenir para la resolución de conflictos internos acerca de las tierras y territorios; se afirmó que para lograrlo es inaplazable diseñar procedimientos de conciliación y acompañamiento a las comunidades desde el Gobierno de México.
El objetivo de la consulta es construir una iniciativa de reforma a la Constitución y a sus leyes secundarias, para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano, por lo que en cada foro se ha creado una comisión que da seguimiento a estas demandas.Q
