A propósito de la detención de Juan Collado y de su vinculación a proceso, confieso que me encuentro sorprendido pero esta vez cauto; ya hemos pasado en semanas anteriores por episodios similares sobre todo con Emilio Lozoya y la verdad es que no ha terminado de materializarse el episodio jurídico. Tal vez sean los tiempos propio del derecho, eso seguro lo saben bien mis amigos abogados, o tal vez sea que son solo bombazos mediáticos que se suceden uno tras otro para mantener la atención y la añoranza de la justicia que en este país no se conoce, o al menos no la de esa índole.
No deja de sorprenderme la red tan compleja y poderosa de influencia que pudo materializarse alrededor de estos actores, ya manifestaba yo en alguna otra ocasión que era el signo distintivo de ese periodo que han llamado neoliberal. Y es que este, en torno a las influencias y las protecciones se han construido imperios económicos que, en verdad, si no les sorprende es que estamos perdiendo la guía de los lineamientos éticos.
Así en medio de todo el ruido descalificador, crítico, agorero de desgracias venideras y de insufribles “opinocratas” desconcertados y tambaleantes, se han venido descubriendo infinidad de corruptelas que prácticamente involucran a un grupo ya identificado de actores que se mantienen señalados pero libres. Todos bajo los auspicios de una muy mal entendida posición políticamente correcta, que se parece mas a un eufemismo y que pretende disimular lo timorato que puede ser nuestro aparato jurídico, cuando se trata de llevar ante la justicia a estos privilegiados que dan cuenta de la versatilidad delictiva, que al día de hoy sigue siendo de dimensiones insospechadas.
A la espera de la materialización de la justicia, que en este contexto se ha vuelto una situación idílica en un país lacerado por la impunidad y la corrupción, habrá que mantenerse atentos, informados y a la expectativa de poder conocer la verdad tras todo ese ruido, sin perder de vista el proceso jurídico que involucra a funcionarios públicos y hasta al ex presidente Enrique Peña Nieto.
Nada así se ha visto en este país, bueno al menos no de forma jurídica porque por la vía revolucionaria mas de una cabeza cayo según la coyuntura política y el contexto, pero en la época moderna, aplicar la ley y restituir el imperio de la justicia, ocupa de instituciones robustas y eficientes, pareciera que el signo del actual gobierno es diferente ante esta necesidad, aunque por otra parte también da vistos de que el ejercicio de la política en esta administración corre a cargo del Estado y no de las castas empresariales de abolengo.
Aun así, como lo mencione en un principio la cautela es una buena elección, tal vez la demora del esclarecimiento y la resolución de este episodio se deba, en el mejor de los casos a los tiempos jurídicos que marca la ley, sin embargo, siempre queda la incertidumbre de un acuerdo político que asegure la impunidad como moneda de cambio para futuras coyunturas. De lo contrario, considero que aplicar la ley como la misma lo establece para estos casos, con independencia del estrato y nivel social de los implicados, sería una muestra de efectividad institucional, además de que significaría un golpe mediático impresionante que les aseguro dejaría sin voz a mas de uno de esos opinocratas tambaleantes.
Y no, no sé de por sentado mi filiación política por lo aquí vertido, porque el ejercicio de la justicia no obedece a banderas sino a la justicia misma, y no solo le vendría bien al titular del ejecutivo y a su partido, sino que significaría un gran logro para las instituciones sin olvidar que el más beneficiado de todos, seria nuestro país.
