Los acuerdos o tratados comerciales entre dos o más países son el resultado de negociar reducciones a los aranceles y eliminación de algunas restricciones de otro tipo para los productos importados, desde el o los otros países miembros, con la obvia finalidad de aumentar su comercio y para beneficio mutuo.
Durante las pasadas siete décadas, prácticamente todos los países han suscrito ese tipo de acuerdos con diferentes grados de profundidad y amplitud, desde las zonas de preferencias arancelarias, los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras, hasta la integración económica. En todos los casos los países realizan cesiones limitadas de soberanía.
El acuerdo de la Unión Europea (28) o el Nafta de América del Norte son dos ejemplos, el primero de integración económica y el segundo de libre comercio clásico, donde las economías realizan concesiones recíprocas pactadas por escrito en el acuerdo o tratado respectivo.
El nuevo arreglo que negociaron Canadá, Estados Unidos y México aspiraba a ser un acuerdo de libre comercio, pero luego de que fue analizado durante meses en la Cámara de Representantes de EUA, como parte del proceso de ratificación, se agregaron nuevos textos con condiciones que no fueron objeto de negociación anterior ni formaban parte del texto suscrito en 2018 por los líderes de los tres países.
Las características de esos compromisos materializan un cambio de fondo al acuerdo mismo, de un libre comercio a un comercio administrado, con el agravante de que el administrador será Estados Unidos quien vigilará su cumplimiento. En caso de no honrar esas nuevas condiciones que México aceptó, se podrían imponer sanciones.
La decisión aprobada en la cámara de representantes en Washington implica que para que se haga efectivo el cumplimiento de lo que establecen los textos adicionales, Estados Unidos nombrará a funcionarios laborales adscritos a su embajada en México, quienes tendrán la responsabilidad de visitar las instalaciones de empresas y organizaciones mexicanas exportadoras para certificar que no haya incumplimiento.
En realidad esos inspectores americanos se superpondrán a los inspectores mexicanos que prevé el Capítulo V Inspección del trabajo que detallan los artículos 540-550 de la nueva Ley Federal del Trabajo de 2019. Es interesante señalar que la fracción I del artículo 546 establece como requisito para ser inspector “Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos”. 1
El gobierno de México y el senado de la república pueden llamarle como prefieran y desviar la importancia de esa vigilancia, pero ello no elimina la semejanza de este tipo de disposiciones en las colonias y protectorados de los países desarrollados quienes tenían ese tipo de esquemas el siglo pasado. Inglaterra lo llamaba las Preferencias Imperiales2.
La Unión Europea estableció igualmente un sistema semejante de comercio (Cotonou) administrado, en favor de los países africanos, caribeños (excepto Cuba) y del Pacífico (ACP). Su objetivo era la reducción y “eventual” erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable. En adendum posteriores se revisaron sus fines para incluir también la lucha contra la impunidad y la promoción de la justicia penal a través de la Corte Penal Internacional.
Estados Unidos opera un sistema relativamente semejante de comercio administrado establecido a través del llamado Programa de Asistencia para el Ajuste de Comercio (TAA en inglés), que es la manera de reducir el impacto negativo de las importaciones que afecten a los trabajadores, las empresas y las comunidades, que administran respectivamente las Secretarías de Trabajo, de Agricultura y de Comercio. Su lógica encaja perfectamente con el neoproteccionismo del presidente 45. La Ley de Reautorización de la Asistencia para el Ajuste Comercial de 2015 confirmó y modificó las disposiciones clave de la Ley el 29 de junio de 2015, recuperando numerosas disposiciones de las Enmiendas de 2011.
El nuevo tratado de que debía ser de libre comercio, que ahora sólo se llama “acuerdo” es un modelo de comercio administrado.
Tal vez por ello el propio presidente Trump lo bautizó sólo como Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA) y el presidente López Obrador lo aceptó cambiando el orden de los países como Tratado México Estados Unidos, Canadá (TMEC).
La razón principal por la cual los diputados americanos condicionaron la aprobación de ese nuevo instrumento, fue que se incluyeran las inspecciones de los agregados laborales estadunidenses, que atiende las exigencias de diversos grupos de interés amparadas en el TAA. Es el caso de la condición impuesta sobre el cumplimiento del compromiso en el sector laboral, promovida por los sindicatos (AFLCIO). En las consultas en la cámara de representantes, lograron imponer una supervisión y vigilancia del cumplimiento efectivo, mediante el nombramiento de agregados de trabajo adscritos a la embajada americana que realizarán esa certificación. Es el enforcement que con tanta insistencia mencionó la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi. Serán de ese modo los vigilantes de los inspectores mexicanos.
Con esas medidas obligatorias en el anexo al Acuerdo, se espera borrar para siempre la falta de democracia sindical, la elevación de los salarios de los trabajadores y, la equiparación de salarios entre México, Canadá y EUA, en algunas industrias como la automotriz o la aeroespacial.
Trágicamente los impulsores del cumplimiento efectivo de esas mejoras en favor de los trabajadores tuvieron que venir de los Estados Unidos con apoyo canadiense. México ya había aprobado en 2019 las modificaciones a la ley del trabajo, que ahora parece que sí se cumplirán bajo la vigilancia y administración de EUA.
Muchas empresas nacionales y extranjeras que han invertido en México lo han hecho atraídas por los bajos salarios, lo que les permite altas utilidades, pero generalmente no mejoran la productividad del trabajo ni capacitan a su fuerza laboral y la competitividad general de la industria y el país.
Y también explica la gran aceptación y beneplácito del sector público y privado en Estados Unidos por el contenido adicional del acuerdo aceptado por México.
Ese comercio administrado afectará no solo el intercambio sino que contaminará otras áreas. Yeso ya sucedió con la amenaza de aranceles si no se sigue una política migratoria de parte de México en las fronteras norte y sur; la latente amenaza de declarar terrorismo al crimen organizado en nuestro país y, ahora, los inspectores laborales.
Tendremos que esperar un tiempo para conocer la reacción de la inversión, tanto nacional como la extranjera directa cuando las utilidades en sus proyectos de fabricación en México se prefieran otras economías en desarrollo también con mano de obra barata.
1.- Ley Federal del trabajo. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Mayo 1 de 2019 con modificaciones hasta el 31 de diciembre de 2019
2.- Fueron convenios aduaneros en la Conferencia Económica Imperial de 1932, por medio de los cuales se estableció un sistema de preferencias comerciales entre los países de la Comunidad Británica, consistentes en que sólo determinados productos provenientes de los distintas colonias de esa Comunidad, “quedaban exentos de impuestos en la Gran Bretaña. Además preveía la asignación de contratos públicos, subsidios indirectos al transporte marítimo y acceso preferencia al mercado de capitales de la metrópolis.”
