LA INJUSTICIA DE LA ACTIVISTA MARISELA ESCOBEDO
Por Rafael Lulet
En Octubre del año 2020, se estrenó el documental de “las tres muertes de Marisela Escobedo” en Netflix, donde detalla todo el calvario sufrido tanto la hija como su familia principalmente el de la señora Marisela; en el mismo se describe el primer fallo del Tribunal en el juicio contra el asesino de Rubí Fraire, quien fuera su concubino, toda vez que después de la investigación realizada por los familiares, localizaran a Sergio Rafael Barraza, prófugo de la justicia, por la denuncia instaurada por la ubicación de restos óseos calcinados de la occisa revuelto con huesos de cerdo en un basurero municipal, donde peritos confirmaron su identificación gracias a las pruebas de genética forense.
Después de una larga búsqueda y con la obtención de una declaración de un testigo anónimo tras la recompensa publicada por los familiares de Rubí Fraire, localizan en el Estado de Zacatecas, al supuesto asesino en ese momento Sergio Rafael Barraza, quien se encontraba viviendo al lado de otra mujer embarazada y de la pequeña hija de Rubí, a quien se le entregó en custodia a la señora Marisela Escobedo; Barraza, fue trasladado al penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, para su proceso judicial, siendo el primer procedimiento oral llevado en nuestro país, agregando a las pruebas la confesión del agresor por el crimen cometido a su ex concubina.
Sin embargo con el canal probatorio el cual hubiese podido condenar a Sergio Barraza, fue absuelto, generando impotencia en la señora Marisela Escobedo y sus familiares, la noticia llenó de consternación a todo el estado de Chihuahua, así como de diferentes sectores en el país quienes habían seguido el asunto desde su inicio, pero no dejó abatir a Marisela, quien se convirtió con ello en una fuerte activista, saliendo a los siguientes días a las calles acompañada de diversos personajes empáticas a la situación protestando por la falta de justicia de los jueces quienes llevaron el enjuiciamiento del asesino de su hija.
Con el fallo del Tribunal, propiciaron la huida nuevamente de Sergio Barraza, el asunto jurídico prosigió a la siguiente instancia judicial, donde fue revisado el procedimiento llevado a cabo por los jueces: Catalina Ochoa, Netzahualcoyotl Zúñiga y Rafael Baudib, encontrando deficiencias pese a las omisiones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación alegado por ellos en su sentencia, generando con eso, la correción del veredicto emitido por el juzgado de primera instancia, declarando como culpable a barraza por el asesinato de su ex concubina Rubí Frayre, pero no aminoró la pena, y la falta de justicia de la familia de la víctima, porque habían dejado escapar al asesino ahora prófugo sin tener datos de localización en ese instante.
El vía crucis aún no terminaba, debieron los familiares de Rubí Frayre con sus propios recursos realizar la investigación, en vista a la poca o escasa actividad de la fiscalía para localizar a su asesino, las pistas allegadas después de tanto tiempo dieron como resultado a encontrarlo en un departamento en la misma ciudad donde fue detenido la primera vez, en el estado de Zacatecas, se dio parte a las autoridades estatales para que la policía y la fuerza ministerial lo arrestaran, sin embargo tras un operativo aparatoso, logró Sergio Barraza, huír por la parte trasera del edificio, esa noche se dedicaron a buscarlo casa por casa sin tener éxito alguno, de nuevo el sentimiento de impunidad regresaba a Marisela Escobedo, a sus familiares y a la ciudadanía quienes seguían el tema.
Al parecer el asesino de Rubí, le habían dado el “pitazo”, sobre el operativo, y por ese motivo logra escaparse, ya se sospechaba de la complicidad de las autoridades, la corrupción estaba manchando la impartición de justicia de la muerte de la hija de Marisela Escobedo, desde el juicio de un delito confeso hasta la captura del mismo fue convirtiendo en una lucha de David contra Goliat, el sistema estaba en contra de todos quienes querían ver a un criminal tras la rejas, pero se iba a sumar otro ente difícil de combatir: el crimen organizado.
La crónica de una muerte anunciada tal como lo describiría el gran escritor Gabriel García Márquez, se estaba haciendo realidad con el caso del asesinato de Rubí Frayre, su asesino se había convertido en un integrante del carte de los “Zetas”, una organización criminal sanginaria, que traficaba con drogas, mujeres, organos humanos, inmigrantes, así como extorción, secuestro en otros delitos más sin mencionar la forma de operarse de las plazas, las cuales era su sello principal: descabezar a sus victimas y enemigos, desaparición y posteriormente las fosas clandestinas de cuerpos apilados en diversas regiones de México, ahí es donde ahora se encontraba Sergio Barraza, y que llegó a oidos de Marisela Escobedo y su familia, amenazandola de muerte, sin embargo no la detuvo para seguir investigando.
El activismo de Marisela Escobedo reclamando justicia para su hija fallecida, molestó a muchos en el gobierno de Cesar Duarte así como de Felipe Calderón, presidente mexicano en ese año quien este último no quiso recibirla en la casa presidencial después de la marcha realizada en la Ciudad de México en el 2010, pero su reclamo continuó pero se vio coartado con su muerte en diciembre de ese año, asesinada por un hombre quien posteriormente fue identificado como el hermano de Sergio Barraza, frente al palacio municipal, ella a pesar de denunciar amenazas a su persona en muchas ocasiones a los medios de comunicación y a las autoridades, no le hicieron caso y no contaba con seguridad, eso resultó que estuviera al descubierto de un asesino prófugo e integrante del crimen organizado.
A pesar de encontrarse muerto tras enfrentamiento de los “zetas” contra fuerzas federales el asesino tanto de Rubí Frayre como de Marisela Escobedo, no dio como concluido el tema para la muchos sectores en la población mexicana, pero sí para el gobierno y las autoridades, generando más movilizaciones y dejando a un gobernador mal parado ante la injusticia y la impunidad que ellos mismo generáron, eso dio pauta a crear por parte de la fiscalía además de la administración de Cesar Duarte, Gobernador de Chihuahua a buscar un asesino confeso, siendo así, como poco después presentan ante la prensa a un supuesto personaje como homicida individual de la activista.
El engaño de la administración gubernamental estatal y la permisividad del presidente Felipe Calderón, volcaron la atención de los ojos internacionales, cuando el mismo presunto homicida, quien no era el hermano de Sergio Barraza, sino otra persona parecida a él, declaró posteriormente que no había asesinado a Marisela Escobedo y las declaraciones vertidas a las autoridades anteriormente fue a razón de obligarlo a hacerlo porque de lo contrario iban a matar a sus familiares, esto contribuyó aún más a la falta de claridad, de impunidad y corrupción de algo ya podrido gracias a los gobiernos en sus diferentes niveles.
Al final es asesinado dentro del penal el supuesto homicida de la ex activista por un interno, dejando de nuevo la impunidad de toda la historia de Rubí Frayre y su madre Marisela Escobedo, violando con ello sus derechos de una justicia pronta y expedita, a la protección Judicial, a la igualdad ante la Ley, a la indemnización, a las garantías Judiciales entre otros, dichas prerrogativas expresadas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José, los cuales el gobierno mexicano firmó en su momento para respetarlo y es claro que no las cumplió con el caso específico.
Ahora después de 10 años de lo ocurrido a Marisela Escobedo y su hija 2 años más, se encuentran esperando justicia ante la corte interamericana de Derecho Humanos, diversas organizaciones y sus familiares quienes algunos debieron emigrar a los Estados Unidos como refugiados, es así como en el 2019, presentaron una denuncia contra México por hostigamientos, amenazas, femicidio, sufridos contra la ex activista quien parte de sus últimos años de su vida se concentró en buscar esa justicia tan anhelada para su hija la cual no obtuvo.
Según dichas organizaciones civiles, en ambos casos, se vivió impunidad por los diversos niveles de gobierno para otorgar justicia así como la reparación del daño a sus familiares, quienes como se describen en diversos asuntos instaurados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de diversos países, las sentencias siempre mencionan no nada más a las víctimas directas sino también a las indirectas, casos como las hermanas Mirabal en República Dominicana, Kawas Fernández en Honduras, Fornerón en Argentina, entre otros muchos más, donde la Corte ha instaurado medidas de restitución y reparación innovadoras.
Dentro de las recomendaciones y peticiones en sentencia emitidas por la Corte Interamericana en los diferentes casos procesados han obtenido la de reparación del daño a las víctimas directas e indirectas quienes de igual manera han sido victimadas por haber sido parte de la situación y quienes también sufrieron las violaciones, sin mencionar la restauración del perjuicio a los ciudadanos, dichas indemnizaciones se manejan de forma, inmaterial, material, psíquica y en campañas nacionales de concientización además de sensibilización dirigidos entre la población en general, así como programas educativos para fortalecer los derechos de las mujeres, género y estereotipos, agregando a ello la importancia de la protección a los niños y jóvenes en situación de riesgo social, añadiendo también la trascendencia de la labor de los defensores de los derechos humanos y sus aportes.
Es claro que dentro del procedimiento llevado a cabo por el tribunal de justicia del estado de Chihuahua se incurrieron la falta del debido proceso, a pesar de haber argumentado el aspecto de no privar su derecho al indiciado por la prueba confesional cuando es en perjuicio a uno mismo, y las omisiones en la integración de la carpeta de investigación del Ministerio Público, recalcando los jueces haberlo hecho conforme a derecho al pie y a la letra, sin embargo en cuestiones humanas la ponderación se debió haber recurrido para no dejar impune un crimen sin emitir ningún otro castigo; es verdad, esos temas y el asunto Radilla Pacheco, forzaron al gobierno mexicano a cambiar el derecho positivo reformando inclusive la constitución mexicana.
Con la nueva impartición de justicia reformada en el año 2011, habilitaron la ponderación del derecho por parte de los operadores de justicia dejando a un lado el positivismo de las normas, respetando la jerarquía constitucional tal como lo establece Hans Kelsel, cientifico jurídico, sin embargo eso aún no se resuelve el problema de la corrupción, la falta de imparcialidad, objetividad por factores que dañan el tejido social, como lo son el tema del narcotráfico, las muertes de género, el tráfico de “blancas” y de niños, las mafias de prostitución, y otros aspectos implicitos en aspecto de la protección de los derecho garantes tal como lo expone Luiggi Ferrajolli así como de los Derecho Humanos. Pero al menos cada vez el ciudadano obtiene más herramientas de protección conforme evoluciona la sociedad, no siendo esto algo reconfortante para quienes han sufrido de violaciones en el pasado.
