Por Rafael Lulet
El ejecutivo pretende llevar a cabo una consulta ciudadana para obtener según ellos, una respuesta de actuación ante ciertos delitos generados por las anteriores administraciones, ese es el discurso de los diferentes actores del actual gobierno, utilizando presupuesto del erario para llevarla a cabo, 500 millones de pesos costará el realizarla, pero, pese a sus justificaciones de que no es un dinero el cual desembolsa el federal si es un recurso público al final de cuentas y no existe pretexto para esquivarlo, siendo una cantidad para tirar a la basura.
El Estado desde sus orígenes, es un ente encargada de mantener la paz hacia afuera así como adentro, aplicando un Estado de Derecho para regularlo, en sus inicios de forma primitiva, resguardaba a sus habitantes de toda invasión pero conforme fue evolucionando los pueblos, se fue estableciendo nuevas directrices y necesidades de ese aparato gubernamental, ya en forma moderna, se convirtió de un cuerpo garante a otro con la obligación de aportar todas las herramientas para hacer cumplir los derechos de sus soberanos.
El Estado de Derecho lo define la ONU, como un principio de gobernanza en el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes promulgadas públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal así como legal.
La justicia se aplica, no se consulta, porque el Estado tiene la obligación de llevarla a cabo para garantizar a sus soberanos la protección de sus derechos, para eso se le paga, al final de cuentas el gobierno es un ente mediador, proveniente de toda una estructura o sistema creada por una sociedad específica, tiene sus raíces en diferentes documentos nacionales, internacionales y doctrinarios, principalmente lo encontramos de manera más detallada en el pacto social de Rousseau, una especie de contrato abstracto que todo ciudadano se rige a cumplirlo, no firmado por nosotros pero en el momento de ser albergado por la constitución como ciudadanos, ya nos encontramos implícitos, pero todo convenio civil tiene dos partes, y es una obligación de estos el cumplirlas, en este caso: los gobernados y gobernantes.
Cumple el Estado por medio del derecho una doble función: la de regulación y protección jurídica de las relaciones sociales y la aplicación con carácter de legítimas de las medidas coercitivas para mantener el sistema social que sustenta; las garantías y derechos fundamentales surgen precisamente para proteger al ciudadano frente a la actuación del mencionado ente político, dada su posibilidad de recurso a la violencia: impunidad, abuso de poder, en pocas palabras: el derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos, como lo determinaría el jurista italiano Luigi Ferrajoli.
El gobierno federal pretende con dicha consulta esquivar una responsabilidad implícita dentro de sus obligaciones, el Estado para ejercer la garantía de la justicia tiene todo una infraestructura a través de los tribunales y juzgados así como una fiscalía para la persecución de los delitos, por conocimiento de algún acto ilícito donde afecte a un colectivo tiene la obligación de denunciar, sobre todo ante uno que conlleve el menoscabo público, y si no lo hace, incurre en omisión tipificado en el código penal.
El hacer de la justicia y la responsabilidad gubernamental en un circo, es un acto de irresponsabilidad de este presidente, el derrochar un dinero público de esa manera es una acción denunciable y castigable; además, se debe cumplir con diferentes principios del derecho nacional e internacional, como son el del debido proceso o el de controversia por dar un ejemplo, mencionados en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Por otro lado, los delitos prescriben por el transcurrir del tiempo, mientras las penas además de las medidas de seguridad caducan al imponerse una condena, porque se agotan los plazos de prescripción por no haber sido ejecutadas. Los términos dependen de la gravedad de estos, tanto la pena o la medida de seguridad pero al final de cuentas se agotan los periodos para perseguirlos, así que, casos como el de Vicente Fox, Calderón y posiblemente los de Peña Nieto, tienden a no surtir efectos ante un proceso judicial, al menos que sean actos ilícitos sexuales o de lesa humanidad.
Así que, no se extrañen la obtención de una actuación sin efectos por parte de la fiscalía ante la imposibilidad de realizar una acción penal, y llegar a encontrarse sus procesos de las posibles personas involucradas de igual forma como el caso Lozoya, donde el show de este presidente manipulador es lo único importante para él; al final: “pan y circo para el pueblo” como lo manejaban los romanos, siendo eso, una situación retrógrada ante cientos de problemas reales en el país mencionándose algunos de ellos: la falta de medicamentos, la extinción de convenios como el Fucam, el recorte a instituciones de salud como el Instituto de Nutrición el que fuera el mejor de latinoamérica, la falta de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, la alza a la canasta básica, aumento de la delincuencia organizada así como la violencia, entre otros muchos más; con efectos de pobreza, muertes y desplazamiento dentro y hacia afuera del país.
